Telef¨®nica y Airtel deniegan a la polic¨ªa la identidad de los titulares de tel¨¦fonos m¨®viles

Telef¨®nica y Airtel se niegan a desvelar a la polic¨ªa judicial la identidad de los titulares de los tel¨¦fonos m¨®viles sin tarjeta, que hoy suman m¨¢s de cinco millones y medio de unidades. Las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen que presentar una orden judicial cada vez que necesitan conocer a qui¨¦n pertenece un m¨®vil, pese a que un informe de la Agencia de Protecci¨®n de Datos reconoce la legalidad de estas consultas. Las compa?¨ªas argumentan el derecho a la intimidad y privacidad de sus clientes, y aseguran que casi todos ellos han pedido que su nombre no figure en una gu¨ªa interna de la empresa.

El gabinete de coordinaci¨®n entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y Telef¨®nica facilita, en minutos, las peticiones sobre los titulares de los tel¨¦fonos fijos, m¨¢s de 17 millones de aparatos, pero deniega las que afectan a m¨®viles. Seg¨²n la polic¨ªa, esta negativa supone un atraso en sus pesquisas, ya que se ven obligados a solicitar un mandamiento judicial para conocer la identidad de sus titulares. El auto puede tardar semanas en tramitarse.El servicio jur¨ªdico de la compa?¨ªa que preside Juan Villalonga es rotundo: el 99% de los titulares de los m¨®viles, 3.510.000 personas, firma un contrato en el que manifiesta su deseo de no aparecer en una gu¨ªa interna de la compa?¨ªa. Por ello, la empresa entiende que la titularidad de sus clientes est¨¢ bajo el secreto de las comunicaciones que recoge el art¨ªculo 18.3 de la Constituci¨®n. Y para levantarlo hace falta un mandamiento judicial.

La negativa de Telef¨®nica contrasta con la opini¨®n de la Agencia de Protecci¨®n de Datos, quien en un reciente informe de su gabinete jur¨ªdico reconoce la legalidad de facilitar las titularidades de los t¨¦lefonos sin mandamiento judicial, siempre que la polic¨ªa informe posteriormente de esas averiguaciones previas al juez o al fiscal. Y siempre que concurran las circunstancias del art¨ªculo 20 de la ley Org¨¢nica de Regulaci¨®n del Tratamiento Automatizado de Datos de Car¨¢cter Personal (LORTA).

Seg¨²n el citado art¨ªculo, la polic¨ªa puede recoger y tratar esa clase de datos, sin el control de jueces, fiscales o tribunales, cuando sean necesarios para la prevenci¨®n de un peligro real para la seguridad p¨²blica o para la represi¨®n de infracciones penales, y cuando sean "absolutamente necesarios" para los fines de una investigaci¨®n concreta. No obstante, se exige que sean peticiones "concretas y motivadas". No se permiten peticiones masivas de datos.

El dictamen de la Agencia de Protecci¨®n de Datos se ha elaborado a ra¨ªz de una consulta de una operadora de telecomunicaciones que se acaba de dirigir a este organismo, dirigido por Juan Manuel Fern¨¢ndez, para que le manifieste su opini¨®n sobre este caso. Jes¨²s Rub¨ª, adjunto al director, se?ala que la opini¨®n de la Agencia es un criterio general y que a la hora de aplicarlo hay que conocer cada caso concreto.

La polic¨ªa judicial, ampar¨¢ndose en este art¨ªculo de la LORTA, acusa a Telef¨®nica y a otros operadores de incumplir la ley y asegura que todas sus peticiones sobre la titularidad de los m¨®viles cumplen "escrupulosamente" las exigencias de esa ley del 29 de octubre de 1992. En varias ocasiones, los comisarios responsables de distintas brigadas han expresado sus quejas a la comisi¨®n de coordinaci¨®n de Polic¨ªa Judicial. Y ¨¦sta se ha dirigido a la Agencia de Protecci¨®n de Datos.

Los polic¨ªas judiciales se quejan de la interpretaci¨®n garantista de Telef¨®nica y aseguran que para esta compa?¨ªa "los tel¨¦fonos fijos son p¨²blicos y los m¨®viles por definici¨®n secretos". ?Qu¨¦ diferencia hay entre un fijo y un m¨®vil?, se quejan dos responsables de la brigada de blanqueo de capitales.

En Airtel, que tiene 1.600.000 abonados a m¨®viles con contrato, la versi¨®n de la compa?¨ªa es similar a la de Telef¨®nica. "Sin mandamiento judicial no damos la identidad de nadie, aunque nos digan que de ese dato depende la detenci¨®n de varias personas", se?ala un portavoz de la compa?¨ªa. Este operador esgrime la LORTA y la Constituci¨®n como soporte legal a su posici¨®n.

La polic¨ªa asegura que el contrato de un m¨®vil es "un contrato de servicios" y argumenta que otras compa?¨ªas de servicios, como la del gas, el agua y la luz, les facilitan la identidad de sus titulares sin necesidad de presentar un mandamiento judicial. Adem¨¢s, se?alan que algunos jueces y fiscales se niegan a facilitarles la orden judicial porque entienden que no era necesario.

En M¨¢laga, en el marco de una investigaci¨®n por blanqueo de capitales, la fiscal¨ªa se neg¨® a pedir un auto judicial para consultar la titularidad de un tel¨¦fono. Airtel le contest¨® por escrito que, sin auto judicial, no desvelar¨ªa el nombre de su cliente.