El TSJ obliga a dos altos funcionarios de Xixona a devolver indemnizaciones cobradas indebidamente

Trif¨®n Ordu?a Clemente, secretario general del Ayuntamiento de Xixona, y Jos¨¦ Javier G¨®mez Gracia, ex interventor de la misma instituci¨®n y hoy tesorero de la Diputaci¨®n de Alicante, tendr¨¢n que devolver, ¨ªntegras, las indemnizaciones que percibieron entre los meses de agosto de 1995 y enero de 1996 en concepto de asistencia a reuniones municipales. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha considerado que tales compensaciones econ¨®micas son ilegales y lesivas para las arcas p¨²blicas. La sentencia, fechada en septiembre, entiende que la asistencia a plenos y reuniones del resto de ¨®rganos colegiados municipales se incluye en el trabajo de estos altos funcionarios, y por tanto est¨¢ sujeta a las retribuciones b¨¢sicas y complementarias que cobran regularmente.El establecimiento de pluses de 20.000 a 25.000 pesetas para el secretario e interventor de Xixona por asistir a reuniones municipales desat¨® en 1995 una tormenta pol¨ªtica en la localidad, y fue uno de los detonantes para que los partidos de izquierda unieran sus votos para desalojar del poder, a trav¨¦s de una moci¨®n de censura, a la entonces alcaldesa Rosa Verd¨², del PP, que fue sustituida por el socialista Luis Garrig¨®s.

Tras el relevo, fue el propio Ayuntamiento el que interpuso recurso contencioso-administrativo de lesividad, aceptado ahora por el TSJ, que obliga a los dos funcionarios a devolver a las arcas locales el dinero percibido indebidamente, cuya cuant¨ªa se determinar¨¢ en el auto de ejecuci¨®n de sentencia, dado que existen discrepancias entre las partes al respecto.

Rosa Verd¨² y su equipo de gobierno mantuvieron las indemnizaciones, que aprobaron en julio de 1995, pese a que, en octubre de ese a?o, la entonces Consejer¨ªa de Administraci¨®n P¨²blica, hoy de Presidencia, advirti¨® de oficio sobre la ilegalidad de la actuaci¨®n. Tres meses m¨¢s tarde, en enero de 1996, los dos altos funcionarios renunciaron voluntariamente a cobrar las dietas. En marzo, el nuevo gobierno local acord¨® en pleno declarar lesivos para el inter¨¦s p¨²blico los pagos verificados y exigir en los tribunales la devoluci¨®n del dinero.