El fiscal dice que la Caja de Cr¨¦dito de Alcoy "maquill¨®" sus balances

La Fiscal¨ªa asegur¨® ayer que los rectores de la Caja de Cr¨¦dito de Alcoy "maquillaron" sus balances para reflejar que sus activos eran superiores a los pasivos. De acuerdo a esta teor¨ªa, el fiscal solicit¨® al tribunal de la secci¨®n quinta de la Audiencia Provincial de Alicante que ratifique la sentencia de un juzgado de Alcoy que decret¨® que la quiebra de la entidad fue fraudulenta. El abogado de los afectados (1.600 impositores) asegur¨® que si se consolida esta tesis, recurrir¨¢n tambi¨¦n a la v¨ªa penal.

La secci¨®n quinta de la Audiencia Provincial de Alicante vio ayer el recurso de apelaci¨®n presentado por los rectores de la Caja de Cr¨¦dito de Alcoy contra la sentencia del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de esta localidad, que el 30 de julio de 1998 decret¨® que la quiebra de la entidad fue fraudulenta. El juzgado bas¨® el fallo b¨¢sicamente en dos argumentos: el anticipo de pagos en perjuicio de terceros, d¨ªas antes de la suspensi¨®n de pagos (en julio de 1993) y el abuso de cr¨¦ditos a personas sin las debidas garant¨ªas y de manera arbitraria.En la vista del recurso de apelaci¨®n, el fiscal incidi¨® en los argumentos del juzgado de Alcoy para solicitar a la sala que ratifique la sentencia del primer tribunal. A juicio del fiscal, hay dos datos que corroboran la quiebra fraudulenta: de un lado, el abuso de cr¨¦ditos a personas vinculadas con la direcci¨®n de la caja (hijo, hermana y cu?ada del director) y el pago de anticipos en perjucio de los impositores. "Todo ello", dijo el fiscal, "hace que la quiebra exceda de la mera negligencia para pasar a ser una actuaci¨®n fraudulenta".

Mientras, Moises Vicens, abogado de los afectados, abund¨® en las tesis del ministerio p¨²blico y acus¨® a los rectores de la Caja de Alcoy "de manipular los libros de cuentas y balances de manera ficticia". Vicens asegur¨® que, a pesar de que el fallo de la Audiencia no prejuzgar¨¢ posibles acciones penales de los acreedores contra los directivos de la caja, s¨ª que "ayudar¨¢ a consolidar est¨¢ posici¨®n, si en un futuro decidimos recurrir a esta v¨ªa". En la actualidad, los 1.600 peque?os impositores afectados por la quiebra tienen pendiente todav¨ªa el cobro de 700 millones de pesetas. En su d¨ªa y a trav¨¦s del Instituto Valenciano de Finanzas, lograron recuperar 200 millones.

Por su parte, Alfonso Garc¨ªa, abogado de la Caja, mantuvo que la quiebra fue fortuita y adem¨¢s pidi¨® la nulidad de las actuaciones del juzgado de Alcoy por indefensi¨®n y por entender que la sentencia se basa exclusivamente en el informe del comisario de la quiebra, a su juicio, "imparcial y no objetivo". El fiscal y el abogado de los afectados rechazaron esta petici¨®n de nulidad.