La nota media de bachillerato tendr¨¢ m¨¢s valor que el examen en la selectividad
El Gobierno aprueba modificaciones en la prueba de acceso sin el apoyo de los rectores
Tras meses de pol¨¦mica, el Gobierno aprob¨® ayer la reforma de la selectividad, una de las m¨¢s jaleada de la legislatura. Se retoca la prueba para dar m¨¢s peso a la nota del bachillerato que a la del examen, que a partir del pr¨®ximo a?o pasar¨¢n a puntuar un 60% y un 40%, respectivamente (ahora se ponderan igual). Tambi¨¦n se da m¨¢s valor a las materias vinculadas a la especialidad de bachillerato cursada por el alumno, que valdr¨¢n un 80% en vez del 66% actual. Los rectores creen que el cambio "desprestigiar¨¢ la prueba" y alertan de las desigualdades que se dar¨¢n si algunos centros privados inflan las notas.
Los retoques aprobados ayer hab¨ªan sido aparcados por la anterior ministra de Educaci¨®n, Esperanza Aguirre, y recogen las l¨ªneas fundamentales de un dictamen elaborado hace dos a?os por una comisi¨®n del Senado. El Gobierno ha sacado adelante el proyecto a pesar de las numerosas pegas planteadas por la comunidad educativa durante el periodo de consulta iniciado hace varios meses. Educaci¨®n tiene listas otras dos relevantes reformas, la creaci¨®n del distrito ¨²nico universitario y la regulaci¨®n de unos 8.000 profesores universitarios en situaci¨®n precaria.A partir de ahora, el expediente del bachillerato se ponderar¨¢ un 60%, y el resultado de la prueba de selectividad un 40%, en la nota final del alumno (ahora punt¨²an la mitad cada uno). Otros cambios introducidos son: las materias vinculadas con la especialidad de bachillerato cursada tendr¨¢n un valor del 80% (ahora es del 66%); las 12 horas de ex¨¢menes se distribuir¨¢n en tres d¨ªas (ahora, en dos) y se podr¨¢ realizar una doble o triple correci¨®n, pero deber¨¢ ser a petici¨®n del alumno y con el riesgo de que disminuya la nota.
Los rectores opinan que estos cambios "desprestigiar¨¢n" la prueba, en palabras del presidente de la Conferencia de Rectores de Universidad Espa?olas (CRUE), Saturnino de la Plaza, aunque est¨¢n de acuerdo en que la doble o triple correcci¨®n sea a petici¨®n del alumno y no de oficio, por las dificultades de organizaci¨®n y presupuesto que supondr¨ªa generalizarla.
Los rectores pidieron que la nota m¨ªnima para aprobar se elevara de 4 a 5 con el fin de prestigiar la prueba, una petici¨®n que tambi¨¦n respaldaron asociaciones como la confederaci¨®n de padres laica CEAPA y que, sin embargo, no ha sido escuchada por el Gobierno.
"Realzar el m¨¦rito"
El ministro de Educaci¨®n, Mariano Rajoy, resalt¨® ayer que los objetivos de los cambios aprobados son "realzar el m¨¦rito y la capacidad de los estudiantes" y evitar que los alumnos "se jueguen el trabajo de muchos a?os en una prueba". Rajoy resalt¨® que en la reforma incluye que la "comisi¨®n organizadora de cada prueba vigile si hay importantes diferencias entre los resultados de bachillerato y de la prueba de un buen n¨²mero de alumnos de alg¨²n centro y los remita a las administraciones para que haga p¨²blicos los posibles casos en los que se observe que se han inflado las notas". Sin embargo, el ministro no hizo ninguna referencia a posibles sanciones a esos centros.
Los responsables de las universidades consideran "un error" que el bachillerato se pondere m¨¢s que la prueba por el riesgo de que algunos centros inflen arbitrariamente las notas. Su otra queja -que establecer un doble correci¨®n generalizada comportar¨ªa grandes costes y dificultades- ha sido escuchada por los responsables del ministerio, que han decidido hacerla optativa.
En contra de esta reforma se mantienen dirigentes educativos como el consejero andaluz, Manuel Pezzi, que se opuso hace varias semanas a que se otorgara mayor peso al bachillerato y pidi¨® sin ¨¦xito la retirada del documento. Los representantes de los sindicatos CC OO y UGT y los portavoces del PSOE, de la confederaci¨®n de padres laica CEAPA y del Sindicato de Estudiantes consideran que la reforma realizada por el Gobierno es insuficente, superficial y no soluciona problemas importantes de la prueba, como el desajuste entre oferta de titulaciones y las demandas de los alumnos.
Libre circulaci¨®n
Otra de las reformas que Rajoy ya tiene lista es el real decreto para la creaci¨®n del distrito ¨²nico universitario, de gran complejidad. El cambio consiste en que los estudiantes de una localidad podr¨¢n solicitar el ingreso en la universidad p¨²blica espa?ola que prefieran o en la que tengan m¨¢s posibilidades de estudiar su carrera preferida. Esta iniciativa, que en apariencia favorece la movilidad de los estudiantes y, de hecho, es considerada positiva por la mayor parte de la comunidad educativa, tiene el problema de que puede crear importantes desigualdades entre los alumnos que puedan costeare los estudios en otra localidad y los que no tengan recursos para ello.
Tambi¨¦n se dar¨¢ la posibilidad a los alumnos de moverse de universidad para estudiar el segundo ciclo de la carrera y de estudiar un solo a?o de su carrera en una universidad diferente a la que pertenecen.
Otro de los problemas que plantean estas iniciativa es que los alumnos de una determinada localidad y sin recursos econ¨®micos para marcharse a estudiar a otro lugar pueden quedarse sin plaza en la universidad m¨¢s cercana porque la ocupen alumnos de otras comunidades. Este argumento ha llevado en repetidas ocasiones a algunos rectores a cuestionarse la conveniencia de establecer un distrito completamente abierto y a plantear, como una posibilidad mejor, el aumento de las plazas del distrito compartido (destinadas s¨®lo a los alumnos de otras universidades). Actualmente las universidades tienen que reservar para ¨¦ste entre el 5% y el 10% de sus plazas, aunque no se cubren, generalmente por falta de solicitudes.
El Gobierno ha anunciado una partida de becas de 11.500 millones para financiar los tres tipos de movilidad que quiere aprobar, cantidad insuficiente si se hacen c¨¢lculos. Por ejemplo, habr¨¢ becas para 18.500 alumnos que quieran estudiar en una universidad de otra localidad, lo que supone el 1,2% del 1,5 millones de universitarios.
21.000 millones del Gobierno y 7.700 de las comunidades
Mariano Rajoy present¨® tambi¨¦n ayer un informe al Consejo de Ministros en el que se anunciaba otra reforma, la que modificar¨¢ mediante dos reales decretos las retribuciones y el r¨¦gimen del profesorado universitario para dar estabilidad a unos 8.000 docentes en situaci¨®n laboral precaria.Los principales cambios son la creaci¨®n de una nueva retribuci¨®n para los profesores asociados a tiempo completo que sean doctores, que se equipara a la de los titulares universitarios, y la eliminaci¨®n del l¨ªmite de contrataciones que tienen todos los profesores asociados a tiempo completo, establecida actualmente en tres a?os.
La figura de profesor asociado, recogida en la Ley de Reforma Universitaria, fue creada para permitir que los profesionales en ejercicio dieran clases en la universidad. Sin embargo, su uso se ha convertido en una forma de contrataci¨®n general.
El Gobierno financiar¨¢ estos cambios con 21.000 millones de pesetas en tres a?os y las comunidades con 7.700 (1.750 millones el primer a?o, 2.450 el segundo y 3.500 el tercero).
Transcurrido ese plazo, deber¨¢n asumir este gasto las comunidades. Pero esta ayuda tiene una condici¨®n. Seg¨²n dijo Rajoy tras el Consejo de Ministros, el Gobierno aporta esta financiaci¨®n, pero, a cambio, las universidades tendr¨¢n que ajustarse a los criterios de estabilidad de la Uni¨®n Europea (0,1% de super¨¢vit en el 2002).
El Ejecutivo sacar¨¢ los 7.000 millones que dar¨¢ el pr¨®ximo a?o del fondo de nivelaci¨®n de servicios p¨²blicos b¨¢sicos recogido en la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas, un fondo destinado en realidad a compensar a las comunidades por posibles desigualdades. El PSOE y algunas comunidades, como la andaluza, ya han mostrado su oposici¨®n a que se use esta v¨ªa.
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