El juez del 'caso Grand Tibidabo' lleva a juicio a De la Rosa tras cinco a?os de investigaciones

Cinco a?os despu¨¦s de que Javier de la Rosa fuera enviado a prisi¨®n por sus responsabilidades en la descapitalizaci¨®n de Grand Tibidabo, la justicia ha cerrado la instrucci¨®n del caso penal por el que se le piden 13 a?os y ocho meses de prisi¨®n, y que sienta en el banquillo las oscuras relaciones entre el financiero y la Generalitat de Catalu?a. De la Rosa salv¨® a Jordi Pujol su proyecto de parque de atracciones en Tarragona, financi¨® un peri¨®dico nacionalista y obtuvo importantes beneficios en varias operaciones con la Generalitat, al tiempo que obten¨ªa su apoyo incondicional.

El pasado 2 de noviembre, el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Barcelona emit¨ªa el auto de apertura de juicio oral por la descapitalizaci¨®n de Grand Tibidabo. Para entonces, hab¨ªan transcurrido 5 a?os y 14 d¨ªas desde que, en la madrugada del 19 de octubre de 1994, el juez de instrucci¨®n Joaqu¨ªn Aguirre firmase el auto de prisi¨®n que llev¨® a la c¨¢rcel -por primera vez- a Javier de la Rosa.Desde aquella fecha ha llovido mucho y pocos recuerdan ya que De la Rosa fue cazado por polic¨ªas judiciales en un aparcamiento pr¨®ximo al juzgado, tras haber sido objeto de una orden de busca y captura y haber protagonizado un episodio rocambolesco.

De la Rosa pas¨® cuatro meses en prisi¨®n, hasta que el 13 de febrero de 1995 sali¨® en libertad condicional por el caso Tibidabo. En otro fat¨ªdico mes de octubre, el de 1998, ser¨ªa la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios la que volver¨ªa a encarcelar a De la Rosa, pero esta vez imputado por estafa al grupo kuwait¨ª KIO.

Los cinco a?os largos de instrucci¨®n del caso Grand Tibidabo han producido m¨¢s de 3,5 millones de folios, cientos de informes periciales y 42 partes personadas en el procedimiento.

Lo prolongado de esta instrucci¨®n ha llevado a que coincidieran, con pocas semanas de diferencia, la quiebra voluntaria presentada por el consejo de Grand Tibidabo con la conclusi¨®n de la fase de instrucci¨®n del caso Grand Tibidabo. El auto del juez Aguirre deja la lista de acusados reducida a 11 personas.

La instrucci¨®n del gigantesco sumario se ha caracterizado por m¨²ltiples retrasos. La defensa, confiada en los ¨²ltimos a?os al penalista Francesc Jufresa, ha utilizado todas las t¨¦cnicas posibles para aplazar el proceso. Tambi¨¦n los revolcones que las decisiones de Aguirre sufr¨ªan en la Secci¨®n Segunda de la Audiencia de Barcelona, que preside Pedro Mart¨ªn, han dilatado el caso.

La Audiencia Nacional ha deshecho muchos de los nudos que el instructor ce?¨ªa sobre los presuntos responsables en la descapitalizaci¨®n de Grand Tibidabo.

Defectos de forma

Esos encontronazos han alimentado la tesis de los defectos de forma que dar¨¢n pie, con toda probabilidad, a que los primeros compases del juicio oral (cuya fecha est¨¢ por decidir) se dediquen a discutir la nulidad total de las actuaciones practicadas.El magistrado instructor, Joaqu¨ªn Aguirre, ha sido en estos cinco a?os v¨ªctima de innumerables campa?as, tanto jur¨ªdicas como personales, que persegu¨ªan desacreditarle. Ambos efectos consiguieron que el instructor tomara cautelas y que la instrucci¨®n perdiera celeridad en su ¨²ltima fase.

El fiscal pide 13 a?os y 8 meses de c¨¢rcel para De la Rosa, algunas acusaciones le piden 25 millones, y el juez, adem¨¢s, 13.300 millones de fianza de responsabilidad civil.

Todos ellos, por delitos continuados de estafa, apropiaci¨®n indebida, falsedad documental y fraude fiscal durante los dos a?os que dur¨® su gesti¨®n, que provoc¨® 10.000 millones de p¨¦rdidas a la sociedad, que ten¨ªa 9.000 peque?os accionistas.

Los delitos que se le imputan a De la Rosa tienen que ver con su entrada en el Consorcio Nacional del Leasing (CNL), saludado desde la Generalitat de Catalu?a como una v¨ªa para constituir un brazo financiero genuinamente catal¨¢n.

Tambi¨¦n se prefiguran como posible delito las comisiones derivadas de la venta de la cartera de leasing (arrendamientos financieros) de CNL; el pr¨¦stamo de 900 millones de pesetas a la sociedad Lista 16; los pr¨¦stamos a la sociedad Sierra Nevada, y la venta de la sede de CNL a la Generalitat, que supuso lucrativas comisiones para De la Rosa.

Su secretario desde los tiempos de Banca Garriga Nogu¨¦s, Arturo Pi?ana, y Joan Cruells, el hombre a quien De la Rosa dej¨® la presidencia de Grand Tibidabo, tienen libertad provisional con fianza de 40 millones cada uno. El fiscal pide seis a?os para el primero y 10 a?os al segundo. Sus responsabilidades civiles se han fijado en 6.000 millones para ambos.

Penas de c¨¢rcel

Florencio Cerd¨¤, heredero de la antigua mayor¨ªa en el capital de CNL, que es el origen de Grand Tibidabo, es otro de los imputados, para quien el fiscal pide siete a?os de c¨¢rcel y al que se le fijaron 13.300 millones de responsabilidad civil.Ramon Fiter, empresario protagonista de varias quiebras y favorecido con pagar¨¦s de Grand Tibidabo, encabeza la lista de los imputados a los que el fiscal pide cuatro a?os de c¨¢rcel. Su responsabilidad civil se fij¨® en 3.580 millones de pesetas. Cuatro a?os tambi¨¦n se piden para el ex diplom¨¢tico Manuel Prado y Col¨®n de Carvajal, junto a 1.060 millones de responsabilidades civiles. Sus sociedades Expovillas y Trevolquivir se beneficiaron presuntamente de fondos de Tibidabo.

Igual pena se solicita para Miguel Soler, el hombre que De la Rosa situ¨® al frente de la contabilidad, y para la abogada Carolina Malagelada, responsable de la desgajadora de comisiones Aciesa, que contribuy¨® supuestamente al enriquecimiento de De la Rosa y su holding particular, Quail Espa?a.