Una costosa comodidad

La anunciada decisi¨®n del ministro del Interior brit¨¢nico, liberando a Pinochet por motivos humanitarios, bas¨¢ndose en un informe m¨¦dico confidencial, resulta tan c¨®moda, tanto, que acabar¨¢ por traer malas consecuencias para todos a quienes ahora ha suministrado moment¨¢nea tranquilidad.Jack Straw ha dicho en los Comunes que el dictador no est¨¢ en condiciones ni siquiera de entender los cargos judiciales que se formulan contra ¨¦l, tampoco de asistir al juicio. En cuanto el s¨¢trapa llegue a Chile y se levante, como Dr¨¢cula, de la silla de ruedas, el ministro tendr¨¢ que volver al Parlamento a explicar esa resurrecci¨®n. Por otro lado, el primer ministro, Blair, dijo en su d¨ªa que las decisiones que habr¨ªa de tomar el Gobierno brit¨¢nico en este asunto no ser¨ªan pol¨ªticas, pero han acabado por serlo. Y, trat¨¢ndose de un acto ministerial, no pod¨ªa ocurrir de otra manera. Que las presiones de los Gobiernos de Chile y Espa?a han impulsado la decisi¨®n escapista tomada por el brit¨¢nico es una evidencia. Al fin y al cabo, la "salida" m¨¦dico-humanitaria fue propuesta por el Gobierno de Chile y es ¨¦sa la v¨ªa de escape que, al final, ha escogido Straw. "Salida" que ha sido criticada dentro de su propio partido, el laborista, y, parad¨®jicamente, tambi¨¦n por la oposici¨®n. Cuando, el 26 de marzo de 1999, la se?ora Thatcher visit¨® a Pinochet en su humilde residencia de Surrey (dos millones y medio de pesetas de alquiler mensual) y dijo encontrarse all¨ª, junto al dictador, "muy a gusto y feliz", los laboristas no dudaron en calificar a los torys como "el partido de Pinochet". Y, dado que las palabras las carga el diablo, los conservadores no van a perder ahora la ocasi¨®n de record¨¢rselo.

El Gobierno de Chile, desde el 16 de octubre de 1998 -d¨ªa de la detenci¨®n de Pinochet en Londres-, tom¨® la bandera de la soberan¨ªa nacional. "Si Pinochet ha de ser juzgado, lo ser¨¢ en Chile", ha sido la consigna de la Concertaci¨®n (democristianos y socialistas). Nadie podr¨¢ negar al presidente Frei, y a Insulza o a Vald¨¦s (ministros de Exteriores y socialistas) sus esfuerzos para conseguir que Pinochet volviera a Chile. Entretanto, Lav¨ªn, el candidato de la derecha chilena a la presidencia de la Rep¨²blica, con gran soltura de cuerpo y sobrado cinismo, ha estado asegurando durante la campa?a electoral que Pinochet era el pasado y ¨¦l (Lav¨ªn) s¨®lo se ocupa del futuro.

Los efectos del caso Pinochet sobre los resultados electorales en la primera vuelta de las presidenciales, en la que salt¨® la sorpresa y pr¨¢cticamente igualaron Lagos y Lav¨ªn, constituyen una pura especulaci¨®n, pero no parece que la actitud "firme y nacional" por parte de la Concertaci¨®n en el asunto Pinochet le haya aportado muchos votos a Lagos, quiz¨¢ sea m¨¢s cierto lo contrario. Queriendo evitar el debate sobre Pinochet, se ha diluido una diferencia sustancial entre los dos candidatos, dando ocasi¨®n a que Lav¨ªn, un oportunista de tomo y lomo, se sacudiera las pulgas pinochetistas y se lanzara por la v¨ªa del populismo, como quien lava, ignorando un pasado que, adem¨¢s, seg¨²n ¨¦l, no le concierne.

Ahora, ante el anuncio de Straw, ambos, Lagos y Lav¨ªn, han coincidido: "Es un asunto de los tribunales", han dicho a coro. Lav¨ªn, por su parte, metido en el desmarque y el descaro, ha llegado a decir que Pinochet "es un chileno como cualquier otro y, si tiene cuentas pendientes con la justicia, debe afrontarlas". Si al final Pinochet vuelve de su largo viaje, entonces se podr¨¢ comprobar si el general es un chileno como los otros o sigue siendo algo m¨¢s. En todo caso, la Fundaci¨®n Pinochet, ante tal desplante, anunci¨® que "Lav¨ªn va a pagar su traici¨®n en las urnas", pero no dijo c¨®mo.

Santa Teresa escribi¨® que el piadoso se arrepiente de sus plegarias cuando son atendidas y, si Ricardo Lagos alcanza la Presidencia (?y ojal¨¢ sea as¨ª!), probablemente tendr¨¢ ocasi¨®n de arrepentirse de sus ruegos a favor de la vuelta del ausente. Lo han anunciado los militares reunidos en c¨®nclave: "La instituci¨®n espera que esta situaci¨®n se tome con prudencia", eso han dicho ahora los milicos, sin alzar la voz para que no resuene en Londres, pero en cuanto Augusto retorne vencedor, toda Roma se va a enterar de lo que vale un peine. Porque el verdadero problema radica en que la Constituci¨®n chilena es, en parte, una Carta otorgada por la dictadura en la cual, en contra de los principios democr¨¢ticos, la instituci¨®n militar constituye un poder del Estado. Una situaci¨®n jur¨ªdica que la derecha chilena se ha negado reiteradamente a modificar, usando para la obstrucci¨®n antidemocr¨¢tica de su minor¨ªa de bloqueo, obtenida mediante un sistema electoral pintoresco. Una derecha que no se ha recatado en considerar leg¨ªtimo el golpe de Estado, el de 1973 y, de paso, cualquier otro que pudiera urdirse en el futuro. Y esta actitud cavernaria s¨ª que constituye un desastre nacional.

En todo este maldito embrollo, tambi¨¦n el Gobierno espa?ol, aparentando mirar para otro lado, queriendo quitarse el muerto de encima, se ha dejado pelos y piel en la gatera. Primero fue el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi?o, que, en una nota entregada a la Junta de Fiscales, escribi¨® que las juntas militares de Argentina y Chile "no pretend¨ªan sino la sustituci¨®n temporal del orden constitucional establecido con el fin de subsanar las insuficiencias del Estado democr¨¢tico para mantener la paz p¨²blica". Luego, para acabar de arreglarlo, Jes¨²s Cardenal, fiscal general del Estado, pretendi¨® justificar a los golpistas en Argentina al se?alar que el Ej¨¦rcito intervino por orden de la presidenta, Mar¨ªa Estela de Per¨®n, olvidando que ¨¦sta fue desalojada de la Casa Rosada por los militares. Poco despu¨¦s habl¨® Manuel Fraga para defender a estos fiscales, justificando los golpes de Estado con el argumento de que, tanto en Chile como en Argentina, se viv¨ªa una guerra civil larvada, iniciada, claro est¨¢, por los "izquierdistas". Poco despu¨¦s, ?lvarez Cascos dijo que Fungairi?o era atacado "por los que en el plano judicial buscan eludir sus responsabilidades". Y, por fin, ese fino estilista que es el ministro de Exteriores, Abel Matutes, se meti¨® en un enredo, e intentando quedar bien con todos, a todos defraud¨®. El Gobierno chileno, sinti¨¦ndose burlado, puso el grito no tanto en el cielo, sino en otras partes m¨¢s dolorosas para los intereses empresariales espa?oles en Chile, los ¨²nicos que, al parecer, preocupan al Gobierno espa?ol. Todo un ¨¦xito de la diplomacia matutina.

Se puede imaginar un final optimista para esta larga y triste historia. Ser¨ªa aquel en el cual Pinochet regresa a Chile, es encausado y durante el proceso no s¨®lo se aclaran los asesinatos; tambi¨¦n, quienes saben cu¨¢ndo y c¨®mo desaparecieron los cad¨¢veres lo confiesan. De ser as¨ª, se estar¨ªa en la v¨ªa de la reconciliaci¨®n nacional, pero quien esto escribe, quiz¨¢ menos cr¨¦dulo, tiene la sensaci¨®n de que estamos contemplando un enjuague m¨¢s que una soluci¨®n pol¨ªtica. Porque la clave no es Pinochet, ni la soberan¨ªa de Chile, ni los apuros, reales o imaginarios, de los empresarios espa?oles ni las relaciones diplom¨¢ticas, sino que el verdadero problema son las v¨ªctimas. O, mejor dicho, la exigencia de justicia que las v¨ªctimas reclaman. ?Esa justicia puede impartirse hoy en Chile? Conviene recordar que una norma pinochetista amnisti¨® los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Miles de personas fueron asesinadas y en muchos casos las familias de los muertos fueron privadas hasta del duelo, pues los cad¨¢veres siguen sin aparecer.

Para que las v¨ªctimas lleguen a perdonar a sus verdugos, ¨¦stos han de realizar el ejercicio previo de pedir perd¨®n a sus v¨ªctimas; es decir, han de admitir que aqu¨¦llas murieron, fueron torturadas, enviadas a la c¨¢rcel, al exilio, a la fosa com¨²n... sin causa leg¨ªtima alguna. Y esto es lo que ni Pinochet, ni los sicarios a sus ¨®rdenes, ni sus jaleadores de la derecha chilena est¨¢n dispuestos a realizar. En estas condiciones es inimaginable alcanzar la deseada reconciliaci¨®n. Por eso, en aras de la justicia y la reconciliaci¨®n, muchos pensamos que todo ir¨ªa mejor si Straw, o¨ªdas las alegaciones, volviera a dejar que las cosas siguieran su curso judicial. Claro est¨¢ que para que Straw atienda las alegaciones, el Gobierno espa?ol ha de tramitarlas, y eso est¨¢ por ver.