La pol¨ªtica y las cajas de ahorro
Si un fantasma recorre la percepci¨®n social sobre las cajas de ahorro en Espa?a, es el de su creciente identificaci¨®n con las fuerzas pol¨ªticas que gobiernan en las diferentes comunidades aut¨®nomas. Desde comienzos de la actual legislatura hasta hoy, estas empresas, que suponen en torno a la mitad del sistema bancario en Espa?a, no han dejado de ocupar un lugar destacado en los medios de comunicaci¨®n. Y casi siempre por motivos muy diferentes a la mejora de sus m¨¢rgenes o a sus decisiones estrat¨¦gicas para adaptarse al nuevo marco impuesto por el mercado ¨²nico.La reciente pol¨¦mica sobre la retribuci¨®n de los cargos pol¨ªticos electos en el grupo Cajamadrid, o la decisi¨®n de nombrar a un diputado de las Cortes Generales como presidente de la Caja Castilla-La Mancha han vuelto a poner de relieve el vigor de esta tendencia, la cual no puede considerarse ¨®ptima, al menos desde dos perspectivas complementarias.
La primera y m¨¢s obvia, por cuanto tantas y tan variadas declaraciones contradicen la m¨¢xima de que la banca se hace con poco dinero y mucha confianza. Es, sin duda, exagerado afirmar que esta casi permanente presencia medi¨¢tica relacionada con decisiones adoptadas por las fuerzas pol¨ªticas, o con opiniones expresadas por sus portavoces oficiosos, est¨¢ erosionando la confianza en unas empresas con un elevado nivel de fidelidad de sus clientes. Pero parece ilusorio pensar que tanta controversia no acabe por afectarla. En especial entre el segmento de clientes, actual y potencial, con mayor cultura financiera, para quienes esa creciente asociaci¨®n con un determinado partido pol¨ªtico puede acabar resultando inc¨®moda e incentivando el cambio de entidad.
Defender hoy, como hiciera Antonio Maura a comienzos del siglo, que "no puede estar lejano el d¨ªa en que todos los que se ocupan de la gobernaci¨®n del Estado sean considerados por la mayor¨ªa de la naci¨®n como una clase aparte, se?alada por su inferioridad en los principios de la moral" es una exageraci¨®n. Pero igualmente parece dif¨ªcil silenciar la modesta confianza de los ciudadanos en los dirigentes pol¨ªticos reflejada en los sondeos de opini¨®n. Contraponer frente a esa tozuda constataci¨®n indemostrables identificaciones de los clientes de una entidad con el proyecto de una fuerza pol¨ªtica, como ha hecho el se?or Hern¨¢ndez Molt¨®, es, como poco, un error; un fracaso en adaptar con rapidez las preconcepciones a la realidad.
La pol¨ªtica es, sin duda, el gran espacio com¨²n para la resoluci¨®n de los problemas colectivos. Pero mal que nos pese, hoy y aqu¨ª, para una destacada proporci¨®n de ciudadanos la pol¨ªtica es sin¨®nimo de aspiraciones menos elevadas. Ignorar esa realidad es el mejor camino para acabar siendo incapaz de transformarla. Quiz¨¢, pues, una parte de los ¨²ltimos eslabones de esta continua pol¨¦mica hubieran podido evitarse de haber elegido un vector de actuaciones diferente. Por ejemplo, declarando inelegibles para formar parte de los consejos de administraci¨®n a quienes desempe?an un cargo electo, como ocurre en la Comunidad Valenciana. O avanzando hacia una separaci¨®n n¨ªtida entre los campos de actuaci¨®n de las fuerzas pol¨ªticas y los de los ¨®rganos de gobierno de las entidades, compatible con unas relaciones fluidas con los ejecutivos regionales. O, tambi¨¦n, urgiendo la aplicaci¨®n del conjunto de recomendaciones del denominado Informe Olivencia, en especial los referidos a la profesionalidad e independencia de los consejeros y la vigilancia sobre los posibles conflictos de intereses.
El anterior no es el ¨²nico aspecto preocupante y quiz¨¢ no sea el m¨¢s importante a corto plazo. Hace ya tiempo, Fernando Basterra se?al¨® que en periodismo la semana pasada es arqueolog¨ªa, y un a?o se sit¨²a a parecida distancia de la que separa la estrella Betelgeuse de la Tierra. Esa percepci¨®n del tiempo, sin embargo, no parece la m¨¢s adecuada para evaluar la transformaci¨®n experimentada por la econom¨ªa espa?ola en los ¨²ltimos a?os, uno de cuyos rasgos decisivos ha sido la modernizaci¨®n de su sistema bancario. Debiera recordarse que todav¨ªa a mediados de los ochenta, tras una crisis del sector sin precedentes desde las ocurridas en Estados Unidos en los a?os treinta, en la cual las cajas experimentaron unas dificultades muy inferiores a las de la banca privada, las empresas bancarias segu¨ªan actuando en un marco fuertemente regulado. Y que no est¨¢ tan lejano el tiempo en que el imperio de un despotismo nada ilustrado condujo, junto a otras medidas no menos perniciosas para la eficiencia, al establecimiento de coeficientes obligatorios de inversi¨®n con la pretensi¨®n de fomentar el desarrollo.
Sin que sea posible comparar aquella nefasta etapa de supeditaci¨®n del sistema bancario a los intereses pol¨ªticos con las propuestas actuales de que las cajas act¨²en en aras al inter¨¦s general, es dudoso que el fomento del desarrollo econ¨®mico de una regi¨®n, o de un pa¨ªs, pueda lograrse a costa de alterar los criterios financieros de rentabilidad en las inversiones comunes a toda empresa bancaria. Las causas del desarrollo econ¨®mico han fascinado desde siempre a los economistas y constituyen, con todo motivo, una de las preocupaciones b¨¢sicas de los dirigentes pol¨ªticos. Sin embargo, como ha insistido reiteradamente Krugman, hoy como ayer, seguimos sin saber c¨®mo convertir a una econom¨ªa pobre en rica, o c¨®mo recuperar la magia del crecimiento una vez desaparecida. Pero s¨ª sabemos que, con muy escasas excepciones, entre las que no se encuentra el sistema bancario, intervenir el funcionamiento del mercado mediante mecanismos diferentes a la pol¨ªtica presupuestaria, en su sentido m¨¢s amplio, o de defensa de la competencia, no conduce a un aumento sostenido de la tasa de expansi¨®n del producto.
El conjunto del sistema bancario se enfrenta en Espa?a al reto de seguir aumentando su competitividad en un contexto dominado por la reducci¨®n de los m¨¢rgenes, la revoluci¨®n de las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y un nivel de competencia impensable hace s¨®lo pocos a?os. En el caso de las cajas de ahorro, esta continuada mejora de la competitividad, vinculable en no pocos casos a decisiones estrat¨¦gicas acerca del tama?o ¨®ptimo y a una adecuada cobertura de la inversi¨®n realizada, es la condici¨®n imprescindible para mantener su funci¨®n social, principal raz¨®n de su existencia.
Un buen n¨²mero de obras beneficosociales (OBS) exigen una mejora radical tanto en la transparencia como en la eficiencia de su actuaci¨®n. Tambi¨¦n en este punto, y desde posiciones pol¨ªticas diversas, se han vertido opiniones reclamando su mayor vinculaci¨®n a las preferencias sociales expresadas mediante las elecciones. ?ste es un aspecto ajeno a los criterios determinantes de las decisiones de inversi¨®n, en cuya discusi¨®n quiz¨¢ fueran m¨¢s ¨²tiles la discreci¨®n, la prudencia y el consenso interterritorial que la soberan¨ªa regional aludida por el ministro Piqu¨¦ al referirse a las retribuciones de los pol¨ªticos electos en el grupo Cajamadrid.
En cualquier caso, las mejoras en las OBS ser¨¢n irrelevantes si no cuentan con un presupuesto creciente. Lo cual, como no hace falta subrayar, depende de los beneficios obtenidos por la entidad bancaria de la cual dependen. Poner en peligro su aumento ininterrumpido, erosionando la confianza mediante la identificaci¨®n de su actividad con un proyecto pol¨ªtico o deteriorando su competitividad en base al convencimiento de poseer las claves de c¨®mo pueden impulsar el desarrollo regional, supone arriesgarse a debilitar no s¨®lo una pieza decisiva del sistema bancario en Espa?a, sino la herramienta b¨¢sica dentro de ¨¦ste para contribuir al fomento de la solidaridad. Quiz¨¢, pues, la discrecci¨®n y la prudencia debieran imponerse a tanta estridencia.
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