El reglamento de la Ley de V¨ªctimas del Terrorismo reduce las indemnizaciones a los secuestrados

El borrador del reglamento del Gobierno que desarrolla la Ley de V¨ªctimas del Terrorismo deja sin indemnizaci¨®n a las v¨ªctimas por detenci¨®n ilegal -personas retenidas contra su voluntad pero por cuya libertad no se solicita rescate o se pone condici¨®n alguna- y reduce a un mill¨®n de pesetas, m¨¢s 50.000 pesetas por cada d¨ªa de secuestro, la indemnizaci¨®n para las personas retenidas bajo condici¨®n. Seg¨²n la proposici¨®n de ley, aprobada un¨¢nimemente por las Cortes en septiembre pasado, las v¨ªctimas de secuestro pod¨ªan percibir una compensaci¨®n m¨¢xima de hasta seis millones.

El PSOE, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) e Izquierda Unida (IU) han llamado la atenci¨®n por estas "deficiencias", pero admiten que el texto del Gobierno recoge aspectos claves de la proposici¨®n de ley, como que la indemnizaci¨®n ser¨¢ reconocida a las v¨ªctimas aunque no medie resoluci¨®n judicial. Basta con un mero procedimiento de investigaci¨®n de los hechos delictivos.El Ejecutivo hizo p¨²blico ayer el reglamento que ha remitido al Consejo de Estado para que emita un dictamen que, seg¨²n fuentes gubernamentales, est¨¢ previsto que se publique antes de la disoluci¨®n de las Cortes para que el Consejo de Ministros lo apruebe con celeridad. Una vez aprobado el reglamento, las v¨ªctimas del terrorismo podr¨¢n cobrar sus indemnizaciones pasados seis meses.

Margarita Ur¨ªa, portavoz del PNV en la C¨¢mara baja, se?al¨® que le hubiera gustado que el reglamento hubiera sido m¨¢s flexible con las detenciones ilegales, pero conf¨ªa en que el clima pol¨ªtico favorecer¨¢ un dictamen a¨²n m¨¢s amplio del Consejo de Estado. Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, responsable socialista de relaciones con los medios, reconoci¨® que este aspecto se introdujo en la proposici¨®n de ley en los ¨²ltimos momentos de la negociaci¨®n, con lo que la reglamentaci¨®n no lo ha tenido en cuenta. No obstante, admiti¨® que las l¨ªneas generales de la proposici¨®n de ley estaban recogidas.

En este sentido, todos los partidos consultados daban especial importancia a que se mantenga el enunciado general de la proposici¨®n de ley; esto es, que podr¨¢n acceder a una indemnizaci¨®n "las v¨ªctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o en grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana". P¨¦rez Rubalcaba destac¨® que con este texto el Gobierno se compromete a indemnizar a los familiares de los abogados laboralistas asesinados en la calle Atocha en enero de 1977, as¨ª como a todas las v¨ªctimas de las actuaciones de la extrema derecha durante la transici¨®n democr¨¢tica.

En este sentido, el reglamento mantiene que las indemnizaciones se podr¨¢n percibir por hechos acaecidos a partir del 1 de enero de 1968, a?o en el que ETA perpetr¨® su primer asesinato y los grupos de extrema derecha intensificaron su actividad.Otro aspecto positivo que destacaron los partidos fue que la indemnizaci¨®n ser¨¢ reconocida a las v¨ªctimas o sus herederos que acrediten una resoluci¨®n judicial, una resoluci¨®n administrativa e incluso un reconocimiento de resarcimiento o pensi¨®n extraordinaria como v¨ªctima de terrorismo o la incoaci¨®n de un procedimiento para investigar los hechos delictivos que padecieron. De esta manera, el reglamento mantiene el esp¨ªritu de amplitud que se recog¨ªa en la proposici¨®n de ley.

La norma dada a conocer ayer respeta, con la excepci¨®n de los casos de secuestro, las indemnizaciones establecidas en la proposici¨®n de ley: 65 millones por gran invalidez; 16 millones por incapacidad permanente absoluta, ocho millones por incapacidad permanente total, seis millones por incapacidad permanente parcial y 23 millones por fallecimiento.

Asimismo, el reglamento determina tambi¨¦n que la indemnizaci¨®n por secuestro ser¨¢ incompatible con la percepci¨®n de resarcimientos por lesiones permanentes no invalidantes previstas para las v¨ªctimas en el reglamento.

Por ¨²ltimo, los grupos de oposici¨®n resaltaron que el reglamento respeta la decisi¨®n de la proposici¨®n de ley de indemnizar a las parejas de hecho, aunque la convivencia deber¨¢ ser demostrada mediante un certificado de convivencia en domicilio com¨²n que tendra que ser expedido por una "autoridad municipal competente".