Garz¨®n, contra la Junta
POR DELITOS de genocidio, terrorismo y torturas, el juez Garz¨®n, despu¨¦s de tres a?os de instrucci¨®n sumarial, ha decidido procesar y dictar orden de b¨²squeda y captura contra 12 miembros de las juntas militares argentinas, entre ellos, el general Videla y el almirante Massera, y m¨¢s de 80 jefes castrenses directamente comprometidos con la represi¨®n que sigui¨® al golpe militar de 1976. La lectura del auto pone de relieve la amplitud del horror de aquella guerra sucia que provoc¨® entre 15.000 y 30.000 muertos y desaparecidos -ni siquiera se sabe con exactitud la cifra- y puede servir de recordatorio para quienes lo olvidaron o de informaci¨®n para quienes por raz¨®n de edad no llegaron a conocerlo. Garz¨®n vuelve a dar un impulso a la lucha contra la impunidad de cr¨ªmenes contra la humanidad. Pero su acci¨®n no est¨¢ exenta de problemas.El caso argentino guarda alguna similitud con el de Pinochet, detenido en Londres en virtud de un auto dictado por el mismo juez. Pero entre ambos hay tambi¨¦n notables diferencias. A diferencia de lo que sucedi¨® en Chile, los miembros de las juntas militares argentinas fueron juzgados y condenados, aunque fueran indultados luego. Otros, de menor rango pero no menor crueldad, se libraron al amparo de las vergonzantes leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, un borr¨®n y cuenta nueva que dej¨® algunos resquicios.
Cuando Menem lleg¨® a la presidencia de la Rep¨²blica, en 1990, decret¨® un indulto para todos estos condenados. ?Puede la justicia espa?ola inmiscuirse, no ya en unos cr¨ªmenes contra la humanidad, sino en una medida de gracia adoptada por un Gobierno democr¨¢ticamente elegido? ?Qu¨¦ pensar¨ªamos si un juez extranjero removiera acusaciones contra antiguos responsables de torturas u otros cr¨ªmenes en el franquismo, ignorando la Ley de Amnist¨ªa de 1977?
Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estableci¨® hace un a?o la competencia de la jurisdicci¨®n espa?ola en la materia, entre otras cosas, porque hay m¨¢s de 500 ciudadanos espa?oles muertos o desaparecidos en aquella represi¨®n, y sobre todo, porque consider¨®, lo que Garz¨®n recoge ahora de nuevo, que las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida no suponen indultos, sino la despenalizaci¨®n de conductas, frente al principio de protecci¨®n universal dispuesto en la legislaci¨®n espa?ola.
Menem siempre ha rechazado las actuaciones de Garz¨®n, por lo que es impensable que acceda a la extradici¨®n, y harto improbable que le corrija su sucesor electo, Fernando de la R¨²a. Por lo que respecta al general Videla, est¨¢ incurso en un nuevo sumario penal en Argentina por el robo de ni?os, una excepci¨®n a la Ley de Punto Final. El ¨²nico efecto inmediato puede ser que los procesados no puedan abandonar su pa¨ªs, so pena de correr el mismo destino que Pinochet.
El Gobierno de Aznar se encontrar¨¢ pronto encima de la mesa con el abultado dossier de un centenar de demandas de extradici¨®n que, seg¨²n su propia doctrina, no puede sino tramitar. Pero el comprensible af¨¢n de justicia puede llevar a situaciones de inseguridad jur¨ªdica. Aceptado que los cr¨ªmenes contra la humanidad no prescriben, y mientras nace la Corte Penal Internacional, el nuevo auto de Garz¨®n pone en evidencia que la globalizaci¨®n judicial se est¨¢ produciendo sin reglas claras y a golpes de voluntarismo.
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