Televisi¨®n p¨²blica: una reforma urgente JORDI S?NCHEZ

No hay duda que la televisi¨®n, como instrumento para llegar a la sociedad, es muy atractiva e irresistible para muchos poderes pol¨ªticos y econ¨®micos. Tan atractiva ha sido y sigue siendo que en nuestra historia m¨¢s reciente ser¨ªa muy dif¨ªcil hacer la cr¨®nica social y pol¨ªtica sin considerar el control gubernamental que se ha ejercido sobre la televisi¨®n, ya sea en Catalu?a a trav¨¦s de TV-3 o en el resto del Estado con las otras televisiones, empezando por TVE y acabando con cualquier televisi¨®n auton¨®mica. Lo que cuesta una televisi¨®n como TV-3 al presupuesto de la Generalitat justifica sin lugar a dudas que las instituciones de gobierno ejerciten una presencia para garantizar que a los recursos destinados (ya sea directamente por transferencia o mediante un aval para un endeudamiento) se les d¨¦ un uso razonable. Es decir, que ese dinero no se despilfarra, sin orden ni concierto, ni que tampoco con ellos se tiende a favorecer a unos cuantos amigos con negocios m¨¢s o menos visibles. Sin duda el problema lo tenemos cuando los gobiernos creen administrar sus propios recursos, y no los recursos de los contribuyentes, y eso los lleva a administrar la televisi¨®n y buena parte de la informaci¨®n que en ella se da como si de una finca particular se tratara. Es verdad que muchas veces la televisi¨®n p¨²blica es motivo de pol¨¦mica por el sectarismo que en la transmisi¨®n de la informaci¨®n se da, pero tampoco deber¨ªamos olvidar que hay demasiados indicios de que su administraci¨®n y gesti¨®n puede en ocasiones servir a unos cuantos, en detrimento de todos, para sacar beneficios millonarios sin que exista la posibilidad de un control eficaz por parte de nadie sobre determinadas compras, contratos e incluso concursos para determinadas adjudicaciones. Puede parecer una memez, pero hasta hace dos a?os, por ejemplo, en Televisi¨® de Catalunya los concursos para adjudicar el doblaje de pel¨ªculas al catal¨¢n (centenares de millones de pesetas al a?o) no contemplaban la apertura p¨²blica de plicas, es decir, nadie ten¨ªa el convencimiento que algunas ofertas presentadas no eran conocidas con anterioridad a la adjudicaci¨®n, pudiendo favorecer as¨ª a determinadas empresas en detrimento de otras. Son detalles que alguien puede considerar insignificantes pero que, en mi modesta opini¨®n, tampoco deber¨ªan olvidarse cuando sobre el tapete se pone el debate sobre el futuro de la televisi¨®n p¨²blica.Estos d¨ªas previos a la constituci¨®n del nuevo Parlament, estamos asistiendo a un debate por parte de algunos partidos sobre c¨®mo ser¨¢ la composici¨®n del nuevo Consejo de Administraci¨®n de la Corporaci¨®n Catalana de Radio y Televisi¨®n (CCRTV). ?se es un debate hasta cierto punto interesante pero sobre todo muy interesado. Lo realmente importante no es si a PP y ERC les tocan dos consejeros, como no se cansan de repetir, y si CiU, como ya ha sugerido, est¨¢ dispuesta a satisfacer esa demanda, o si el PSC-CpC puede proponer cinco representantes de los 12 que componen el Consejo de Administraci¨®n en lo que ser¨ªa una estricta aplicaci¨®n de una f¨®rmula proporcional (ley D"Hondt o cualquier otra) de acuerdo con los diputados que cada formaci¨®n ha obtenido. Ante ese debate, excesivamente mercantilizado por parte de algunos, se olvida que lo realmente relevante no es ¨²nicamente c¨®mo se asignan los puestos en el Consejo de Administraci¨®n, sino qu¨¦ atribuciones dispone el citado consejo para ser digno de ese nombre. Mi experiencia en el consejo durante esta ¨²ltima legislatura es que en la mayor¨ªa de ocasiones m¨¢s que un Consejo de Administraci¨®n nos encontramos ante poco m¨¢s que un consejo asesor. Para que nos entendamos, este Consejo de Administraci¨®n, por ejemplo, no nombra ni al director general de la CCRTV, que es facultad exclusiva del presidente de la Generalitat, ni tampoco tiene voz ni voto en el nombramiento de los directivos de Televisi¨® de Catalunya o de Catalunya R¨¤dio, facultad ¨¦sta del director general. Ante esta situaci¨®n, donde, con todo mi respeto hacia ese colectivo profesional, un ordenanza de TVC tiene la misma autoridad efectiva ante el director de Televisi¨® de Catalunya que los 12 consejeros juntos, es posible comprender por ejemplo que en m¨¢s de una ocasi¨®n los miembros del consejo hayan conocido la programaci¨®n televisiva por los medios de comunicaci¨®n y no mediante una reuni¨®n ordinaria de su comisi¨®n de programaci¨®n.

Han aparecido tambi¨¦n algunas voces defendiendo que la soluci¨®n pasa por una despolitizaci¨®n del consejo. Supongo que lo que querr¨¢n decir es una despartidizaci¨®n. En ese caso comparto esa preocupaci¨®n, y probablemente hay modelos de televisi¨®n p¨²blica por Europa (por ejemplo el modelo alem¨¢n) que permitir¨ªa una configuraci¨®n del Consejo de Administraci¨®n diferente al actual. Quiero advertir, sin embargo, que el hecho de que los consejeros dispongan o no de carnet de un determinado partido no es el dato m¨¢s relevante. Y hago esta afirmaci¨®n consciente de mi no militancia partidista en organizaci¨®n alguna, y asumiendo que independencia de partido no es indiferencia y que en un consejo uno no puede ser indiferente ante la realidad. El problema no es que un consejero disponga de carnet (ojal¨¢ la afiliaci¨®n pol¨ªtica fuera mayor en toda la sociedad), sino que determinadas obligaciones que corresponder¨ªa ejercer como miembro del Consejo de Administraci¨®n deber¨ªan percibirse como moralmente incompatibles con el ejercicio de determinadas funciones dentro de una organizaci¨®n pol¨ªtica (jefes de prensa, secretarios de organizaci¨®n), puesto que se corre el peligro de un choque en la defensa de los respectivos intereses, que, siendo ambos leg¨ªtimos, no suelen ser coincidentes.

Sin lugar a dudas el futuro de la televisi¨®n p¨²blica pasa por una modificaci¨®n sustancial de la actual ley. Por un lado esa reforma debe contemplar las variaciones que en el sector audiovisual se han producido en los ¨²ltimos a?os y a las cuales la televisi¨®n p¨²blica no puede resistirse (digitalizaci¨®n, participaci¨®n en empresas mixtas, nueva financiaci¨®n...) y por otro debe dise?ar un nuevo estilo de gobierno y control de esos medios p¨²blicos, con una nueva f¨®rmula para el nombramiento del equipo directivo, incluido el Consejo de Administraci¨®n, y nuevas funciones para este ¨²ltimo. Esa doble modificaci¨®n corresponde al Parlament y ser¨ªa irresponsable que no se ejecutara antes de finalizar esta legislatura. El peligro de seguir como estamos es el de condenar la televisi¨®n p¨²blica y sus profesionales a ser el centro de una batalla donde la utilizaci¨®n de la misma, a menudo descarada, por parte de la mayor¨ªa gubernamental se responda con la cr¨ªtica contundente desde la oposici¨®n. En un escenario tan competitivo como el audiovisual, el peligro de continuar como ahora es que la gran derrotada sea la misma televisi¨®n p¨²blica.