El juez del "caso Bazar Espa?a" cita como imputados al arquitecto del derribo y a un t¨¦cnico de Urbanismo

El caso sobre el derrumbe del muro del antiguo Bazar Espa?a que mat¨® a cinco personas el 31 de diciembre de 1998 vivi¨® ayer un nuevo cap¨ªtulo, esta vez judicial. El juez Jos¨¦ Herrera ha citado a declarar como imputados al arquitecto que firm¨® el proyecto de derribo, Jos¨¦ Recuenco, y al t¨¦cnico de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla encargado de supervisar la obra, Juan Garc¨ªa Gil. El juez tom¨® esta decisi¨®n despu¨¦s de recibir en la ma?ana del pasado lunes un informe del Instituto de Meteorolog¨ªa en el que se certificaba que cuando se desplom¨® el citado muro, la velocidad del viento no se pod¨ªa considerar como "catastr¨®fica" o causa directa del derrumbe de la pared de ladrillo.

El juez Herrera ha citado a Recuenco para el pr¨®ximo d¨ªa 19, mientras que al d¨ªa siguiente le corresponder¨¢ el turno al director del Departamento de Licencias y Disciplina de la Gerencia de Urbanismo. La imputaci¨®n en este momento no significa nada m¨¢s que el juez considera que haya indicios suficientes para iniciar una investigaci¨®n sobre una presunta responsabilidad. Adem¨¢s, la imputaci¨®n es una f¨®rmula para proporcionar la adecuada garant¨ªa procesal para Recuenco y Ruiz, que podr¨¢n declarar acompa?ados de sus respectivos abogados y, si lo consideran oportuno, pueden acogerse al derecho a no responder determinadas preguntas.El informe del Instituto Meteorol¨®gico es el motivo ¨²ltimo de la decisi¨®n del juez, por cuyas manos ya han pasado dos informes periciales con tesis opuestas sobre los motivos del desplome del muro sobre las cinco personas que esperaban el autob¨²s y cuya elaboraci¨®n (seis y cuatro meses) ha dilatado el caso hasta sobrepasar el a?o. La semana pasada, el abogado Enrique P¨¦rez Perera, que representa a la familia de una de las v¨ªctimas, present¨® un escrito ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 en el que ped¨ªa la imputaci¨®n de estas dos personas, as¨ª como la de Inmobiliaria Osuna, propietaria del 48% de la finca.

De hecho, este caso sufri¨® un giro definitivo cuando el informe del ingeniero Jos¨¦ Orad, contratado por las v¨ªctimas, lleg¨® a manos del juez a mediados del pasado noviembre. Seg¨²n fuentes cercanas al proceso, el Ayuntamiento, Inmobiliaria Osuna y Luis Recuenco negociaron durante meses la posibilidad de llegar a un acuerdo de indemnizaci¨®n econ¨®mica que cerrara el caso para siempre. Los seguros de la empresa y el empresario y otros fondos municipales juntar¨ªan un capital superior a los 200 millones para este fin. La llegada del informe Orad rompi¨® el acuerdo.

En estos casos, el baremo que se utiliza para calcular las indemnizaciones se extrae de la denominada ley del autom¨®vil, seg¨²n la cual, las familias de los fallecidos podr¨ªan percibir alrededor de 25 millones como m¨¢ximo.

Enconamiento pol¨ªtico

En el ¨¢mbito pol¨ªtico, lejos de apaciguarse los ¨¢nimos de los concejales del grupo andalucista tras los mensajes conciliadores lanzados por sus socios en los ¨²ltimos d¨ªas, sus declaraciones parecen encenderse m¨¢s. Aunque ayer se celebr¨® con normalidad la primera comisi¨®n de gobierno desde que se abri¨® la crisis, la reacci¨®n posterior del PA dej¨® claro que las relaciones distan mucho de normalizarse, a pesar de la disposici¨®n del alcalde a consensuar con sus socios el procedimiento para indemnizar a las familias de las v¨ªctimas del derrumbe del muro Bazar Espa?a.

Esta f¨®rmula se ajustar¨ªa, en cualquier caso, a las conclusiones del informe que preparan los servicios jur¨ªdicos municipales, que tendr¨¢n la ¨²ltima palabra sobre si existen responsabilidades del Ayuntamiento en la tragedia. Pero el PA no se conforma con la oferta de S¨¢nchez Monteseir¨ªn. Ayer dejaron claro -y por escrito- que su decreto les parece "un desprop¨®sito pol¨ªtico y jur¨ªdico".

S¨®lo la retirada de este decreto y la concesi¨®n de ayudas de car¨¢cter "asistencial" a las familias satisfar¨ªan al PA hasta el extremo de zanjar lo que denominan "crisis abierta" en el gobierno municipal de Sevilla. El delegado de Urbanismo, Rafael Carmona, insisti¨® en que el decreto carece de "apoyo pol¨ªtico" y "sustento jur¨ªdico". En la misma l¨ªnea se pronunci¨® el secretario general del PA, Antonio Ortega, que apremi¨® al alcalde a "arreglar" un "error grave".

La voluntad del grupo socialista, a pesar de rebajar a la condici¨®n de simple "tensi¨®n" las diferencias y de sus llamadas al consenso, excluye cualquier acto que pudiera entenderse como una rectificaci¨®n de Monteseir¨ªn y que desacredite su imagen pol¨ªtica. El portavoz socialista, Emilio Carrillo, subray¨® ayer que el decreto est¨¢ en pleno "desarrollo operativo". En las filas socialistas descartan, pues, la retirada del decreto, como exigen sus socios, que ayer rehusaron aclarar cu¨¢l ser¨¢ su posici¨®n si finalmente no logran que el alcalde acceda a sus requerimientos. Carmona dijo escuetamente que la decisi¨®n corresponder¨ªa a la direcci¨®n nacional del PA, que hasta ahora ha evitado aludir a una posible ruptura del pacto en Sevilla.

En el actual tira y afloja de la coalici¨®n, la salida al enfrentamiento podr¨ªa negociarse entre las direcciones de ambos partidos, como ha reclamado el PA desde hace una semana. Incluso en el grupo socialista se admite que poco o nada pueden pactar ya en el seno del gobierno local sobre el "caso Bazar Espa?a".