El PP apoya a Cardenal en su intento de no dar cuenta al Congreso respecto a Pinochet y Lia?o

El PP apoy¨® ayer al fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, en la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso, para impedir el control pol¨ªtico pretendido por PSOE y Nueva Izquierda (NI) respecto a su actuaci¨®n en los casos de Pinochet y Lia?o. Los diputados del PP Julio Padilla, presidente de la comisi¨®n, y Andr¨¦s Ollero, portavoz, invocaron los precedentes de anteriores fiscales del Estado, a lo que el socialista ?lvaro Cuesta respondi¨® recordando c¨®mo en 1990 la entonces oposici¨®n exigi¨® cuentas pol¨ªticas al fiscal general Leopoldo Torres por el caso Naseiro, sobre supuesta corrupci¨®n del PP.

La segunda y ¨²ltima jornada de la comparecencia parlamentaria de Cardenal estuvo en gran parte dedicada a discutir si la comparecencia del fiscal general del Estado ante la comisi¨®n es un acto de mera informaci¨®n o, por el contrario, de control pol¨ªtico a cargo del Congreso.En su respuesta al grupo socialista, Cardenal trat¨® de explicar la omisi¨®n en la Memoria de la fiscal¨ªa de toda referencia a los casos referidos al ex dictador chileno Augusto Pinochet y al ex juez condenado por el Tribunal Supremo por prevaricaci¨®n continuada, Javier G¨®mez de Lia?o.

El PSOE y NI reiteraron su petici¨®n de dimisi¨®n a Cardenal por su actuaci¨®n en esos dos casos. Respecto al primero dijo que se encuentra sub judice y aleg¨® que tampoco se menciona el caso Banesto y que al caso Marey, "el de mayor relevancia pol¨ªtica", s¨®lo se le dedican cinco l¨ªneas "y ni siquiera se citan los nombres de los condenados". En cuanto al caso Lia?o, se ampar¨® en que el presidente de la comisi¨®n hab¨ªa estimado que no era objeto de la comparecencia.

El portavoz socialista Juan Alberto Belloch record¨® al presidente que hizo tal observaci¨®n respecto al caso Pinochet, pero no sobre el caso Lia?o. Padilla intervino entonces para explicar que, reglamentariamente, la comparecencia del fiscal general "no es un acto de control pol¨ªtico, sino de informaci¨®n", e invoc¨® un amplio informe de los servicios de la C¨¢mara en apoyo de esta interpretaci¨®n, as¨ª como el precedente de otras legislaturas anteriores.

Padilla admiti¨® que cualquier asunto pudiera utilizarse "como elemento dial¨¦ctico, pero sin realizar un an¨¢lisis profundo del mismo". Record¨® que la comparecencia versaba sobre la Memoria. Belloch insisti¨® entonces en la omisi¨®n del caso Lia?o en la Memoria. Finalmente Cardenal explic¨®: "No he omitido nada intencionadamente. El fiscal jefe del Tribunal Supremo no hizo ninguna observaci¨®n sobre ese asunto y por eso no se ha incluido en la Memoria".

"Hacer pol¨ªtica"

El portavoz de Nueva Izquierda (NI), Diego L¨®pez Garrido, se opuso a que la comparecencia del fiscal del Estado "no sea de control pol¨ªtico, sino s¨®lo informativa, aunque apoyen ese criterio juristas eminentes". Explic¨® que la funci¨®n del Parlamento es velar por los ciudadanos y, por lo tanto, en este caso, comprobar si lo que hace el fiscal del Estado es acorde con su funci¨®n constitucional. Reconoci¨® que el Parlamento no puede derribar al fiscal del Estado, pero no puede renunciar a "hacer pol¨ªtica, en el sentido m¨¢s noble de esta palabra".

L¨®pez Garrido acus¨® al presidente de la comisi¨®n de "intentar yugular el debate para que el fiscal no hable de su actuaci¨®n respecto a Pinochet y G¨®mez de Lia?o" y afirm¨® que el silencio de Cardenal "sobre por qu¨¦ apoy¨® a los fiscales en uno y otro caso es tambi¨¦n una posici¨®n pol¨ªtica".

Respecto a la invocaci¨®n por Cardenal del secreto del sumario,el diputado de NI razon¨®: "No le pedimos que desvele el contenido del sumario, sino que le preguntamos sobre la actitud de la fiscal¨ªa para que Pinochet no sea juzgado en Espa?a y en colaboraci¨®n con un juez condenado por prevaricaci¨®n". Esas actuaciones forman parte de "la pol¨ªtica criminal de la fiscal¨ªa, sobre la que tenemos derecho a opinar y por las que le pedimos que dimita", agreg¨®.

Por IU, Pablo Castellano estuvo de acuerdo con que se pidan cuentas pol¨ªticas al fiscal general, por ser nombrado y destituido por el Gobierno. Record¨® que igual criterio aplic¨® su grupo a los fiscales designados por los gobiernos socialistas Eligio Hern¨¢ndez, Leopoldo Torres y Carlos Granados, y se opuso a "aplicar una doble vara de medir".

?lvaro Cuesta contest¨® a la invocaci¨®n de los precedentes realizada por el PP e IU recordando que en 1990 la oposici¨®n de entonces pidi¨® cuentas a Leopoldo Torres por su investigaci¨®n del caso Naseiro "y nadie se rasg¨® las vestiduras". "Que nadie se las rasgue ahora porque pidamos la responsabilidad pol¨ªtica de este fiscal general".

Cuesta se refer¨ªa a la comparecencia de Torres ante la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso el 9 de mayo de 1990, en la que el entonces secretario general del PP, Francisco ?lvarez Cascos, le acus¨® de ser "un fiscal particular del Gobierno que, en algunos casos, ha llegado a actuar como abogado particular de su antiguo partido".

El orden constitucional

El diputado socialista estim¨® plenamente relacionados con la comparecencia del fiscal general los casos de Pinochet y de Lia?o. "Porque hablamos de la defensa del orden constitucional". Reproch¨® a Cardenal que ahora invoque el secreto sumarial para hablar del caso Pinochet cuando en una revista critic¨® al instructor. Respecto al caso Lia?o record¨® que Cardenal "fue nombrado cuando el anterior fiscal general [Juan Ortiz ?rculo] se neg¨® a respaldar a los fiscales en la estrategia del Gobierno contra un medio de comunicaci¨®n, incluido el prop¨®sito de encarcelar a sus dirigentes". "Usted fue nombrado", dijo Cuesta a Cardenal, "para cambiar la estrategia de la fiscal¨ªa y para poder usar su respaldo como coartada de la no prevaricaci¨®n del juez G¨®mez de Lia?o". Cuesta relacion¨® esa actuaci¨®n con el papel del Ministerio Fiscal y acus¨® a Cardenal de "no haber defendido el orden constitucional al respaldar a Lia?o, que restringi¨® sin fundamento derechos fundamentales de la persona".

Ollero (PP) insisti¨® en que el fiscal general no debe sometese a "control parlamentario en sentido estricto" y record¨® que el Gobierno socialista mantuvo a Eligio Hern¨¢ndez, pese a la ilegalidad de su nombramiento, seg¨²n fall¨® el Supremo.