Los da?os por riadas en Alicante se reducir¨ªan si el Consell cumpliera, seg¨²n los afectados

Si la Administraci¨®n auton¨®mica hubiera cumplido, en las dos ¨²ltimas d¨¦cadas, con su obligaci¨®n de dotar a las ciudades de las infraestructuras p¨²blicas adecuadas, las consecuencias de la riada que arras¨® la ciudad de Alicante el 30 de septiembre de 1997 hubieran sido sensiblemente inferiores a las registradas. As¨ª lo denunciaron ayer los afectados, a trav¨¦s de la Uni¨®n de Consumidores y el Colegio Oficial de Mediadores de Seguros, que ese a?o atendi¨® m¨¢s de 10.000 expedientes y tuvo que hacer frente a indemnizaciones superiores a los 8.000 millones de pesetas.

En el segundo aniversario de la tragedia de 1997, que acab¨® con la vida de cuatro personas y produjo importantes da?os materiales en Alicante, los representantes de los mediadores de seguros y los consumidores ofrecieron ayer datos reveladores sobre la riada, y llegaron a la conclusi¨®n de que si la Generalitat hubiera ejecutado las obras necesarias para evitar inundaciones, detalladas en un informe t¨¦cnico fechado once a?os antes, en 1986, las consecuencias de la tormenta hubieran sido "bien distintas".El aguacero ("que no gota fr¨ªa") del 30 de septiembre de 1997, descarg¨® sobre Alicante un total de 267 litros por metros cuadrado en apenas seis horas, con especial intensidad entre las 13 y las 14.30 horas. En las semanas posteriores, el tel¨¦fono de emergencia habilitado por el Colegio de mediadores de seguros atendi¨® hasta 3.500 llamadas, y este organismo, encargado de tramitar indemnizaciones por cat¨¢strofes naturales, tramit¨® m¨¢s de 10.000 expedientes. La mayor¨ªa de ellos se refer¨ªan a da?os ocasionados por las lluvias en viviendas (hasta 7.000 expedientes), seguidos de los 3.000 veh¨ªculos y 490 comercios afectados.

Cuatro meses despu¨¦s, exactamente el 15 de enero de 1998, los 77 peritos desplazados a Alicante finalizaron el trabajo administrativo, y tramitaron el pago de 8.000 millones de pesetas por da?os confirmados. Las consecuencias de la riada fueron mucho m¨¢s elevadas, dado que no se contabilizan el deterioro sufrido por las instalaciones p¨²blicas ni ese 25% de consumidores que habitualmente no asegura sus propiedades adecuadamente.

Seg¨²n relat¨® Antonio Francisco Valls, presidente del Colegio Oficial de Mediadores de Seguros de Alicante, un informe t¨¦cnico encargado en 1982, acabado en 1986 y asumido por las autoridades locales al incluirlo en el planeamiento urban¨ªstico de la ciudad, indicaba con todo detalle las obras p¨²blicas que se deb¨ªan acometer para evitar desastres naturales de esta ¨ªndole en Alicante.

El autor del estudio fue Antonio Gil Olcina, catedr¨¢tico de Geograf¨ªa de la Universidad de Alicante, que se puso a trabajar tras las inundaciones de 1982, tambi¨¦n de dram¨¢ticas consecuencias. Pero la Administraci¨®n p¨²blica no cumpli¨® con el plan de actuaci¨®n propuesto, y en 1997 se repiti¨® la historia.

De las obras que figuran en ese informe, s¨®lo la canalizaci¨®n del Barranco de las Ovejas se acometi¨® en tiempo y forma, "y eso evit¨® que los barrios de Pol¨ªgono Babel y San Gabriel" se vieran afectados en 1997, seg¨²n asegur¨® Valls.

No fue hasta que otras lluvias torrenciales asolaran la ciudad cuando el entonces consejero de Obras P¨²blicas del PP, Luis Fernando Cartagena, comprometiera inversiones por importe de 17.000 millones de pesetas para que Alicante dejara de ser una ciudad con peligro de sufrir riadas. La totalidad de aquellos proyectos est¨¢n en marcha, pero su ejecuci¨®n no finalizar¨¢, como anunci¨® el Consell, en diciembre de este a?o. "Si ma?ana sobreviniera un aguacero igual que aquel, las consecuencias ser¨ªan imprevisibles", se?alan los mediadores de seguros.

Pedro Hern¨¢ndez, secretario general de la Uni¨®n de Consumidores de Alicante (UCE), acus¨® al Ejecutivo que preside Eduardo Zaplana de ser "poco diligente" en la soluci¨®n del problema, a lo que sum¨® los efectos colaterales que las obras en marcha ocasionan a usuarios y comerciantes. "Es evidente que se ha hecho un esfuerzo inversor en cuanto a planteamientos t¨¦cnicos que evitar¨¢n el problema end¨¦mico en Alicante de las inundaciones, pero las inversiones deber¨ªan ir m¨¢s r¨¢pidas y las obras ocasiones menos perjuicios a los ciudadanos", dijo.

Seg¨²n la UCE, el avance de la tecnolog¨ªa permite con relativa facilidad realizar obras en el subsuelo sin necesidad de tener las calles levantadas durante meses, "algo que siempre resulta muy inc¨®modo y va en detrimento de la calidad de vida". Seg¨²n la teor¨ªa de Hern¨¢ndez, el Consell no ha contratado maquinaria moderna "porque resulta m¨¢s cara, lo que significa que los intereses ciudadanos no se contabilizan a la hora de programar las obras".