La capitalidad de Madrid es una cuesti¨®n de Estado

La capital del Estado es la villa de Madrid. As¨ª lo afirma nuestra Constituci¨®n de 1979, sin que los redactores de la Carta Magna precisaran el instrumento legal que desarrollara este reconocimiento. Tuvo que ser el propio Estatuto de la Comunidad Aut¨®noma de Madrid el que, a trav¨¦s de la ley org¨¢nica de 1983 que lo aprob¨®, declarara que "la villa de Madrid, por su condici¨®n de capital del Estado y sede de las instituciones generales, tendr¨¢ un r¨¦gimen especial, regulado por ley votada en Cortes".Han transcurr¨ªdo diecis¨¦is a?os desde entonces y veintiuno desde que se aprob¨® la Constituci¨®n sin que el r¨¦gimen especial de Madrid se haya regulado por las Cortes. Durante este tiempo, diversas leyes han vuelto a recordar y prometer un tratamiento espec¨ªfico y diferenciado para el municipio madrile?o por raz¨®n de su capitalidad. As¨ª, la Ley de Bases de R¨¦gimen Local de 1985, la Ley de Haciendas Locales de 1988 y, m¨¢s recientemente, la Ley de 1999, que ha modificado la Ley de Bases de 1985. Mientras tanto, la capitalidad de Madrid sigue siendo una cuesti¨®n pendiente.

A mi juicio, son vanos los motivos que pueden explicar, aunque no justificar, este ins¨®lito retraso. El primero es que la descentralizaci¨®n y construcci¨®n del Estado de las autonom¨ªas ha reglado, en general, las reivindicaciones auton¨®micas, convirtiendo a los ayuntamientos en el pariente pobre y olvidado del Estado durante las dos ¨²ltimas d¨¦cadas. Particularmente para Madrid, el proceso de descentralizaci¨®n de la Administraci¨®n General del Estado ha supuesto p¨¦rdida de poblaci¨®n por las transferencias de funcionarios y p¨¦rdida de localizaciones de empresas industriales y de servicios. M¨¢s espec¨ªficamente, el retraso en la aprobaci¨®n de la ley de capitalidad ha hecho que Madrid pierda los importantes recursos financieros que se derivan del canon de capitalidad, que lleva diecis¨¦is a?os sin percibir.

El segundo es que todos los partidos de ¨¢mbito estatal, sin excepci¨®n, hemos estado aquejados de un complejo que podr¨ªamos denominar como "centralitis". Madrid es la capital del Estado espa?ol, pero el desarrollo legislativo de este hecho, indiscutiblemente diferencial, podr¨ªa dar lugar a que quien protagonizara la iniciativa legislativa fuera tachado de centralista desde algunas latitudes nacionalistas de nuestra geografia.

Un tercer motivo, de no menor importancia, reside en haber confundido los ¨¢mbitos y las consecuencias de la doble capitalidad de Madrid. Porque el municipio de Madrid, adem¨¢s de capital del Estado, es capital de la comunidad aut¨®noma de la que forma parte. Cuando desde el Ayuntamiento se reivindican incrementos competenciales a costa de las competencias auton¨®micas se est¨¢ intentando violentar el esquema constitucional de reparto competencial. A la Comunidad no se le pueden quitar competencias para d¨¢rselas al Ayuntaimiento, como est¨¢ empe?ado en hacer el alcalde, a trav¨¦s de una ley que, como la de capitalidad, tendr¨¢ rango de ley ordinaria. Eso equivaldr¨ªa a modificar el Estatuto de autonomia de 1983, aprobado por ley org¨¢nica.

La capitalidad del municipio de Madrid sobre la Comunidad Aut¨®noma de Madrid precisa de otro instrumento legal de desarrollo y de distinta naturaleza al de la capitalidad del Estado. Es a la Asamblea de nuestra Comunidad a quien le corresponde reconocer y regular que Madrid es la capital de esta Comunidad, al mismo tiempo que m¨¢s del 60% de toda ella. Y es en este marco en el que deben plantearse las cuestiones competenciales y financieras entre la instituci¨®n municipal y auton¨®mica, sus relaciones mutuas basadas en la colaboraci¨®n y en la cooperaci¨®n, y toda una serie de temas que, por la limitaci¨®n que supone un art¨ªculo de prensa, no es posible concretar m¨¢s. El buen camino, en esta direcci¨®n, nos le han se?alado en Catalu?a, con la aprobaci¨®n por la Generalitat de la Carta Municipal de Barcelona, en la que se otorga a la Ciudad Condal el estatuto que le corresponde por su capitalidad sobre su comunidad.

Finalmente, el ¨²ltimo motivo consiste en haber persistido en el error de que la Ley de Capitalidad debiera ser fruto del consenso institucional entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Y quiero extenderme m¨¢s en este aspecto porque salir de este error nos ayudar¨¢ a no seguir demorando la soluci¨®n del problema. Ser¨ªa deseable que el presidente de la Comunidad y el alcalde de Madrid se pusieran de acuerdo para consensuar un texto y remit¨ªrselo a las Cortes como proposici¨®n de ley. Sin embargo, est¨¢ claro que, al d¨ªa de hoy, esto no ha sido posible, porque este tema se ha convertido en un episodio m¨¢s del desacuerdo y en un pretexto para la confrontaci¨®n entre las instituciones a las que representan. Han olvidado que, por encima de las discrepancias internas del partido, por muy leg¨ªtimas que sean, la capitalidad de Madrid no es un asunto de pol¨ªtica dom¨¦stica. La capitalidad de Madrid es un asunto de Estado.

Como previsiblemente seguir¨¢ la discordia, bueno ser¨¢ recordar que: la iniciativa legislativa en esta materia la tienen tambi¨¦n el Gobierno, los diputados y los senadores; que es a las Cortes a quien corresponde aprobar la ley y que son los partidos de ¨¢mbito estatal a quienes les corresponde asumir la responsabilidad de culminar el desarollo normativo del Estado de las autonom¨ªas, regulando su capitalidad, aunque sea con diecis¨¦is a?os de retraso.