25 ancianos murieron en un asilo ilegal que el Gobierno valenciano toler¨® 7 meses

Durante sus 16 meses de funcionamiento, en la residencia Levante de Formentera de Segura (Alicante) murieron 25 de los 35 ancianos ingresados. La Consejer¨ªa de Bienestar Social de la Generalitat valenciana decidi¨® suspender cautelarmente la actividad del asilo en marzo de este a?o. Sin embargo, toler¨® su funcionamiento durante siete meses, hasta el 21 de octubre, pese a carecer de licencia municipal y de permiso de actividad de la Generalitat. La Consejer¨ªa ignor¨® estos hechos hasta que a instancias del Ayuntamiento realiz¨® una inspecci¨®n que concluy¨® con el cierre del asilo.

La residencia de la tercera edad Levante hizo caso omiso reiteradamente de los expedientes abiertos en su contra y pas¨® por encima de la falta de licencias de actuaci¨®n sin que la Generalitat Valenciana se decidiera a cerrarla. S¨®lo a requerimiento de los servicios sociales del Ayuntamiento de Formentera de Segura, tras las denuncias de trabajadoras del centro, el departamento de Bienestar Social, que dirige Carmen Mas, del PP, envi¨® a dos inspectores que, ante la evidencia de las malas condiciones de atenci¨®n, dictaron la orden de cierre el 21 de octubre pasado debido al "alto riesgo para la salud de los residentes", concediendo un margen de 48 horas para evacuar a los cinco ancianos que quedaban en la residencia. Tres de ellos se encuentran actualmente en residencias p¨²blicas -dos ten¨ªan una solicitud emitida antes del desalojo- y los otros dos han sido acogidos por familiares.Los contundentes informes emitidos por miembros del servicio de inspecci¨®n, elaborados el 20 de octubre, no dieron margen a la consejer¨ªa para seguir con el centro abierto. El documento subraya la ausencia de personal adecuado, concretamente la falta de cuidado "de facultativo alguno, m¨¦dico o ATS", desde junio, de las cinco personas que en ese momento estaban ingresadas, como recog¨ªa ayer el diario Informaci¨®n de Alicante.

El informe describe deficiencias en materia de seguridad por la ausencia de plan de emergencia, extintores, sistemas de detecci¨®n de fuegos o timbres de alarma en las habitaciones. Tampoco pasa por alto la incorrecta situaci¨®n del centro, que "est¨¢ ubicado p¨¦simamente en una zona de huerta, alejado del pueblo en m¨¢s de un kil¨®metro", la falta de calefacci¨®n o las barreras arquitect¨®nicas. Pero "especialmente grave" es el alto n¨²mero de muertes registradas. Como recoge el documento, seg¨²n la versi¨®n del marido de la propietaria de la residencia, Jos¨¦ Mar¨ªa Avil¨¦s, de los 35 ancianos ingresados, cinco se han dado de baja por diversos motivos, otros cinco contin¨²an y 25 han fallecido porque "ingresaron en muy mal estado". Ayer, sin embargo, Avil¨¦s rectific¨® y sostuvo que s¨®lo constan 11 expedientes de fallecidos, "todos ellos por causa de muerte natural". Tambi¨¦n rectific¨® el n¨²mero total de ancianos: 36 en vez de 35.

Seg¨²n el registro de altas y bajas, el ¨²ltimo en fallecer fue Ernest Porchet, que muri¨® el 12 de febrero, tres d¨ªas despu¨¦s de ingresar. La residencia no ten¨ªa tarifa fija: los precios oscilaban entre las 90.000 y las 130.000 pesetas mensuales

Las deficiencias del asilo eran conocidas al menos nueve meses antes del cierre. En marzo, Bienestar Social emiti¨® una resoluci¨®n firme de suspensi¨®n cautelar de actividades por "infracci¨®n muy grave". La propia direcci¨®n general de Servicios Sociales deneg¨® en una resoluci¨®n fechada el 21 de mayo la autorizaci¨®n administrativa de funcionamiento. Y el centro carec¨ªa de licencia municipal. Pero todas estas irregularidades fueron insuficientes para que la consejer¨ªa abordara el cierre.

La residencia de esta localidad, de unos 2.000 habitantes, no es la ¨²nica que carece de la autorizaci¨®n de Bienestar Social en Alicante. En una respuesta parlamentaria, Mas reconoci¨® el 25 de octubre la existencia de cuatro m¨¢s que siguen abiertas ya que "se encuentran en el ¨¢mbito de aplicaci¨®n" de la ley de servicios sociales, aprobada en 1997, que prev¨¦ hasta tres a?os para la "total adecuaci¨®n de la residencia a la normativa vigente", siempre que no afecten a los requisitos de "seguridad y bienestar de los ciudadanos".

Fuentes del servicio territorial de Bienestar Social en Alicante apuntan hacia las "¨®rdenes de paralizaci¨®n de la actividad inspectora" de la responsable del departamento como la ra¨ªz de la falta de control de las residencias privadas en la Comunidad Valenciana. La ley 5/97 de Servicios Sociales de la Generalitat, aprobada por la administraci¨®n popular durante la legislatura pasada, fijaba una cuota de 16 inspectores en las tres provincias valencianas. Dos a?os despu¨¦s, existen seis inspectores, los mismos que entonces.