Dimisi¨®n a tiempo

La dimisi¨®n, ayer, forzada o voluntaria, del reci¨¦n nombrado presidente del Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO), Alejando Pedr¨®s, responde a elementales exigencias de sensatez y de coherencia en la vida pol¨ªtica e institucional. Era pol¨ªticamente impresentable, tanto desde el punto de vista ¨¦tico como est¨¦tico, que un acusado de fraude a la Hacienda p¨²blica estuviera al frente de la m¨¢s alta instituci¨®n financiera del Estado. Fue una ligereza imperdonable nombrarle para un cargo de tanta relevancia con semejante desconocimiento de su trayectoria profesional. Pero, una vez cometido el error, hay que elogiar la rapidez en la correcci¨®n por parte del ministro de Econom¨ªa y Hacienda.Durante las horas inmediatas a la publicaci¨®n por este diario de que el nuevo presidente del ICO estaba imputado en un proceso penal incoado por Hacienda, el afectado dijo primero que desconoc¨ªa tal cosa y se aferr¨® luego a la presunci¨®n de inocencia para justificar su derecho a no renunciar al cargo p¨²blico para el que hab¨ªa sido nombrado. De nuevo, como en otros casos, el derecho a la presunci¨®n de inocencia, que tiene su raz¨®n de ser en el proceso, se enarbola como arma de inocencia pol¨ªtica. Pero salta a la vista que, de haberse conocido la existencia de una acusaci¨®n penal, no se hubiera producido el nombramiento. Alguien con autoridad para ello ha debido convencer a toda prisa a Pedr¨®s de que su posici¨®n era insostenible y que no ten¨ªa otra salida que la dimisi¨®n.

No es la primera vez que personas con trayectorias profesionales discutibles llegan a cargos importantes. El caso de Luis Rold¨¢n, que se invent¨® un completo y falso curr¨ªculo acad¨¦mico, es el m¨¢s significativo, pero no el ¨²nico. Como en el caso del ex director general de la Guardia Civil, cabe pensar que ni el Gobierno ni su portavoz conoc¨ªan el sumario en el que est¨¢ acusado Pedr¨®s. Resulta impensable que, de haberlo sabido, Piqu¨¦ elogiara los "suficientes m¨¦ritos propios" de su antiguo profesor de Hacienda P¨²blica, como lo hizo el viernes al anunciar su nombramiento por el Consejo del Ministros. Pero desconocer un sumario instruido a petici¨®n de Hacienda, a quien representa un abogado del Estado en el procedimiento judicial, es en s¨ª mismo un grave error. Lo m¨¢s ben¨¦volo que puede decirse en este caso es que el Gabinete ha estado en Babia. Y eso tiene un alto coste en pol¨ªtica.