Sospechas

F?LIX BAY?N

Estos d¨ªas Javier Arenas ha dicho que en los pr¨®ximos meses "vamos a seguir hablando de C¨¢diz y no s¨®lo de Sanl¨²car". No hay duda de que tiene raz¨®n. Lo que no est¨¢ claro es por qu¨¦ no intenta remediarlo. En manos de su partido est¨¢ la posibilidad de poner orden en dos pueblos, Tarifa y Barbate, en los que sospechosos tr¨¢nsfugas y especuladores piensan seguir el mismo camino que inici¨® hace ocho a?os Gil. En ambos casos, los alumnos de Gil est¨¢n apoyados por el PP, el mismo partido que, por cierto, ayud¨® al alcalde de Marbella a hacerse con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, en cuya contabilidad hay ahora que entrar con mascarilla.

Es pueril tratar de convencer a la ciudadan¨ªa, como intenta el PP, de que la corrupci¨®n es un fen¨®meno exclusivo de los socialistas. La experiencia demuestra que ha salpicado en medida similar a todos los partidos que han tenido algo de poder. Lo malo es que, al no reconocerlo, el PP no manifiesta ning¨²n inter¨¦s en arreglar este problema que supera ya con mucho el albur estad¨ªstico: es evidente que la corrupci¨®n est¨¢ mucho m¨¢s arraigada en la pol¨ªtica -especialmente en la pol¨ªtica urban¨ªstica- que en cualquier otra actividad. As¨ª, el PP se est¨¢ haciendo un flaco favor a s¨ª mismo, ya que deja en manos de la izquierda el monopolio de la mala conciencia, que no es sino la manifestaci¨®n ¨²ltima y fatal de la verg¨¹enza.

En un rapto de lucidez, el dirigente de IU Antonio Romero ha pedido un pacto entre los partidos pol¨ªticos para que se comprometan a expulsar a los corruptos y a investigar todos los asuntos sucios que vayan surgiendo. Este pacto resulta especialmente necesario en un momento como el actual, en el que, a las zonas tur¨ªsticas, acude en busca de blanqueo un dinero que, como se est¨¢ viendo ya, tiene en muchos casos origen delictivo y es capaz de comprar pol¨ªticos para obtener favores o, incluso, de fabricar partidos populistas que sigan sus intereses.

Desgraciadamente, la actitud pusil¨¢nime de la Junta de Andaluc¨ªa ha ayudado mucho. Es cierto que en Andaluc¨ªa -al contrario que en otras comunidades- no existen herramientas jur¨ªdicas para parar obras ilegales, pero tambi¨¦n es verdad que nadie se ha dado prisa en hacer las leyes necesarias. A falta de leyes que permitieran parar desaguisados urban¨ªsticos, al menos se hubiera podido echar mano del nuevo C¨®digo Penal, pero, en un gesto pintorescamente versallesco, la Junta viene sosteniendo la teor¨ªa de que no debe de hacerlo por respeto a la buena relaci¨®n entre instituciones.

Resultado: en Marbella, el laboratorio de todos los especuladores, los edificios ilegales siguen creciendo sin que nadie haga nada para pararlos. La Junta, adem¨¢s, ha entrado en el juego de Gil, que consiste en ganar tiempo: el Gobierno andaluz sigue presuponiendo su buena fe y, a pesar de la ya larga tomadura de pelo, no da carpetazo ni opta por elaborar un PGOU en condiciones e impon¨¦rselo al Ayuntamiento de Marbella.

As¨ª no resulta extra?o que, en Tarifa, junto a Bolonia, se pretendan enladrillar 426 hect¨¢reas de pinos. La tentaci¨®n es fuerte. La experiencia de Gil ha demostrado que se puede hacer esto y cosas peores con completa impunidad.