Un tercio de las residencias privadas de ancianos funciona sin autorizaci¨®n

Un total 64 de las 191 residencias de la tercera edad privadas de Comunidad est¨¢n abiertas sin contar con autorizaci¨®n oficial, seg¨²n datos facilitados ayer por la presidenta de Asociaci¨®n de Empresarios de Residencias de la Tercera Edad (AERTE), Brigitte Boghemans. "Ello no quiere decir que estos centros sean ilegales, pero s¨ª que est¨¢n pendientes obtener el permiso de Bienestar Social", dijo Boghemans, quien reclam¨® a la Consejer¨ªa que amplie sus plantillas de inspectores para acelerar los permisos o clausurar los que considere deficientes.

Boghemans indic¨® que AERTE, que se cre¨® en 1987, integra en la actualidad al 85% de las residencias de la Comunidad Valenciana, es decir 120 centros. Aparte de los asilos abiertos y que al mismo tiempo est¨¢n tramitando los permisos oficiales, Boghemans indic¨® que en la Comunidad existen al menos 1.500 plazas en diversas residencias de ancianos completamente clandestinas. Entre los afiliados a AERTE est¨¢ el asilo Levante, de la localidad de Formentera del Segura, donde el pasado a?o fallecieron 25 de los 35 ancianos acogidos. La presidenta de AERTE subray¨® que, aunque la asociaci¨®n no tiene competencias de inspecci¨®n, cuando un empresario decide afiliarse realizamos una revisi¨®n del centro para determinar si re¨²ne o no las m¨ªnimas condiciones. "Cuando la residencia Levante decidi¨® integrarse, salvo algunas deficiencias arquitect¨®nicas, s¨ª reun¨ªa esas condiciones", dijo. "Si posteriormente, se produjeron deficiencias en el apartado sanitario, ser¨¢ una responsabilidad, si la hubiere, del m¨¦dico", explic¨®. La presidenta de AERTE declin¨® pronunciarse sobre si en la mentada residencia se han producido irregularidades que pudieran derivar en responsabilidades penales. "Eso tendr¨¢ que decirlo el fiscal, y en principio ya ha dicho que no aprecia delito", dijo m¨¢s adelante.

Boghemans insisti¨® en que una de las claves de la actual indefinici¨®n del sector privado de residencias es la falta de inspectores de la Consejer¨ªa de Bienestar Social para visitar todos estos centros y conceder o no los permisos. "Con el actual n¨²mero de inspectores ( seis) es pr¨¢cticamente imposible atender todas las peticiones de apertura", subray¨®. "Conf¨ªamos en que la consejera cumpla con el compromiso adquirido en las Cortes, se cubran las vacantes y se aumente la plantilla hasta los 16 inspectores, seg¨²n se recoge en la ley ", a?adi¨®.

La presidenta de AERTE indic¨® que en los ¨²ltimos cuatro a?os, cuando la asociaci¨®n ha tenido una actividad plena, ha presentado una veintena denuncias a la Administraci¨®n sobre otras tantas residencias que, a su juicio, carec¨ªan de las m¨ªnimas condiciones para acoger ancianos. "Los resultados de esas denuncias han sido que la mitad de los centros cuestionados fueron clausurados", coment¨®.

M¨¦dico y ATS

Boghemans anunci¨® que la asociaci¨®n ha acordado proponer a la Consejer¨ªa de Bienestar Social que introduzca a partir del pr¨®ximo a?o la obligatoriedad de un m¨¦dico y un auxiliar de enfermer¨ªa propio en todos los centros que reciban subvenciones p¨²blicas a trav¨¦s del sistema del cheque-residencia. "Consideramos que de esta forma estar¨ªa mejor garantizado el apartado de asistencia m¨¦dica en las residencias". "La propuesta es una iniciativa de la asociaci¨®n, porque entre nuestros objetivos, est¨¢ mejorar la calidad del servicio que prestamos, y en principio ha sido bien recibida por la Consejer¨ªa", a?adi¨®.

Por ¨²ltimo, Boghemans asegur¨® que la pol¨¦mica suscitada en los ¨²ltimos d¨ªas sobre las presuntas irregularidades en el funcionamiento de las residencias privadas de la Comunidad est¨¢ afectando negativamente al sector. "Es evidente que en los ¨²ltimos d¨ªas estamos en el ojo del hurac¨¢n", asever¨®. "Pero hay que tener en cuenta que no s¨®lo es un problema de los empresarios, sino de toda la sociedad, incluidos los familiares de los ancianos que han ser m¨¢s celosos a la hora de internar a sus mayores", se?al¨®. Boghemans tambi¨¦n alert¨® que en muchos casos se trata de un problema de legislaci¨®n. "Cuando yo abr¨ª mi residencia, tuve que atenerme a la normativa europea ante el vac¨ªo que hab¨ªa en Espa?a en materia de servicios sociales", concluy¨®.