La integraci¨®n, principio b¨¢sico

La nueva Ley de Extranjer¨ªa cambia de forma radical la filosof¨ªa de la anterior, que se basaba en conceder derechos a los extranjeros residentes legalmente en Espa?a y olvidar a los dem¨¢s. El propio t¨ªtulo de la reforma habla de la "integraci¨®n social" de esas personas. Para conseguirlo la norma aprobada ayer distingue entre los inmigrantes residentes -aqu¨¦llos que se hallan en la legalidad- y los que "se encuentran en Espa?a" -los otros-, independientemente de su situaci¨®n legal y laboral. As¨ª, la mayor¨ªa de los derechos incluyen a los dos grupos.Como declaraci¨®n de intenciones, el primer art¨ªculo del T¨ªtulo Primero reza: "Los extranjeros gozar¨¢n en Espa?a, en igualdad de condiciones que los espa?oles, de los derechos y libertades reconocidos en el T¨ªtulo I de la Constituci¨®n". Y esto incluye, claro, a los irregulares. Los puntos que desarrollan esta idea son los siguientes:

- Residencia:

La clave para cualquier extranjero. Una vez que se obtiene, llega la tranquilidad, la posibilidad de trabajar y de tener acceso a todo el sistema de funcionamiento de la sociedad. La nueva ley facilita mucho su obtenci¨®n a aqu¨¦llos que hayan entrado de forma irregular en Espa?a. El modo m¨¢s sencillo: demostrar que han estado al menos dos a?os ininterrumpidos residiendo en el pa¨ªs, de la manera que sea, y que tienen medios para atender a su subsistencia. Es la llamada "regularizaci¨®n autom¨¢tica". A partir de ah¨ª tendr¨¢n cinco a?os de residencia temporal, que luego se podr¨¢ transformar en permanente. El PP y CiU hab¨ªan pactado en el Senado que fuera necesario haber obtenido un permiso temporal, lo que exclu¨ªa a los irregulares. Al aprobarse el texto consensuado en el Congreso, no lo ser¨¢. Habr¨¢ una regularizaci¨®n masiva para todos los que demuestren haber llegado a Espa?a antes del 1 de junio de 1999, pero siempre que ya hayan solicitado un permiso de residencia o de trabajo.

- Trabajo.

La ley no incluye sustanciales novedades en cuanto a la obtenci¨®n del permiso de trabajo, aunque queda desvinculada, al menos formalmente, de la residencia. Sigue vigente el sistema del contingente que establece cada a?o el Ministerio de Trabajo. Se incluye un apartado especial para los temporeros. Se pretende con ello que los inmigrantes, especialmente los que se dedican a la agricultura, puedan trabajar unos meses en Espa?a y volver a su pa¨ªs de manera legal. El PP quer¨ªa que fueran los empresarios, y no la Administraci¨®n, los que velaran por la "dignidad" de estos trabajadores. Tambi¨¦n se reconoce el derecho de sindicaci¨®n y huelga de los trabajadores extranjeros. Adem¨¢s, podr¨¢n tener acceso como personal laboral a las Administraciones P¨²blicas, por lo que pueden presentarse a las oposiciones que se convoquen.

- Sanidad.

Todos los inmigrantes tendr¨¢n derecho a la atenci¨®n sanitaria de urgencia, cualquiera que sea la causa. Los que est¨¦n inscritos en un padr¨®n municipal podr¨¢n recibir todo tipo de asistencia en las mismas condiciones que los espa?oles. Los menores y las embarazadas, s¨®lo por encontrarse en Espa?a, deber¨¢n ser atendidos plenamente.

- Seguridad Social y servicios.

Los servicios sociales b¨¢sicos quedan garantizados para todos. A cambio de ello, los inmigrantes est¨¢n sujetos al mismo r¨¦gimen impositivo que los espa?oles. Los residentes tendr¨¢n derecho a todas las prestaciones sociales y los servicios de la Seguridad Social. Dentro de ellos se incluyen las ayudas para comprar una vivienda. El Gobierno deber¨¢ facilitar que los extranjeros puedan mandar los ahorros a sus familias.

- Educaci¨®n.

Totalmente garantizada. Sea cual sea la situaci¨®n del inmigrante, tiene derecho a la educaci¨®n tanto b¨¢sica como superior. El PP quer¨ªa que esto s¨®lo fuera v¨¢lido para los residentes.Tambi¨¦n pueden obtener, igual que los espa?oles, las ayudas y las becas que correspondan. En el caso de los residentes, adem¨¢s, podr¨¢n ser profesores o investigadores.

- Votar en las elecciones municipales.

Esta parte est¨¢ prevista s¨®lo para los residentes. Los que no puedan hacerlo, dice la ley, podr¨¢n elegir a sus propios representantes "con la finalidad de tomar parte en los debates y decisiones municipales que les conciernen". Adem¨¢s, el Gobierno queda obligado a facilitar que los extranjeros puedan participar en los procesos electorales de sus respectivos pa¨ªses. El PP quer¨ªa establecer un mecanismo de reciprocidad con esos pa¨ªses.

- Reagrupaci¨®n familiar.

Otro de los elementos clave para los inmigrantes, que suelen llegar solos y quieren traerse despu¨¦s a sus familias. Los residentes podr¨¢n traer a su c¨®nyuge, a sus hijos menores de 18 a?os y a los ascendientes si prueban que dependen econ¨®micamente de ¨¦l. Todos ellos obtendr¨¢n la residencia temporal. El PP pretend¨ªa que no fuera un derecho, sino una potestad de la Administraci¨®n.

- Menores.

Si la polic¨ªa localiza a un menor indocumentado, deber¨¢ ponerlo en conocimiento de los tribunales tutelares de menores. Si se comprueba que est¨¢ desamparado, las autoridades se har¨¢n cargo de ¨¦l y, a instancias del organismo que lo tutele, se le conceder¨¢ un permiso de residencia v¨¢lido desde el d¨ªa en que fue puesto a disposici¨®n del servicio de protecci¨®n de menores.

- Visados.

No se establecen nuevas exenciones, por lo que seguir¨¢ siendo bastante complicado entrar en Espa?a. La novedad m¨¢s importante est¨¢ en que su denegaci¨®n deber¨¢ ser motivada, al contrario de lo que quer¨ªa el PP. La Administraci¨®n deber¨¢ adem¨¢s indicar los recursos que se pueden entablar contra esa resoluci¨®n. El proceso de la denegaci¨®n deber¨¢ tener una duraci¨®n m¨¢xima de tres meses. S¨®lo en condiciones excepcionales de algunos pa¨ªses se podr¨¢n denegar los visados sin establecer los motivos para esa decisi¨®n.

- Expulsi¨®n.

Sigue siendo motivo de expulsi¨®n la entrada en patera o cualquier otro medio il¨ªcito. Ser¨¢ por un periodo m¨ªnimo de tres a?os y m¨¢ximo de diez. El extranjero que, despu¨¦s de entrar ilegalmente, colabore con la polic¨ªa para la detenci¨®n de las mafias que organizan esos viajes clandestinos conseguir¨¢ evitar que le expulsen, pero siempre que demuestre que, a su vez, ha sido v¨ªctima de tales mafias. El PP quer¨ªa facilitar la expulsi¨®n en l¨ªnea con la ley de 1985.