Garz¨®n procesa y ordena la detenci¨®n de 98 militares argentinos por genocidio y terrorismo

El magistrado Baltasar Garz¨®n, juez central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, notific¨® ayer una resoluci¨®n por la que procesa a 98 autoridades argentinas relacionadas con las juntas militares y la dictadura de aquel pa¨ªs entre 1976 y 1983. Garz¨®n inculpa a los procesados en los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, ratifica la prisi¨®n provisional incondicional de 10 de los ahora procesados y acuerda esta medida cautelar para otros 87. Para todos ellos decreta orden de busca y captura internacional. En cambio, confirma la libertad provisional de Adolfo Francisco Scilingo.

Salvo en el caso de Scilingo, sometido a la jurisdicci¨®n espa?ola y en libertad provisional con medidas restrictivas, entre otras las de abandonar el territorio espa?ol, el juez Garz¨®n acuerda la prisi¨®n provisional incondicional de los 98 procesados -entre ellos, los miembros de las juntas militares Jorge Videla, Emilio Massera y Leopoldo Galtieri; el ex gobernador de Tucum¨¢n Domingo Bussi y el ex jefe del Primer Cuerpo de Ej¨¦rcito argentino Guillermo Su¨¢rez Mason-, "como requisito necesario para librar la correspondiente orden internacional de busca y captura".El objeto de esta medida, como explica la resoluci¨®n judicial, de 282 folios, es el de "posibilitar su detenci¨®n a efectos de extradici¨®n y su declaraci¨®n en rebeld¨ªa si no fueran habidos o detenidos". Garz¨®n justifica, adem¨¢s, su decisi¨®n, ya que considera "ineludible la medida, por cuanto los hechos que se persiguen son de tal entidad y gravedad que objetivamente la imponen, y por el hecho evidente de que no est¨¢n a disposici¨®n de la justicia espa?ola y con el fin de que no se sustraigan a la acci¨®n de aqu¨¦lla, evitando su enjuiciamiento, una vez sea descubierto su paradero".

Orden a Interpol

La resoluci¨®n de Garz¨®n precisa que las ¨®rdenes de detenci¨®n "han de ser expedidas sin restricci¨®n especial o territorial alguna". Ordena que "Interpol deber¨¢ darle curso a todos y cada uno de los pa¨ªses que forman parte de la misma". A?ade que, "una vez averiguado el paradero de cualesquiera de los procesados, debe ser ejecutada por la autoridad policial y judicial que corresponda, incluido, por supuesto, el pa¨ªs de la nacionalidad de los procesados, dado el car¨¢cter extraterritorial de los presuntos delitos que se imputan y los convenios multilaterales y bilaterales en vigor, por encima de otros criterios ajenos al estrictamente jur¨ªdico que aqu¨ª se mantiene".El auto judicial deniega el procesamiento de otras 23 personas imputadas en la causa por no perfilarse "con nitidez ni la participaci¨®n ni la identidad de los presuntos autores". Con el procesamiento de 98 imputados, Garz¨®n pone fin a la investigaci¨®n iniciada en 1996 por denuncia de la Uni¨®n Progresista de Fiscales y querellas de la Asociaci¨®n Libre de Abogados, la Asociaci¨®n Argentina Pro Derechos Humanos e Izquierda Unida.

Garz¨®n fundamenta su decisi¨®n en la resoluci¨®n de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 4 de noviembre de 1998 que desestim¨®, entre otros, el recurso del ministerio fiscal, y atribuy¨® a la jurisdicci¨®n espa?ola el conocimiento de los hechos objeto del procedimiento" en aplicaci¨®n del art¨ªculo 23 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial.

La resoluci¨®n de Garz¨®n detalla los hechos que justifican las argumentaciones jur¨ªdicas que aprecian en los mismos la comisi¨®n de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

Plan criminal

Garz¨®n indica que en la Rep¨²blica Argentina, desde 1975, se produjeron acontecimientos pol¨ªticos, sociales y delictivos que determinaron a los responsables militares no s¨®lo a derrocar a la presidenta constitucional, Mar¨ªa Estela Mart¨ªnez de Per¨®n, mediante el golpe de Estado de 1976, "sino tambi¨¦n dise?ar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistem¨¢tico de desaparici¨®n y eliminaci¨®n f¨ªsica de grupos de ciudadanos en funci¨®n de su adscripci¨®n a determinados sectores, por motivos ideol¨®gicos, pol¨ªticos, ¨¦tnicos y religiosos".La extensa resoluci¨®n detalla la distribuci¨®n de las zonas militares "para ejecutar materialmente el dise?o criminal", con sus responsables, coordinaci¨®n y jerarqu¨ªa, as¨ª como los mecanismos para desarrollar el plan de sus autores; describe los denominados traslados "para hacer desaparecer a los ilegalmente detenidos" y explica la pr¨¢ctica de torturas "sistem¨¢ticamente sobre todos y cada uno de los detenidos, bien para extraer informaci¨®n, bien para lograr una confesi¨®n (...) o bien por mera crueldad y tormento por motivos ideol¨®gicos y/o religiosos".

Un trato "especialmente inhumano" se dispens¨® a los jud¨ªos, que significan un 12,4% de los desparecidos y un 15,6% de los muertos. La resoluci¨®n de Garz¨®n se refiere a los procedimientos de la Escuela Mec¨¢nica de la Armada (Esma), en donde estuvieron detenidas de 1976 a 1983 un n¨²mero pr¨®ximo a las 5.000 personas y en donde se aplic¨® la tortura de los "dardos" envenenados, de uso "para caza mayor".

Garz¨®n estima acreditados otros datos sobre control de los detenidos y secuestrados, acciones contra elementos subversivos y operaciones contra colectivos acad¨¦micos, sindicalistas, pol¨ªticos, humanitarios y homosexuales.