El agua de todos

EN UN pa¨ªs como Espa?a, sometido a un r¨¦gimen pluviom¨¦trico extremadamente irregular, con zonas excedentarias de agua y otras gravemente deficitarias, todo lo referente al l¨ªquido elemento tiene un efecto social considerable. Se trata de un bien globalmente escaso, necesitado cada vez m¨¢s de un uso racional, eficiente y accesible a todos sus potenciales consumidores. A ello intenta responder la nueva Ley de Aguas que acaba de aprobar definitivamente el Parlamento, en sustituci¨®n de la de 1985. Su aprobaci¨®n deber¨ªa servir para poner en marcha el Plan Hidrol¨®gico, indispensable para regular la disponibilidad de recursos entre las diversas cuencas, pero aparentemente postergado por el Partido Popular desde su llegada al poder, en 1996.La nueva ley no cuestiona el car¨¢cter de recurso de dominio p¨²blico del agua. Parte de este principio para introducir una serie de mecanismos que faciliten su acceso a todos, en igualdad de condiciones y sin privilegios. El m¨¢s novedoso, al tiempo que controvertido, es el establecimiento de un mercado regulado de agua que permita la venta temporal de los derechos concesionales entre unos usuarios y otros. Esta compraventa de excedentes de agua entre particulares, sometida a tutela administrativa, cuenta con el rechazo de los socialistas, que han anunciado su supresi¨®n si ganan las pr¨®ximas elecciones. Existe, desde luego, el riesgo de que los avispados de siempre intenten hacer negocio al amparo de concesiones administrativas, pero, en principio, parece razonable que una medida as¨ª contribuya a flexibilizar la cesi¨®n de agua en tiempos de sequ¨ªa y a evitar su despilfarro. En todo caso, que las compa?¨ªas hidroel¨¦ctricas, poseedoras de los derechos sobre los grandes embalses, hayan sido excluidas de ese mercado constituye un ¨¦xito de la oposici¨®n frente a los iniciales prop¨®sitos del Gobierno.

De la oposici¨®n es tambi¨¦n la idea, acogida por la mayor¨ªa, de posibilitar la creaci¨®n de bancos de agua o "centros de intercambios de derechos de uso", previa aprobaci¨®n por el Consejo de Ministros, para resolver o paliar los problemas de abastecimiento en tiempos de sequ¨ªa. No cabe duda de que estas transferencias, debidamente gestionadas por las autoridades, van en la l¨ªnea de la solidaridad y la racionalidad. La nueva ley contiene otros aspectos positivos, como la obligaci¨®n de instalar contadores individuales para medir todo tipo de consumos, y recoge muchas de las inquietudes medioambientales asumidas por la sociedad, como una m¨¢s amplia aplicaci¨®n del principio "quien contamina paga". Pero, en buena medida, el ¨¦xito de la ley depender¨¢ de la capacidad de los poderes p¨²blicos para hacerla cumplir y evitar que los resquicios abiertos en la liberalizaci¨®n de uso del agua sean puerta de entrada del trapicheo y la corruptela.