El Congreso convalida el decreto-ley de firma electr¨®nica, pese a las denuncias del PSOE

La ex secretaria de Estado de Justicia, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, lanz¨® ayer serias advertencias contra el decreto-ley que regula la firma electr¨®nica. Dijo que puede ser inconstitucional; que se dicta antes de que la Comisi¨®n Europea haya determinado su posici¨®n en este asunto; y que permite s¨®lo a grandes operadores que act¨²en como fedatarios de la firma por Internet, al exigir a las entidades que presten ese servicio una fianza m¨ªnima de 1.000 millones de pesetas. Pero el decreto-ley fue convalidado por el pleno del Congreso, al votar a favor del mismo PP, CiU, Coalici¨®n Canaria y PNV.

Una vez dictado por el Consejo de Ministros del 17 de septiembre pasado, faltaba la convalidaci¨®n por el Congreso de los Diputados para que el decreto-ley cumpliera con las formalidades previas a su aplicaci¨®n. Esto fue el tr¨¢mite realizado ayer. El decreto-ley en cuesti¨®n reconoce a entidades p¨²blicas y privadas la capacidad de certificar la firma electr¨®nica para usarla en el tr¨¢fico de datos v¨ªa Internet. La norma no regula el comercio electr¨®nico, sino, exclusivamente, las condiciones para reconocer eficacia jur¨ªdica a la firma electr¨®nica y la creaci¨®n de un registro en el Ministerio de Justicia para inscribir a los que deseen prestar el servicio de reconocimiento de aquella. A la firma electr¨®nica se le atribuye incluso el valor de prueba judicial.

El Grupo Socialista y Nueva Izquierda (NI) votaron en contra de la norma, que juzgan "inconstitucional" por no estar justificada la urgencia con que se ha dictado. Izquierda Unida se abstuvo. Pero los dem¨¢s grupos optaron por apoyar la convalidaci¨®n, que recibi¨® as¨ª los apoyos de PP, CiU, PNV y Coalici¨®n Canaria.El portavoz de CiU, Ignaci Guardans, insisti¨® en que este decreto-ley debe ser tramitado ahora como una ley ordinaria. Y el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, concedi¨® que debe hacerse as¨ª. Un prop¨®sito que ser¨¢ papel mojado para esta legislatura, salvo que se hiciera por procedimiento de urgencia. Mientras, el decreto-ley est¨¢ en vigor.

La urgencia, precisamente, fue una de las alegaciones fundamentales de Arias-Salgado para defender la norma convalidada ayer. El ministro asegur¨® que la urgencia deriva de la importancia que el comercio electr¨®nico va a adquirir en los pr¨®ximos a?os, as¨ª como el creciente volumen de actos administrativos que podr¨¢n hacerse por medio de Internet. Describi¨® como "conservadores" a los grupos opuestos al decreto-ley y les recomend¨® que no se emp¨¦?en en encorsetar Internet con normas "propias del siglo XIX".

Para la portavoz socialista en este debate, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, el decreto-ley es una norma inconstitucional; tanto porque no est¨¢ acreditada su urgencia -el art¨ªculo 86 de la Constituci¨®n reserva el decreto-ley a casos de "extraordinaria y urgente necesidad"-, como porque crea una tasa nueva, que es la que el ciudadano habr¨¢ de pagar a la entidad que le certifique su firma electr¨®nica.

Fern¨¢ndez de la Vega consider¨® "imprudente" regular este asunto antes de que est¨¦n aprobadas las directrices europeas sobre la firma digital y el comercio electr¨®nico. Para la portavoz socialista, lo que el Gobierno intenta con esta urgencia es beneficiar a "los grandes operadores econ¨®micos", empezando "la casa por el tejado" al regular la firma electr¨®nica, "que es s¨®lo un medio para el comercio electr¨®nico, en vez de haber abordado en primer lugar las garant¨ªas de los consumidores en la realizaci¨®n de esas transacciones".

"Nadie est¨¢ en contra de que se introduzcan sistemas como ¨¦ste", precis¨® Fern¨¢ndez de la Vega, "pero no por decreto-ley".