El rigor ha huido del PP

La pol¨ªtica de privatizaciones en Espa?a ha modificado la estructura de poder econ¨®mico, desplazando ¨¦ste hacia grupos con los que los m¨¢s destacados dirigentes del PP vienen desde anta?o articulando intereses. Pese a su trascendencia, esta operaci¨®n pas¨® casi desapercibida ya que la opacidad de su materializaci¨®n no desencaden¨® graves controversias. Algo parecido ocurri¨® cuando el Gobierno procedi¨® a modificar el IRPF. El triunfo del planteamiento regresivo sobre el progresivo, aunque no estuvo oculto, tampoco origin¨® un coste pol¨ªtico significativo al PP.Las primeras cr¨ªticas que el PP recibi¨®, como consecuencia de sus decisiones de pol¨ªtica econ¨®mica, aparecen cuando el Gobierno de Aznar estableci¨® por Ley que los costes de transici¨®n a la competencia (CTC) de las el¨¦ctricas eran un derecho. Muchos ciudadanos volvieron a ver en "el bill¨®n de las el¨¦ctricas" ese grosero mecanismo por el que se transfer¨ªan recursos p¨²blicos hacia aquellos sectores con los que el PP desde antiguo ven¨ªa cultivando afinidades.

Un aldabonazo de intensidad inusitada se ha dejado sentir cuando se han conocido los beneficios desproporcionados y escandalosos que van a recibir un conjunto de gestores de una empresa recientemente privatizada; seleccionados a trav¨¦s de ignotos criterios se pretende que nunca se sepa ni la identidad de los mismos, ni la cuant¨ªa de los ingresos que por la v¨ªa de las opciones sobre acciones (stock options), obtendr¨¢n. Como un reguero de p¨®lvora se ha extendido la idea de que en esta ocasi¨®n nos encontramos muy alejados de una situaci¨®n en la que los denominados vicios privados van a cristalizar en virtudes p¨²blicas.

Conscientes de que el derecho de opci¨®n se encuentra en estado virgen propusimos al Parlamento que ¨¦ste fuera correctamente encauzado y regulado. Vistas las lagunas detectadas los parlamentarios socialistas nos mostramos partidarios de una normativa precisa, detallada y ponderada que incidiera en la mayor¨ªa de los problemas que han ido detect¨¢ndose. Para nosotros, el sistema de mercado ha de ser un sistema de justicia en el que no pueden quedar desdibujados los l¨ªmites de la responsabilidad. En el que la leg¨ªtima defensa del inter¨¦s personal ha de ir acompa?ada de l¨ªmites y obligaciones c¨ªvicas. Buscamos, para ello, un inter¨¦s personal instruido, que admita que los derechos de propiedad no son absolutos, ni incondicionales y, sobre todo, que son compatibles con el respeto de otros derechos por parte de los dem¨¢s ciudadanos.

La pretensi¨®n de que se construya un r¨¦gimen jur¨ªdico, para el derecho de opci¨®n, ha tropezado con la oposici¨®n del Gobierno quien con reiteraci¨®n ha sostenido el car¨¢cter privado de esta cuesti¨®n situ¨¢ndola, tan s¨®lo, en el ¨¢mbito del buen gobierno de las empresas, con lo que se eximia a s¨ª mismo de cualquier responsabilidad respecto de ¨¦l. Ha sido el vicepresidente y ministro de Econom¨ªa, quien ha liderado este posicionamiento, en cuya defensa se le ha visto huir de la b¨²squeda de una soluci¨®n equilibrada y equitativa, para pasar a observar como un mero espectador, una operaci¨®n que ni quiere evitar, ni quiere regular. Su soluci¨®n se ha limitado a proponer "dos art¨ªculos que est¨¢n en el Senado" que hagan m¨¢s transparente el gobierno de las empresas y el sistema de retribuci¨®n.

Planteado el problema de esta forma, la soluci¨®n al mismo se encuentra en analizar esos dos art¨ªculos que Rato ha enviado al Senado, para ver si su contenido logra restaurar el equilibrio perdido y reducir la alarma que se ha instalado entre los ciudadanos. A esa propuesta habr¨ªa, adem¨¢s, que exigirle rigor y seriedad. Virtudes que -aunque quiz¨¢s Rato no sepa- est¨¢n junto a la raz¨®n en el origen de la pol¨ªtica moderna. Conjugarlas implica abordar este asunto desde las m¨¢s amplias perspectivas sociales. La raz¨®n no puede ser bruscamente sustituida por el mercado, puesto que resultar¨ªa muy evidente que -en este caso- ello conllevar¨ªa serias concesiones al poder y al dinero.

Visto el contenido de la propuesta de Rato, hay que decir que ha frustrado cualquier pretensi¨®n equilibradora, puesto que no va m¨¢s all¨¢ de ser una regulaci¨®n deficiente, enga?osa y deliberadamente confusa, en la que s¨®lo se modifica someramente la Ley del Mercado de Valores y la de Sociedades An¨®nimas. Y en la que, aunque no se cita, se contempla expresamente la situaci¨®n de Telef¨®nica.

La modificaci¨®n de la Ley del Mercado de Valores diferencia el r¨¦gimen jur¨ªdico de los administradores del que se fije para los directivos. El r¨¦gimen mercantil de los administradores exige que los estatutos de la sociedad provean expresamente un sistema de retribuciones vinculado al valor de las acciones, que ser¨¢ aprobado en su Junta General y comunicado a la CNMV. Dicha informaci¨®n ser¨¢ detallada e individualizada. Los directivos s¨®lo habr¨¢n de tener el acuerdo de la junta. Los datos que, sobre ellos, se incorporen al folleto registrado en la CNMV, podr¨¢n estar agregados. Adem¨¢s, el Gobierno desarrollar¨¢ reglamentariamente el plazo, la forma y el alcance de esta comunicaci¨®n.

Pues bien, si la transparencia es el mejor desinfectante que puede emplearse para hacer frente al esc¨¢ndalo, a la agresividad, al culto a la apropiaci¨®n y al abuso, es posible sostener que las enf¨¢ticas manifestaciones que, en su favor, se han escuchado las ¨²ltimas semanas, por boca de dirigentes del PP, no se han visto reflejadas en las enmiendas presentadas por este partido en el Senado. Una vez m¨¢s, ha triunfado la opacidad y el deseo de proteger a tan desproporcionadas percepciones.

El caso particular de Telef¨®nica, est¨¢ siendo salvaguardado a trav¨¦s de otra enmienda, la segunda de las anunciadas por Rato, que a?ade un nuevo p¨¢rrafo a la Ley de Sociedades An¨®nimas, en donde se dice que "el ejercicio y la enajenaci¨®n de los derechos de opci¨®n sobre acciones concedidas antes del 1 de enero del a?o 2000, a los administradores de una sociedad cotizada en bolsa en ejecuci¨®n de sistemas de retribuci¨®n de la misma, en el supuesto en que no est¨¦ expresamente prevista en los Estatutos Sociales esta remuneraci¨®n, requerir¨¢ en todo caso la previa aprobaci¨®n de la Junta General de Accionistas". La intenci¨®n de subsanar la laguna estatutaria y, en consecuencia, la irregularidad cometida, es evidente.

Las cosas no quedan ah¨ª, si los directivos enajenaran derechos de opci¨®n sobre acciones concedidos antes del 1 de enero del 2000 "precisar¨¢n en todo caso de la previa aprobaci¨®n de la Junta General de Accionistas en el supuesto de que la mencionada concesi¨®n no hubiera sido expresamente aprobada por esta ¨²ltima". Ahora, lo que se subsana es la carencia de un acuerdo que debi¨® tomar, en su momento, la junta de accionistas.

Una condusi¨®n quiero extraer. Siempre he cre¨ªdo que los conservadores espa?oles eran pol¨ªticamente un producto escasamente sofisticado. Hoy me ratifico en ello. En este asunto, que han pretendido presentar como el clich¨¦ de los tiempos modernos, el PP no ha hecho otra cosa que legalizar el fraude, cubriendo una de las m¨¢s monumentales dentelladas de tibur¨®n que se han producido en Espa?a en la segunda mitad del sigloXX. Lamentablemente, lo han hecho con infinito descaro.