Ingenieros de Fomento acusan al ministerio de elegir los proyectos por objetivos pol¨ªticos

Ochenta y ocho de los 220 ingenieros de caminos, canales y puertos que prestan su servicio en las distintas dependencias de la Direcci¨®n General de Carreteras del Ministerio de Fomento han dirigido una carta a su titular, Rafael Arias-Salgado, en la que denuncian las "graves perversiones en el funcionamiento de su quehacer cotidiano que afectan a los principios de transparencia, eficacia y objetividad que deben presidir su labor". Aseguran que la rapidez en alcanzar objetivos pol¨ªticos y la inexistencia de normas de igualdad para todas las autonom¨ªas "genera agravios comparativos".

El documento, entregado la pasada semana en el Registro General del ministerio, est¨¢ avalado por 88 firmas, casi la mitad de la plantilla de los 220 ingenieros de caminos que trabajan en el ¨¢rea de carreteras, tanto en la sede central del Ministerio de Fomento como en las demarcaciones de carreteras repartidas por el territorio nacional. De los 220, 30 ocupan cargos de libre designaci¨®n.Los funcionarios se?alan que "independientemente del derecho de todo Gobierno a establecer legalmente el tama?o y funciones del sector p¨²blico, se vienen produciendo desde 1995 [cuando ocupaba el ministerio Jos¨¦ Borrell] como ya fue denunciado entonces y ha venido acentu¨¢ndose progresivamente, graves perversiones en el funcionamiento real de su quehacer cotidiano, que afectan a los principios de transparencia, objetividad, responsabilidad y eficacia, que deben presidir su labor".

Ese trinomio dicen que se va reduciendo cada vez m¨¢s hacia la eficacia, "entendida como rapidez en alcanzar determinados objetivos pol¨ªticos y no de la l¨ªnea m¨¢s armonizadora que marca la Constituci¨®n en su art¨ªculo 28 ["Toda la riqueza del pa¨ªs en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, est¨¢ subordinada al inter¨¦s general"] y 132 ["El Estado, mediante ley podr¨¢ planificar la actividad econ¨®mica general para atender las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta de la riqueza y su m¨¢s justa distribuci¨®n, mediante la elaboraci¨®n de proyectos, de acuerdo con las previsiones suministradas por las autonom¨ªas y los agentes sociales"].

Agravios comparativos

La ausencia de estos principios constitucionales en la pr¨¢ctica diaria del Ministerio de Fomento se evidencia, seg¨²n los funcionarios ingenieros, en la "inexistencia cada vez mayor de normas t¨¦cnicas y estudios que garanticen la igualdad ante situaciones similares en todo el territorio". Esta situaci¨®n se convierte en un foco de agravios comparativos entre las comuniades aut¨®nomas. Las m¨¢s afectads por esta desigualdad ser¨ªan Extremadura, Andaluc¨ªa y Castilla y Le¨®n.

"Se pueden hacer por pactos pol¨ªticos autov¨ªas de dise?o lujoso y coste muy elevado o autopistas no rentables, sin considerar que, si la no calidad tiene un coste, la sobrecalidad tambi¨¦n lo tiene", dicen en la carta remitida al ministro Arias-Salgado.

En la misiva no hacen referencia alguna a proyectos concretos en los que no se hayan considerado criterios objetivos. Sin embargo, fuentes del Departamento y del sector se?alan como paradigma de autopista "estrictamente pol¨ªtica", la que enlazar¨¢ Santiago de Compostela con Lal¨ªn, el municipio natal del Consejero de Obras P¨²blicas de Galicia, Xos¨¦ Cui?a Crespo, que ha desempe?ado hasta su renuncia reciente la secretar¨ªa general del Partido Popular gallego.

El corredor por el que discurre esta autov¨ªa tiene un tr¨¢fico diario inferior a los 6.000 veh¨ªculos y en algunos tramos menos de 4.000, una circulaci¨®n muy alejada del par¨¢metro que justifica la construcci¨®n de una v¨ªa de alta capacidad, situado en 10.000 veh¨ªculos diarios. La obra costar¨¢ 51.000 millones.

Su escasa rentabilidad motiv¨® que el 15 de junio pasado se declarara desierto el concurso para adjudicar su construcci¨®n y explotaci¨®n como autopista de peaje. El pasado d¨ªa 15 se firm¨® el contrato mediante una negociaci¨®n directa con un consorcio al que la Xunta aporta 10.000 millones a fondo perdido y el Estado otros 10.000.

Otro ejemplo de decisi¨®n pol¨ªtica y no t¨¦cnica es el pago por parte del Estado del eje transversal de Catalu?a (Lleida-Girona) que se ha construido por iniciativa de la Generalitat, sin que haya mediado la firma de ning¨²n convenio como es pr¨¢ctica habitual en estos casos al no ser el Estado titular de la autov¨ªa. Tambi¨¦n se mencionan como injustificadas las pr¨®rrogas a los concesionarios de autopistas de peaje en determinados corredores (A-7 por Catalu?a y la Comunidad Valenciana o la Sevilla-C¨¢diz), cuando el tr¨¢fico por las carreteras alternativas (N-340) est¨¢ permanentemente congestionado y no se propone ninguna soluci¨®n para evitarlo.