El Tribunal de Cuentas prueba que el alcalde de Oviedo contrataba salt¨¢ndose la legalidad

El Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por el PP, realiz¨® contrataciones en 1994 y 1995 salt¨¢ndose principios legales, asignando ofertas a adjudicatarios escogidos de antemano y, en ocasiones, bas¨¢ndose en decisiones del alcalde sin que ¨¦ste estuviera facultado por el pleno de la corporaci¨®n, seg¨²n una fiscalizaci¨®n del Tribunal de Cuentas. En un informe remitido a las Cortes, constata que el Ayuntamiento presidido por De Lorenzo hizo contrataciones "de forma an¨®mala, incumpli¨¦ndose en la tramitaci¨®n de los expedientes y en la ejecuci¨®n de los contratos los principios legalmente establecidos".

El informe de fiscalizaci¨®n, aprobado por unanimidad en el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 24 de noviembre, describe un panorama plagado de "deficiencias e irregularidades" en las contrataciones, pero tambi¨¦n en otros aspectos del funcionamiento del Ayuntamiento ovetense, gobernado por De Lorenzo desde 1991. As¨ª, por ejemplo, el tribunal se?ala que "en la concesi¨®n del servicio de cementerios se observa la insuficiente justificaci¨®n en beneficio del inter¨¦s p¨²blico para acudir al cambio de gesti¨®n (...), la ausencia de actuaciones municipales que (...) hubieran permitido fijar, con car¨¢cter previo a su contrataci¨®n, los criterios econ¨®micos, t¨¦cnicos y de utilizaci¨®n a efectos de obtener una concreta definici¨®n de la operaci¨®n a realizar y la debida garant¨ªa en relaci¨®n con los usuarios".El Tribunal de Cuentas se?ala que fue la Comisi¨®n de Gobierno municipal, en 1994 y 1995, la que "con car¨¢cter general" realizaba las contrataciones, "sin que resultara acreditada su competencia (...). Tambi¨¦n se observan expedientes en los que actu¨® indebidamente el alcalde [Gabino de Lorenzo] sin la oportuna delegaci¨®n del pleno".

El tribunal deja amplia constancia de que "los principios de publicidad y concurrencia resultaron conculcados en la selecci¨®n de los contratistas". La fiscalizaci¨®n llevada a cabo descubri¨® "la realizaci¨®n de obras y prestaci¨®n de servicios, asistencias y suministros prescindiendo de la tramitaci¨®n contractual legalmente procedente y/o careciendo de la oportuna consignaci¨®n presupuestaria, por lo que tuvieron que ser objeto de reconocimiento extrajudicial de cr¨¦ditos".

El Tribunal de Cuentas acredita que, en algunos casos, hubo una clara "predeterminaci¨®n del adjudicatario" de los contratos y en otros hubo "elevaci¨®n [en las bases de ejecuci¨®n del Presupuesto] del l¨ªmite cuantitativo para poder acudir a la contrataci¨®n directa de obras de inversi¨®n hasta los 75 millones de pesetas", veinticinco millones por encima de lo autorizado en la legislaci¨®n de aqu¨¦l momento. El tribunal llama la atenci¨®n acerca del "reducido n¨²mero de profesionales invitados para los contratos de redacci¨®n de proyectos y direcci¨®n de obras, en contraste con la amplia lista resultante de las convocatorias p¨²blicas realizadas, as¨ª como la falta de constancia de las invitaciones en ciertos casos y la ausencia de registro de entrada de las proposiciones presentadas". El tribunal a?ade que "se vulner¨® el principio de transparencia administrativa al no se?alar en los pliegos los criterios que servir¨ªan de base para la adjudicaci¨®n de los concursos, aumentando con ello la discrecionalidad en la valoraci¨®n de las ofertas".

La fiscalizaci¨®n detect¨® en la corporaci¨®n ovetense una falta de control interno en la gesti¨®n de la contrataci¨®n que conduc¨ªa a "la intervenci¨®n de ¨®rganos de contrataci¨®n incompetentes, la redacci¨®n de pliegos con cl¨¢usulas contrarias a Derecho, la indeterminaci¨®n del objeto en algunos contratos" y "la formaci¨®n de la Mesa de Contrataci¨®n con miembros distintos de los establecidos legalmente sin constar la oportuna delegaci¨®n", entre otras irregularidades.

El Tribunal de Cuentas llama tambi¨¦n la atenci¨®n sobre las anomal¨ªas en las retribuciones a los empleados del Ayuntamiento, que superaban y a veces infring¨ªan lo establecido en las leyes. As¨ª, en 1994, mientras los Presupuestos Generales determinaban una congelaci¨®n salarial, los incrementos en el Ayuntamiento de Oviedo fueron del 3,1% m¨¢s 40.6000 pesetas anuales por empleado. En agosto de 1994 y de 1995, el Ayuntamiento dio bolsas de vacaciones a cada funcionario por importe de 52.900 pesetas y 56.262 pesetas, respectivamente, remuneraciones no previstas en la reforma de la Ley de la Funci¨®n P¨²blica (1984).

Asimismo el Ayuntamiento de Oviedo otorg¨®, sin que est¨¦ previsto en la ley de financiaci¨®n de partidos, subvenciones a los grupos pol¨ªticos representados en la corporaci¨®n -cerca de 15 millones de pesetas en 1994 y casi diez millones en 1995-.

Aunque el tribunal reconoce que en a?os posteriores el Ayuntamiento de Oviedo "ha subsanado una parte de las deficiencias e irregularidades" detectadas, la lista de recomendaciones que le hace muestra una multitud de aspectos en los que la corporaci¨®n no cumpl¨ªa la legalidad y practicaba la "discrecionalidad".

Ayer, la Comisi¨®n Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas rechaz¨®, por 21 votos frente a 19 y una abstenci¨®n, ampliar la fiscalizaci¨®n del Ayuntamiento de Oviedo al periodo 1996-1998, y en especial a la empresa municipal Gesuosa. La diputada popular Alicia Castro adujo que la petici¨®n de esa fiscalizaci¨®n forma parte de una estrategia "suicida y vil" del PSOE contra el "veredicto contundente de la ciudadan¨ªa" al ratificar a De Lorenzo en las elecciones del 13 de junio.