El ¨²ltimo damnificado de la colza cobrar¨¢ en el 2005 y sin intereses

El ¨²ltimo de los m¨¢s de 20.000 damnificados por el envenenamiento masivo por aceite de colza desnaturalizado, producido en 1981, no percibir¨¢ su indemnizaci¨®n hasta el a?o 2005, siempre que los tr¨¢mites de ejecuci¨®n de sentencia se aceleren en los pr¨®ximos meses. El presidente de la sala, Siro Francisco Garc¨ªa, cree que esa lentitud es "jur¨ªdicamente obligada". Adem¨¢s, por ser el Estado el que paga, las indemnizaciones tard¨ªas no se incrementar¨¢n con el pago de intereses.

Carmen Justicia, oficial de la Audiencia Nacional, trata de ser coherente con su apellido al frente de los ocho funcionarios que tramitan la ejecuci¨®n de las sentencias de la colza -firmes desde 1997-, en la oficina del s¨ªndrome t¨®xico dedicada espec¨ªficamente a este fin. Justicia tiene ordenados los procedimientos de indemnizaci¨®n en carpetas verdes (los m¨¢s r¨¢pidos, porque no se discute el importe), amarillas (en los que hay desacuerdo sobre los pretendidos descuentos en los pagos) y rojas (los m¨¢s lentos, porque hay controversia sobre las calificaciones m¨¦dicas a los afectados).Pero el importe pagado hasta finales de octubre a 1.643 afectados, sobre los m¨¢s de 20.000 reconocidos judicialmente, es de 32.657 millones de pesetas, del total de medio bill¨®n adeudado por el Estado. Los c¨¢lculos m¨¢s optimistas, realizados desde la oficina del s¨ªndrome t¨®xico, sit¨²an los ¨²ltimos pagos dentro de m¨¢s de cinco a?os, aun contando con que la dedicaci¨®n exclusiva de los funcionarios a la tramitaci¨®n de las indemnizaciones va a permitir, a partir de este mes de diciembre, duplicar el n¨²mero de indemnizaciones mensuales resueltas, que hasta ahora no superaba las 250.

La lentitud de la ejecuci¨®n judicial, exasperante para los afectados por un envenenamiento ocurrido ?hace 18 a?os!, parece ejemplar a los magistrados de la sala, dado su car¨¢cter masivo. Su presidente, Siro Francisco Garc¨ªa -ponente de la primera sentencia, de 1989, tras a?o y medio de juicio en la madrile?a Casa de Campo-, afirma que es "una lentitud jur¨ªdicamente obligada".

Seguridad jur¨ªdica lenta

Siro Garc¨ªa explica que podr¨ªa lograrse m¨¢s rapidez "mediante una mayor dotaci¨®n de medios materiales y humanos, por ejemplo, m¨¢s magistrados para resolver los recursos, pero ser¨ªa con el coste de una menor seguridad jur¨ªdica, porque no se aplicar¨ªan los mismos criterios".

El magistrado recuerda que,tras el juicio, los afectados gritaban que no quer¨ªan indemnizaciones, sino penas m¨¢s altas para los culpables, mientras que ahora los mayores conflictos de la ejecuci¨®n se refieren a las controversias sobre la calificaci¨®n m¨¦dica, con una importante repercusi¨®n sobre la indemnizaci¨®n. Una incapacidad parcial permanente significa 25 millones, mientras que una gran invalidez se indemniza con 90 millones.

La sala que preside Siro Garc¨ªa, de la que es ponente Manuela Fern¨¢ndez Prado, sigue en este punto el criterio de los dos forenses. Uno de ellos, Jes¨²s S¨¢nchez Morales, se?ala que en un 40% se da la raz¨®n a los afectados que alegan una evoluci¨®n desfavorable de la enfermedad. "Y en alg¨²n caso excepcional", recuerda, "hemos informado de que en lugar de una incapacidad total para su trabajo [40 millones], el afectado ten¨ªa una incapacidad absoluta para todo trabajo [70 millones]".

El tribunal no da prioridad a los enfermos m¨¢s graves para que cobren antes de que se mueran. "Si adelantamos el n¨²mero de registro de alg¨²n afectado nos matan", dice Carmen Justicia. El abogado de un importante n¨²mero de afectados, Antonio Garc¨ªa de Pablos, confirma el "orden riguroso" con que se tramitan las indemnizaciones, que ha forzado la financiaci¨®n bancaria colectiva para adelantar los importes en algunos casos. Los abogados consiguieron que no se descontaran de la indemnizaci¨®n final las ayudas familiares prestadas en su d¨ªa a los enfermos, como quer¨ªa el abogado del Estado.

La sala no admite el abono de intereses a cambio de un pago m¨¢s tard¨ªo de la indemnizaci¨®n. Se basa en que cuando, como en este caso, paga el Estado (responsable civil subsidiario), s¨®lo se abonan intereses si el Tesoro tarda m¨¢s de tres meses en pagar una vez firme la decisi¨®n judicial. Garc¨ªa de Pablos recuerda el precedente de las indemnizaciones por el incendio de la madrile?a discoteca Alcal¨¢ 20, en 1983, en el que se llev¨® hasta el Tribunal Constitucional la reclamaci¨®n de intereses, sin ¨¦xito. Sin embargo, algunos abogados lo est¨¢n volviendo a plantear en este caso, lo que obligar¨¢ a resolver los recursos.

200 fuera del ordenador

La federaci¨®n de afectados por el s¨ªndrome t¨®xico contabiliza, por su parte, unos 200 enfermos por el envenenamiento de la colza, seg¨²n listas oficiales sanitarias, pero que no constan en el ordenador de la Audiencia Nacional, por lo que quedan excluidos de las indemnizaciones en tr¨¢mite.

Mercedes Garc¨ªa, presidenta de la asociaci¨®n de M¨®stoles (Madrid), en donde hay 19 de estos afectados, dice que las entidades ministeriales aducen que no pueden presionar a la justicia, "que en este caso es la injusticia", asegura. Se han dirigido al Defensor del Pueblo, que tramita quejas por este motivo y por la lentitud de las indemnizaciones.