La nueva Ley de Aguas da v¨ªa libre a la compraventa de derechos entre particulares

La reforma de la Ley de Aguas por la que apost¨® el PP nada m¨¢s ganar las elecciones recibi¨® ayer el visto bueno definitivo del Parlamento, cuatro meses antes de que concluya la legislatura. Pese a contar con el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos, el Gobierno no ha conseguido sacar adelante el mercado del agua, pero su norma abre la puerta a que se comercie libremente con los derechos de concesi¨®n, con ciertas excepciones, como el impacto negativo en los ecosistemas acu¨¢ticos y la prohibici¨®n de vender agua de consumo humano (preferencial) para usos industriales o agr¨ªcolas.

Los partidarios de liberalizar sin cortapisas el mercado del agua no han ganado la batalla, pero ven con optimismo la rendija abierta para eliminar la rigidez que la Ley de Aguas socialista de 1995 hab¨ªa establecido en el r¨¦gimen de concesiones para usar o consumir el agua.Esta rendija es suficientemente amplia como para que los socialistas anunciaran ayer mismo que, si ganan las elecciones en marzo pr¨®ximo, volver¨¢n a cambiar el texto aprobado por el Congreso, seg¨²n manifest¨® su portavoz, V¨ªctor Morl¨¢n.

El principal punto de discordia entre socialistas e IU, de un lado, y el Gobierno, del otro, se centra en la legalizaci¨®n de la venta de agua. La reforma aprobada establece que "los concesionarios de alg¨²n derecho al uso privado de agua podr¨¢n ceder con car¨¢cter temporal a otro concesionario o titular de derecho de igual o mayor rango [entre regantes o de regantes a sistemas de abastecimiento urbanos, por ejemplo], previa autorizaci¨®n administrativa, la totalidad o parte de los derechos de uso que les corresponden".

De este mercado quedan excluidos expresamente aquellos usuarios que posean concesiones para usar el agua sin consumirla propiamente, como es el caso de las compa?¨ªas hidroel¨¦ctricas. Esta exclusi¨®n se incorpor¨® al borrador de ley que hab¨ªa preparado el Ministerio de Medio Ambiente cuando la oposici¨®n y las organizaciones agrarias y ecologistas denunciaron que, en caso de no hacerlo, todo el control sobre el agua quedar¨ªa en poder de las el¨¦ctricas, ya que son las titulares de los derechos de las aguas almacenadas en los mayores embalses que hay en Espa?a.

Los particulares tendr¨¢n libertad para fijar el precio de venta. Desde el momento en que suscriban el contrato disponen de 15 d¨ªas para remitir una copia a la comunidad de regantes de la que formen parte y a la confederaci¨®n hidrogr¨¢fica correspondiente. El contrato ser¨¢ v¨¢lido si la confederaci¨®n no pone ninguna objeci¨®n pasado un mes, en el caso del primer supuesto (regantes de la misma comunidad de usuarios), y al cabo de dos meses en los dem¨¢s supuestos.

En el caso de que las autoridades no autoricen un contrato deber¨¢n motivar su rechazo dentro de los plazos antes indicados, bien porque afecte negativamente a los recursos h¨ªdricos de la cuenca, a los derechos de terceros o a los caudales medioambientales. En ning¨²n caso esta desautorizaci¨®n dar¨¢ derecho alguno a indemnizaci¨®n por parte de los afectados. Como en las subastas de bienes culturales, las autoridades de las cuencas fluviales podr¨¢n ejercer el derecho de adquisici¨®n preferente de los caudales puestos a la venta y rescatarlos as¨ª de su uso privado.

Aunque la ley indica que el precio de la compraventa se fijar¨¢ libremente entre los contratantes y obliga a que se explicite en el contrato, dice tambi¨¦n que "podr¨¢ establecerse un importe m¨¢ximo". El secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco, ha llegado a situar ese m¨¢ximo en torno a las 60 pesetas por metro c¨²bico, que es la cotizaci¨®n que alcanza el agua en el mercado negro del sureste.

Por iniciativa de la oposici¨®n, la ley prev¨¦ la constituci¨®n de bancos de agua o "centros de intercambios de derechos de uso" que tendr¨¢n que ser aprobados por el Consejo de Ministros. Esta experiencia se puso en marcha en California durante las fuertes sequ¨ªas de los a?os ochenta y permiti¨® la cesi¨®n de agua de los agricultores a las ciudades para que no sufrieran restricciones, con la intermediaci¨®n de las autoridades del agua.

En el caso espa?ol ser¨¢n las confederaciones hidrogr¨¢ficas las ¨²nicas autorizadas a realizar ofertas p¨²blicas de adquisici¨®n (OPA) de derechos de aguas para posteriormente cederlos a otros usuarios "mediante el precio que el propio organismo oferte". Las comunidades aut¨®nomas podr¨¢n solicitar que se creen bancos de agua para atender necesidades de su propio territorio.

La reforma de la Ley de Aguas est¨¢ marcada por los graves desabastecimientos que afectaron a m¨¢s de once millones de espa?oles durante la ¨²ltima sequ¨ªa. Con ese antecedente, y con la desinformaci¨®n que existe sobre d¨®nde y cu¨¢nta agua se consume, la ley establece la obligaci¨®n general de medir los consumos de agua, bien con contadores homologados como los utilizados en los domicilios particulares, bien mediante la fijaci¨®n de consumos de referencia para regad¨ªos.

Tambi¨¦n ser¨¢ obligatoria la implantaci¨®n de contadores en las industrias y ayuntamientos que viertan aguas residuales a los cauces de dominio p¨²blico.