Duras cr¨ªticas del Defensor del Pueblo en la C¨¢mara a la proliferaci¨®n de empresas p¨²blicas

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jos¨¦ Chamizo, alert¨® ayer sobre la pr¨¢ctica cada vez m¨¢s empleada por todas las administraciones de delegar competencias en empresas p¨²blicas que gestionan con criterios mercantilistas derechos de los ciudadanos. Como es habitual en su comparecencia anual en el pleno del Parlamento, Chamizo dio un aldabonazo sobre asuntos que no se computan en las quejas que se presentan formalmente, como los medios empleados en la lucha contra la droga o la actitud de determinados ayuntamientos con los mendigos.

Chamizo no hizo una intervenci¨®n meramente estad¨ªstica, ni se limit¨® a presentar ante el pleno el n¨²mero de quejas (4.427), su procedencia geogr¨¢fica o los asuntos m¨¢s denunciados (salud, justicia, vivienda y educaci¨®n). En su ¨²ltimo informe de esta legislatura, aunque no de su mandato, que finaliza en el 2001, el defensor advirti¨® sobre la "proliferaci¨®n de empresas p¨²blicas" en las administraciones auton¨®mica, central y local. Estas sociedades, dijo, se est¨¢n convirtiendo en una "cuesti¨®n controvertida" y "no act¨²an como entes auxiliares" sino que asumen bloques ¨ªntegros de gesti¨®n con criterios mercantiles. Chamizo no cit¨® ninguna sociedad en concreto, aunque en la mente de algunos estaban la actuaci¨®n de las empresas p¨²blicas de la vivienda. Fuera de la C¨¢mara, Chamizo apost¨® por "poner l¨ªmites a la empresa p¨²blica" y sugiri¨® a los diputados que en la pr¨®xima reforma de la ley de la administraci¨®n de la comunidad identifiquen "las funciones irreductiblemente p¨²blicas que no pueden ser prestadas bajo f¨®rmulas de derecho privado, a la vez que quede perfectamente determinado el r¨¦gimen jur¨ªdico" de estas empresas".

Otro asunto sobre el que llam¨® la atenci¨®n fue la "creciente falta de entendimiento y de colaboraci¨®n" entre las administraciones que afecta, por ejemplo, a que determinadas carreteras urgentes s¨®lo se acometan hasta el l¨ªmite provincial o la descoordinaci¨®n entre los ayuntamientos y la Junta para combatir el absentismo escolar. A juicio de Chamizo, "la actuaci¨®n de cada Administraci¨®n encierra una concepci¨®n herm¨¦tica y excluyente, donde prima lo propio en lugar de trabajar con una visi¨®n finalista".

Los portavoces de todos los grupos elogiaron el informe del defensor que, a juicio del popular Rafael Salas, debe ser utilizado para proponer actuaciones "que solventen los problemas". Esta reflexi¨®n le vali¨® el reproche del socialista Manuel Gracia, quien lo acus¨® de intentar "arrimar el ascua a su sardina".

Por otro lado, el pleno del Parlamento aprob¨®, con los votos del PSOE y del PA y la abstenci¨®n del PP y, en algunos cap¨ªtulos, de IU, la ley de Solidaridad en la Educaci¨®n, que dota de un marco legal a la Junta para atender la escolarizaci¨®n de la poblaci¨®n m¨¢s desfavorecida. La ley, seg¨²n el consejero Manuel Pezzi, afectar¨¢ a 140.000 alumnos que presentan alg¨²n tipo de discapacidad, pertenecen a una minor¨ªa ¨¦tnica o cultural o proceden de familias con problemas. Socialistas y andalucistas rechazaron la mayor¨ªa de las enmiendas que PP e IU mantuvieron hasta el debate final. IU dijo que apoyaba la filosof¨ªa de la ley, pero justific¨® su abstenci¨®n en algunos cap¨ªtulos por creer que la financiaci¨®n con la que estar¨¢ dotada es insuficiente.