El fin del silencio

He tardado casi tres a?os en escribir este art¨ªculo. Y no porque no supiera qu¨¦ decir o por falta de tiempo -de todas formas siempre escaso- sino porque esperaba la oportunidad adecuada para hacerlo: el momento en que los verdaderos culpables del llamado caso Sogecable -el caso que nunca existi¨®- fueran juzgados y condenados. Aun as¨ª, todav¨ªa el viernes pasado, despu¨¦s de conocida la expulsi¨®n de la carrera del un d¨ªa magistrado G¨®mez de Lia?o, padec¨ªa muchas dudas sobre la conveniencia de su publicaci¨®n. Pero todas se disiparon con la contemplaci¨®n de los telediarios oficiales y progubernamentales, la escucha de la radio episcopal y la lectura -ayer- de los diarios de la derecha. Jes¨²s Polanco y yo, como todos los dem¨¢s injustamente acusados por el juez ahora expulsado, hemos guardado un escrupuloso silencio durante el tiempo que dur¨® la miserable instrucci¨®n contra nosotros y el que se tom¨® para procesar, juzgar y condenar a Lia?o. Las ¨²nicas declaraciones al respecto las hemos prestado ante los tribunales, y creo que la sobriedad de este comportamiento contrasta abiertamente con la ruidosa orquestaci¨®n medi¨¢tica que ha acompa?ado siempre al juez y a su fiscal, cuya vanidad es desde luego mucho mayor que sus capacidades profesionales. Por lo mismo, pienso que los lectores de EL PA?S merecen ahora algunas explicaciones, que desde hace meses demandaban.Aunque son muchos los aspectos de esta truculenta historia montada por el maridaje del poder pol¨ªtico, un pu?ado de conspiradores de opereta, periodistas venales y un juez encaprichado de s¨ª mismo, me limitar¨¦ hoy a comentar tres puntos que me parecen de inter¨¦s, dejando para mejor momento el an¨¢lisis de otras cuestiones, incluida la actitud del gobierno: el fondo del caso Sogecable en s¨ª, el papel jugado por los medios de comunicaci¨®n y la importancia de la sentencia dictada el viernes para la necesaria implantaci¨®n de un sistema que castigue la irresponsabilidad de los jueces.

La Sala Segunda del Supremo acaba de dictaminar que no s¨®lo no se cerr¨® en falso el caso Sogecable, contra el criterio tantas veces expresado por el ex-juez Lia?o y sus corifeos, sino que "la causa, en realidad, se abri¨® en falso, pues no otra cosa cabe decir respecto de un caso en el que se persiguieron unos hechos como apropiaci¨®n indebida sin contar con ning¨²n damnificado y luego de desaparecido el peligro de que lo hubiera". La realidad es, pues, que nunca hubo caso Sogecable, ni indicio positivo del mismo, salvo en la malevolencia del juez, al que no faltaron ayudas de sus amigos, de los que por lo visto todav¨ªa no ha aprendido a defenderse convenientemente. Eso no impidi¨® que los consejeros de administraci¨®n de la empresa fu¨¦ramos tildados de estafadores y falsarios, no s¨®lo por los compinches del instructor sino por los portavoces del Partido Popular, varios de cuyos diputados declararon, con arrogancia tan est¨²pida como ignorante, que lo que ten¨ªamos que hacer era dejar de protestar por nuestra indefensi¨®n y decir d¨®nde hab¨ªamos puesto los veintidos mil millones de los descodificadores. Todo el mundo -incluidos nuestros acusadores y los vociferantes del partido en el gobierno- sab¨ªa que el dinero de los descodificadores estaba en los propios aparatos, y los m¨¢s de doscientos mil abonados de Canal Plus que hasta la fecha hab¨ªan solicitado la devoluci¨®n de su fianza, una vez que se dieron de baja en el servicio, la recibieron sin problema alguno. No hac¨ªamos con el dinero de los dep¨®sitos nada que no se hiciera, y se siga haciendo, en todas las televisiones de pago del mundo. Es m¨¢s, est¨¢bamos tan seguros de lo correcto de nuestra actuaci¨®n que en ning¨²n momento, durante el a?o largo que dur¨® la instrucci¨®n del proceso, cambiamos de proceder ni de sistema de contabilidad que, hoy en d¨ªa, sigue siendo en Sogecable el mismo por el que se nos someti¨® a las vejaciones ya conocidas y se nos pretendi¨® meter en la c¨¢rcel. Pero el acoso a la empresa y a sus administradores fue formidable. A algunos nos limitaron la libertad de movimientos, sin raz¨®n alguna ni posibilidad de ser o¨ªdos, a otros se les impusieron obligaciones m¨¢s severas y a nuestro presidente una fianza de doscientos millones de pesetas para evitar la prisi¨®n. Y eso, cuando ya los informes de la secretar¨ªa t¨¦cnica del Fiscal general del Estado y los de los peritos judiciales de Hacienda hab¨ªan puesto de relieve la inexistencia del delito. La instrucci¨®n dolosa e ilegal del juez permiti¨® desatar una campa?a de desprestigio que amenazaba seriamente a la estabilidad de la empresa, en beneficio de los competidores afines al gobierno, y pon¨ªa en entredicho la credibilidad de personas tan ligadas a la fundaci¨®n y ejecutoria de este peri¨®dico como Jes¨²s Polanco o yo mismo. Est¨¢bamos acostumbrados a que nos tildaran de rojos, de arrogantes, de ateos, de prepotentes o de sat¨¢nicos. Fue la primera vez que se quiso transmitir a la sociedad espa?ola la idea de que, tambi¨¦n, ¨¦ramos ladrones.

Nada de lo que pas¨®, y de lo que a¨²n ha de pasar sin duda, puede entenderse sin el especial¨ªsimo papel que han jugado los medios de comunicaci¨®n en esta historia. Por una parte, porque los imputados ¨¦ramos responsables del mayor grupo de ese sector en nuestro pa¨ªs. Por otra, porque todo el proceso se puso en marcha desde las p¨¢ginas de los peri¨®dicos: el propio denunciante era el director de una revista de la ultraderecha y colaborador a diario del m¨¢s conspicuo portavoz de los intereses y opiniones de la Moncloa. No me llama la atenci¨®n el cinismo pazguato de quienes ahora se empe?an en decir que se ha producido un linchamiento de Lia?o desde los medios ligados a nuestro grupo, cuando precisamente fueron ellos quienes pusieron en marcha la m¨¢quina de picar carne, y todav¨ªa no la han desenchufado. Ah¨ª est¨¢n las hemerotecas y los archivos que pueden dar pruebas -incluso al peso- del n¨²mero de art¨ªculos, v¨ªdeos, y cintas magnetof¨®nicas dedicados con sospechosa coordinaci¨®n a denigrarnos a los imputados, a nuestras empresas, nuestras familias y a todo el que por activa o pasiva se acercara a nosotros. V¨ªctimas singulares y propiciatorias de su descarnado y virulento odio han sido, antes y despu¨¦s del juicio, los magistrados que han tenido el coraje y la decencia de condenar a G¨®mez de Lia?o, sometidos a toda clase de presiones, amenazas y vituperaciones en el mejor estilo de la dial¨¦ctica de los pu?os y las pistolas, que amamanta el ingenio de quienes apadrinaron, desde el primer d¨ªa, el caso. Las televisiones controladas por el gobierno (la oficial TVE y la ultraoficial Antena 3) y la emisora propiedad de la Iglesia (Cope) se han distinguido por dar tribuna a la vesania, el insulto y la calumnia. La imagen de Jes¨²s Polanco, haciendo el pase¨ªllo que la fiscal M¨¢rquez de Prado se hab¨ªa propuesto escenificar en las escaleras de la Audiencia, se vio multiplicada hasta la saciedad en bloques informativos sobre la corrupci¨®n, en medio de reportajes sobre delincuentes reconocidos como Conde, Rold¨¢n o De la Rosa, e incluso arropado por informaciones sobre narcotraficantes o contrabando de armas. Para verg¨¹enza y sonrojo de los profesionales que prestaron su colaboraci¨®n a la infamia, el director general de RTVE es hoy el que lo era de Sogecable, la sociedad en la que se habr¨ªan cometido las horr¨ªsonas corrupciones, las nefandas estafas y falsedades de las que ¨¦ramos acusados. No tienen m¨¢s que llamar a su puerta y preguntarle si efectivamente hab¨ªa una sola gota de verdad en todo aquello que la televisi¨®n oficial contaba y ha seguido contando despu¨¦s, proporcionando generosa tribuna a G¨®mez de Lia?o, los fiscales Gordillo y M¨¢rquez de Prado y a algunos otros c¨®mplices de su fechor¨ªa. Hay quien cree que este desproporcionado protagonismo de los medios en el asunto, y en toda la llamada guerra digital, se deb¨ªa a un problema de celos o rivalidades entre periodistas o empresas period¨ªsticas. Eso es una versi¨®n muy parcial de los hechos, al margen de que nunca falten los aficionados que se empe?an en drenar sus rabias o vengar sus celos a base de psicoanalizarse a s¨ª mismos en las columnas de opini¨®n. A lo que entonces asistimos, y parece reverdecer ahora, fue a la agresi¨®n formidable del poder contra los medios que no le parec¨ªan obedientes o no satisfac¨ªan su ego, a una lucha cainita por la ocupaci¨®n perdurable de ese mismo poder, y a un desprecio preocupante por los m¨¦todos y formas utilizados en su conquista. Criminalizando a los fundadores de EL PA?S, se estigmatizaba de paso al propio peri¨®dico, se desprestigiaban sus posiciones cr¨ªticas y se continuaba demoliendo, como en tantos otros escenarios, los valores del consenso y pacto que hicieron posible la transici¨®n pol¨ªtica, el di¨¢logo y la democracia en Espa?a. Hab¨ªa llegado la hora del ordeno y mando, de aprender a distinguir entre buenos y malos.

Ya habr¨¢ ocasi¨®n de ahondar en estos aspectos, quiz¨¢ los m¨¢s preocupantes de la historia, pero prefiero hoy comentar un punto de la sentencia, que es un documento extraordinariamente importante para enfocar la reforma de la justicia, por el que los jueces Garc¨ªa Ancos y Bacigalupo merecen el aplauso y el agradecimiento de todos los dem¨®cratas, al margen de la peripecia alocada de G¨®mez de Lia?o. Me refiero a la doctrina que la Sala Segunda del Supremo sienta ahora respecto a la prevaricaci¨®n y que propiciar¨¢ que jueces y magistrados se muestren m¨¢s prudentes y respetuosos con la aplicaci¨®n de la ley de lo que muchas veces se manifiesta. La objetivaci¨®n de dicho delito, frente a un subjetivismo extremo expresado en las palabras del propio Lia?o cuando dice que su conciencia est¨¢ tranquila y se erige en inquisidor de las de los dem¨¢s, permitir¨¢ en adelante que los abusos de poder realizados al albur de un mal entendimiento de la independencia judicial puedan ser corregidos eficazmente por la propia Administraci¨®n de Justicia. El Alto Tribunal ha establecido con rotundidad que "el juez no puede erigir su voluntad o su convicci¨®n en ley. Tal tarea s¨®lo corresponde al Parlamento". Antes hab¨ªa se?alado ya que "la jurisprudencia de esta Sala ha establecido en m¨²ltiples ocasiones que el delito de prevaricaci¨®n no consiste en la lesi¨®n de bienes jur¨ªdicos individuales (...) sino en la postergaci¨®n por el autor de la validez del derecho o de su imperio y, por lo tanto, en la vulneraci¨®n del Estado de derecho". Y los juzgadores concluyen que las "decisiones basadas en la propia convicci¨®n empecinada del Juez, sin fundamento racional en la ley, son incompatibles con el Estado democr¨¢tico del derecho". Contra la interesada y demag¨®gica versi¨®n de que Polanco o Prisa han vencido a Lia?o, lo que en un futuro prevalecer¨¢ de esta sentencia, y para bien de todos, es una interpretaci¨®n precisa del tipo penal de la prevaricaci¨®n, que permitir¨¢ a los ciudadanos sentirse m¨¢s seguros de la imparcialidad de los tribunales. Lia?o ha sido condenado no porque perjudicara los intereses de nadie -que lo hizo- sino porque llev¨® a cabo "una instrucci¨®n en forma contraria al derecho y sin sujeci¨®n a la ley vigente o a los principios que la informan". Ah¨ª reside la gravedad de su acto y de ah¨ª se deriva la expulsi¨®n de la carrera, del todo punto necesaria pues era preciso garantizar que un juez prevaricador -como dice la sentencia- iluminado, empecinado y desobediente -como proclama incluso quien pretend¨ªa su absoluci¨®n- no volviera a entender de ning¨²n otro caso. Y no debe hacerlo, salvo da?o irreparable para la sociedad y tremendo desprestigio para la Justicia, ni aun si se le aplican medidas humanitarias como las que se demandan para Pinochet.