El Gobierno valenciano redujo las exigencias para concertar con asilos

Hasta la llegada de la Administraci¨®n popular al Consell valenciano, toda residencia privada que concertara sus servicios con la Administraci¨®n ten¨ªa que cumplir con unos requisitos m¨¢s exigentes que la simple autorizaci¨®n: la acreditaci¨®n. La ley de Servicios Sociales aprobada en 1997 por el Gobierno presidido por Eduardo Zaplana elimin¨® esta figura e incluy¨® la posibilidad de mantener abiertos los centros con una autorizaci¨®n condicionada.

La Ley de Servicios Sociales 5/97 abri¨® la puerta al funcionamiento de residencias de la tercera edad a pesar de que no se adecuaran a las condiciones necesarias. En una disposici¨®n transitoria, la ley -que sustituy¨® una anterior de la Administraci¨®n socialista de 1989- otorga un plazo m¨¢ximo de hasta tres a?os para el cumplimiento de "determinados requisitos" para la total adecuaci¨®n de los centros "siempre que no afecten al bienestar y la seguridad de los usuarios", sobre los que la consejer¨ªa es el ¨²nico juez. De esta forma, residencias sin autorizaci¨®n firme prestan sus servicios sin que la Consejer¨ªa de Bienestar Social act¨²e sobre ellas por este motivo, como admiti¨® la propia responsable del departamento al referirse a la residencia Levante, de Formentera del Segura (Alicante), en la que murieron 25 de los 35 ancianos que se albergaron en ella durante los 16 meses que estuvo abierta. "El motivo del cierre no es tanto que no tuviera autorizaci¨®n, lo que podr¨ªa ser subsanable", afirm¨® Carmen Mas, "sino el hecho de que los ingresados requer¨ªan asistencia sanitaria y no hab¨ªa ning¨²n facultativo.En la provincia de Alicante funcionan sin permiso las residencias La casa de la primavera, en El Campello; Mediterr¨¢neo, tambi¨¦n en Formentera; Punta Margalla, en Torrrevieja, y Villa luna, en Villafranqueza. La propietaria de una de estas cinco residencias ilegales reconocidas y toleradas por la consejer¨ªa -a las que se suman otras cuya existencia ignora la Generalitat- abund¨® ayer en la "lentitud de los tr¨¢mites administrativos". Justific¨® la situaci¨®n pirata de su establecimiento al encontrarse en "tr¨¢mites de concesi¨®n" la autorizaci¨®n. La quincena de residentes que alberga est¨¢n "bien cuidados", si bien reconoce que al abrir estas cl¨ªnicas, "tienes que acoger a personas en situaci¨®n terminal".

Adem¨¢s de este asidero legal que la consejer¨ªa brinda a las residencias que incumplen las condiciones de autorizaci¨®n, la Administraci¨®n rebaj¨® el list¨®n de las exigencias a las que se deb¨ªan plegar las residencias que concertaban sus servicios con Bienestar Social. La normativa anterior exig¨ªa a estos centros cumplir con la figura legal de la acreditaci¨®n, que sumaba a los requisitos de la autorizaci¨®n, nuevas condiciones. Entre ellas, comunicar a la Direcci¨®n General de Servicios Sociales las altas y bajas de usuarios, disponer de un reglamento en el que figure la gesti¨®n democr¨¢tica del centro, los ¨®rganos de participaci¨®n, las normas de funcionamiento y una regulaci¨®n clara del precio de los servicios y del sistema de admisiones y bajas.

La Administraci¨®n popular suprimi¨® estas condiciones para concertar plazas e impuls¨® la relaci¨®n con las empresas privadas a trav¨¦s de los llamados "bonos-residencia". Este sistema consiste en una ayuda que recibe el usuario directamente para subvencionar los costes de su ingreso en una residencia privada. La medida se potenci¨® con el argumento de paliar las deficiencias de la red p¨²blica y de apoyar la libertad de elecci¨®n de los ancianos, con la intenci¨®n de que los residentes, a trav¨¦s de sus preferencias de centros privados, primaran a los mejores. Para el funcionamiento de este mercado libre de residencias, es fundamental el elevado n¨²mero de establecimientos privados, raz¨®n por la cual, fuentes sindicales apuntan a la relajaci¨®n de los servicios de inspecci¨®n. La dotaci¨®n presupuestaria asignada a este programa certifica la apuesta del Gobierno de Eduardo Zaplana por este sistema frente a la opci¨®n de invertir en residencias p¨²blicas. El bono-residencia recibir¨¢ en el a?o 2000 2.700 millones de pesetas frente a los 1.700 millones de este a?o.

La Comunidad Valenciana cuenta con 0,7 plazas en centros p¨²blicos por cada 100 personas mayores de 65 a?os, uno de los ¨ªndices m¨¢s bajos de todo el Estado, por debajo de la mitad de la ratio recomendada, cifrada en 1,5 por 100 mayores.