?Es social nuestro modelo educativo?

A?o tras a?o se repite la misma ceremonia: los representantes de la ense?anza privada no concertada aguardamos esperanzados a que un Gobierno que se autotitula liberal haga honor a sus ideas y a lo razonable de nuestras propuestas y proceda a incluir en la Ley de Presupuestos, instrumento b¨¢sico de la pol¨ªtica econ¨®mica, alguna medida, siquiera un gui?o, de apoyo a la educaci¨®n privada y al principio constitucional que consagra el derecho a elegir el tipo de ense?anza que se prefiera.A?o tras a?o esperamos que alguna de nuestras sugerencias para evitar que quienes ejercen su derecho a elegir tengan que pagar dos veces por el mismo servicio educativo (una, a trav¨¦s de los impuestos; la otra, a instituciones privadas) se vea reflejada en la pol¨ªtica presupuestaria o en la fiscal, bien a trav¨¦s de deducciones al gasto de las familias en la educaci¨®n libre, bien a trav¨¦s de f¨®rmulas activas de cheque o bono escolar.

A?o tras a?o confiamos en la sensibilidad del Gobierno popular ante problemas como el descenso de la natalidad, el empobrecimiento de las ofertas educativas o la imparable estatalizaci¨®n de un sector que todos consideramos crucial para el futuro de Espa?a.

Y a?o tras a?o se produce la misma decepci¨®n: una ausencia total de medidas, por simb¨®licas que sean, en apoyo de la educaci¨®n libre, ni siquiera en momentos en que el Gobierno presume del car¨¢cter "social" de sus Presupuestos y del incremento de los recursos destinados a la formaci¨®n.

El problema es que cada a?o el margen se reduce, porque venimos asistiendo a una paulatina pero efectiva nacionalizaci¨®n de la educaci¨®n libre y privada. Cada ejercicio aumenta el porcentaje de alumnos escolarizados por centros p¨²blicos y concertados y disminuye el de estudiantes en centros privados.

Cada a?o, muchas instituciones educativas antes autosuficientes piden el concierto y se cuelgan del gasto p¨²blico. De escolarizar m¨¢s del 70% de los alumnos de ense?anza media hace veinte a?os, el sector privado ha pasado a escolarizar menos del 30%.

Lo m¨¢s grave es que quienes han pagado este proceso no han sido tanto los colegios antes privados (estoy seguro de que muchos propietarios se sienten felices bajo el manto protector del concierto, por mucho que hayan perdido su libertad de decisi¨®n), sino las familias que d¨ªa a d¨ªa ven c¨®mo se reduce la riqueza y variedad de la oferta educativa y est¨¢n abocadas o bien a utilizar los centros p¨²blicos o bien a realizar onerosos gastos para satisfacer su derecho a elegir el tipo de educaci¨®n.

?Acaso son desmesuradas nuestras propuestas? ?Son poco "sociales", contraviniendo el esp¨ªritu de los Presupuestos de este a?o?

Estudi¨¦moslas:

Pedimos, por ejemplo, que el gasto educativo de las familias en centros privados no concertados sea fiscalmente deducible, lo que har¨ªa m¨¢s llevadera su financiaci¨®n. Y nos basamos en que aquellos que llevan a sus hijos a estos colegios dejan de ocupar plazas en centros sostenidos con fondos p¨²blicos, con un ahorro que es mucho mayor para el Estado que el gasto fiscal que esto le representa.

Pedimos, como posible alternativa, que el Estado ponga en una especie de "bono" una parte de su ahorro al no tener que ocuparse de la docencia de esos ni?os, y que ese bono sea entregado a las familias para que puedan costear en un centro privado la educaci¨®n por ellos elegida.

O sugerimos que se fomente la natalidad, hoy tan baja y futuro grave problema de la sociedad espa?ola, incrementando la deducibilidad de los gastos en cuidado de los hijos, lo que a su vez permitir¨ªa que muchas mujeres se incorporaran al mercado de trabajo sin por ello renunciar a la maternidad, o pedimos, en otra dimensi¨®n, que se respete la educaci¨®n privada y se reconozca nuestra funci¨®n en el sistema educativo.

Dado todo lo anterior, cabe preguntarse si ha sido "social" el tratamiento presupuestario que este a?o ha recibido nuestro sistema docente:

El primer error consiste en identificar "p¨²blico" con "social", lo que deja fuera a nuestros centros de cualquier pol¨ªtica que quiera tener este referente. A nuestro juicio, nada hay menos "social" que el modelo educativo actual, que solamente otorga libertad de elegir educaci¨®n a aquellos que puedan pagarla dos veces.

Nada hay menos "social" que una oferta educativa unidimensional y empobrecida, que estratifica a los alumnos por niveles econ¨®micos y los zonifica por criterios tan discutibles como el de proximidad al domicilio.

Nada hay menos "social" que impedir el aporte creativo de la iniciativa privada en el sector de la ense?anza, y no hay nada menos "social", en fin, que perpetuar la creciente insatisfacci¨®n que el sistema produce en los estudiantes y en sus familias.

Aun demostrando que estas medidas pod¨ªan suponer un ahorro para el Estado, en a?os anteriores se nos despachaba con un argumento de peso: no hab¨ªa dinero para incurrir en nuevos gastos fiscales, o para pol¨ªtica de apoyo a la ense?anza libre. Esto dejaba la puerta abierta a retomar el asunto cuando hubiera ese dinero, ya que no parec¨ªa ser un problema de concepto, sino de medios.

Sin embargo, este a?o s¨ª ha habido, al parecer, dinero presupuestario para muchas m¨¢s acciones, entre otras cosas, porque la reducci¨®n de impuestos y el incremento de las deducciones han producido ?mayor recaudaci¨®n fiscal!, como ya ven¨ªan asegurando los economistas m¨¢s reputados desde hace muchos a?os.

En el presente ejercicio no se ha tratado, pues, de medios, sino de imagen. Si cierta medida no produce una imagen "social", simplemente no se adopta, aunque en su fuero interno los pol¨ªticos que nos gobiernan est¨¦n convencidos de su eficacia.

?Y las ideas, y el programa pol¨ªtico, y la filosof¨ªa que debe inspirar toda acci¨®n de gobierno?

Si todo se sacrifica al posibilismo, o a un electoralismo de corto recorrido, tiene sus d¨ªas contados cualquier partido pol¨ªtico que se vac¨ªe de ideas y postulados.

Sacrificar el concepto de educaci¨®n en libertad, constitucionalmente consagrado, a un seudoprogresismo que identifica "lo p¨²blico" con "lo social" es una falacia que acaba, en nuestro sector, en una educaci¨®n unidimensional y rutinizada, cada vez m¨¢s en manos del Estado.

Negar recursos para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a elegir educaci¨®n supone a la larga un coste mucho mayor en centros p¨²blicos y en su correspondiente profesorado, centros y personal que pueden quedar excedentes en el corto plazo, dada la baja natalidad.

Sin embargo, contrasta la actitud de los centros privados no concertados, ya que durante los ¨²ltimos a?os est¨¢n realizando encomiables esfuerzos econ¨®micos para incrementar su calidad y continuar manteniendo su hegemon¨ªa pedag¨®gica y vanguardista.

Mientras esto sucede, cientos de miles de familias espa?olas siguen perdiendo la oportunidad de elegir, si lo creen conveniente, esta educaci¨®n para sus hijos.

Y por fin, aunque quiz¨¢ es lo m¨¢s importante, los alumnos se ven abocados a una ense?anza insatisfactoria, que no se rige por el enriquecedor principio de competencia entre centros, y que por ello no prepara a las nuevas generaciones para esa competencia que les ser¨¢ exigida en el mundo del futuro.

La educaci¨®n libre disminuye a?o tras a?o su papel en nuestra sociedad y su funci¨®n dinamizadora del mundo de la ense?anza. Est¨¢ claro que si ¨¦ste es un proceso negativo para la iniciativa privada, lo es m¨¢s a¨²n para los estudiantes y las familias. Al Estado y sus gestores corresponde tomar conciencia del problema. En lo referido a los Presupuestos del a?o 2000, es evidente que han preferido ignorarlo.