ELECCIONES AUTON?MICAS Andaluc¨ªa debe defender lo suyo

La disoluci¨®n parlamentaria constituye sin duda uno de los momentos institucionales decisivos en el funcionamiento de una democracia parlamentaria. Junto con la investidura o la moci¨®n de censura es uno de los instrumentos claves para la propia existencia de unas instituciones democr¨¢ticas que representan los intereses generales del pueblo, al abrir el paso al instante decisivo de la vida pol¨ªtica: el momento del llamamiento a las urnas.Por eso, el uso de este mecanismo est¨¢ rodeado en los ordenamientos de los Estados democr¨¢ticos de una serie de garant¨ªas establecidas en sus normas b¨¢sicas, que aseguran un uso responsable del mismo, inspirado en el principio de lealtad institucional.

El Parlamento andaluz, en el uso de sus competencias, introdujo a trav¨¦s de una modificaci¨®n de la Ley del Gobierno la facultad del presidente de la Junta de disolver la C¨¢mara, complementando as¨ª el relativo vac¨ªo de nuestro Estatuto.

Queda claro que a trav¨¦s de una ley ordinaria la C¨¢mara andaluza no pod¨ªa ni puede modificar el Estatuto sino simplemente complementarlo. Esto significa que el desarrollo de los instrumentos parlamentarios fijados por v¨ªa legal no puede oponerse a la voluntad estatuyente, que configur¨® en su momento el ordenamiento b¨¢sico de Andaluc¨ªa.

Pues bien, conforme a esa voluntad estatuyente, es decir, de acuerdo con el Estatuto de Andaluc¨ªa, la disoluci¨®n del Parlamento tendr¨ªa un car¨¢cter autom¨¢tico a los cuatro a?os de cada legislatura. As¨ª, la fecha de las primeras elecciones auton¨®micas -el 23 de mayo de 1982- marcaba un calendario definitivo para el futuro de nuestra comunidad.

El Parlamento andaluz, a trav¨¦s de la Ley del Gobierno y sus modificaciones posteriores, lo que ha hecho es establecer un marco de flexibilidad para que los condicionantes del Estatuto no dificultaran el ejercicio efectivo del derecho al voto en fechas incongruentes o climatol¨®gicamente inadecuadas o, excepcionalmente, para hacer frente a crisis de gobernabilidad.

La voluntad originaria recogida en nuestro Estatuto determinaba un especial contenido pol¨ªtico de nuestra autonom¨ªa que, recuerden, fue una efectiva autonom¨ªa pol¨ªtica canalizada a trav¨¦s del art¨ªculo 151 de la Constituci¨®n y puesta en marcha tras la gran expresi¨®n de voluntad colectiva que se manifest¨® en el hist¨®rico refer¨¦ndum del 28 de febrero de 1980.

No podemos olvidar que fue el pueblo andaluz, que fuimos todos los andaluces, los que establecimos, con grandes dificultades y frente al tratamiento privilegiado de las mal llamadas autonom¨ªas hist¨®ricas, una v¨ªa de preferencia pol¨ªtica que representaba la posici¨®n de Andaluc¨ªa ante Espa?a. El proceso pol¨ªtico andaluz, ejemplo de c¨®mo la participaci¨®n popular puede modificar la voluntad del Gobierno, signific¨® una culminaci¨®n singular de la transici¨®n y un claro camino de referencia en la elaboraci¨®n de nuestro Estatuto.

El Parlamento andaluz, en la presente legislatura, ha manifestado por mayor¨ªa su opini¨®n favorable a que Andaluc¨ªa tuviera unas elecciones propias, diferenciadas de cualquier otro proceso electoral que contaminara el debate pol¨ªtico estrictamente andaluz. Es decir, un debate donde se discuta sobre los problemas espec¨ªficos de nuestra comunidad, donde se hable del problema de la financiaci¨®n, del reconocimiento del censo, de las transferencias a¨²n pendientes, del estado actual de nuestro sistema sanitario, de las infraestructuras, del grado de eficacia de las pol¨ªticas puestas en marcha por el Gobierno de coalici¨®n...

En otras palabras, la C¨¢mara andaluza expres¨® su deseo de que nuestro debate electoral no tuviera como punto de referencia la eterna disputa entre PP y PSOE para ver qui¨¦n ocupa el despacho presidencial de La Moncloa con temas (Filesa, Gal, la guerra del lino, Telef¨®nica...) difundidos por estos dos grandes partidos de ¨¢mbito espa?ol, capaces de organizar grandes campa?as globales a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n de difusi¨®n estatal.

Naturalmente que el presidente de la Junta tiene plena competencia para disolver conforme a las previsiones legales establecidas en la Ley del Gobierno modificada en 1994.

Pero los condicionamientos pol¨ªticos que, conforme al Estatuto de Autonom¨ªa, garantizan y limitan el ejercicio de esa potestad del presidente, implican que el uso interesado del poder de disoluci¨®n haciendo coincidir las elecciones andaluzas con las generales del pr¨®ximo 12 de marzo supone una violaci¨®n del propio Estatuto. Olvidar el car¨¢cter originario de nuestro Estatuto es traicionar el esp¨ªritu del 28-F que hizo posible nuestra autonom¨ªa. ?sta fue y es la voluntad natural de los andaluces expresada en las urnas.

?ste era el aut¨¦ntico sentido pol¨ªtico de nuestra autonom¨ªa plena garantizada por el art¨ªculo 151 y al que todos, desde el presidente de la Junta hasta el ¨²ltimo ciudadano de nuestra tierra, estamos vinculados. La convocatoria de las elecciones andaluzas deliberadamente coincidentes con las generales debe interpretarse -repito- como una violaci¨®n del Estatuto y una ruptura del principio de lealtad constitucional, que debe presidir el comportamiento de todas las instituciones p¨²blicas.

El dilema es as¨ª de simple y sencillo: la lealtad a las instituciones implica un uso de los instrumentos legales conforme con la voluntad de todos, expresada en el Parlamento. Si el presidente Chaves da la espalda al Parlamento andaluz nos estar¨¢ dando la espalda a todos los andaluces. Anteponer los intereses partidistas a los de los ciudadanos, m¨¢xime como en este caso que el Parlamento se ha expresado con rotundidad, significa, desde mi punto de vista:

1. Menospreciar la voluntad popular representada en nuestra m¨¢xima instituci¨®n, el Parlamento de Andaluc¨ªa.

2. Realizar un acto de deslealtad respecto a nuestro m¨¢ximo texto legal, el Estatuto de Andaluc¨ªa.

3. Olvidar los verdaderos intereses que han de guiar la acci¨®n del presidente y del Gobierno andaluz, los andaluces.

4. Suplantar el car¨¢cter autonomista de nuestro gobierno y de nuestras instituciones por los deseos y prioridades de un partido que mira m¨¢s a Madrid (apoyar a Almunia) que a Andaluc¨ªa (la existencia de un debate propio y ajeno a interferencias).

Si el presidente Chaves fuera respetuoso con la voluntad de los andaluces, hubiera permitido que debati¨¦ramos los problemas de Andaluc¨ªa de forma libre y aut¨®noma, concurriendo a las urnas en una fecha ¨²nica y separada.

Todo lo contrario, el presidente de la Junta renuncia a confiar en la libertad pol¨ªtica de los andaluces, haciendo coincidir la fecha de las elecciones andaluzas con las generales. Ah¨ª vemos cu¨¢les son los aut¨¦nticos intereses del socialismo. Y tambi¨¦n comprobamos que el conflicto con el Gobierno de Aznar era una m¨¢scara, un enga?o que se nos ha hecho a los andaluces; porque con la coincidencia electoral significar¨¢ que el Chaves est¨¢ de acuerdo al final con Aznar en lo m¨¢s importante: el momento del llamamiento a las urnas.

Y esta coincidencia entre PSOE y PP no es nueva, viene de muy lejos. Es digno de recordar que el intento fracasado de armonizaci¨®n pol¨ªtica del proceso auton¨®mico promovido por la UCD y el PSOE (la Ley Org¨¢nica para la Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico de 1981 [Loapa]) inclu¨ªa la regulaci¨®n central del calendario de elecciones auton¨®micas. Este punto fue uno de los m¨¢s rechazados por andalucistas, catalanes y vascos.

El presidente de la Junta est¨¢ lanzando un mensaje equivocado: convoca las elecciones andaluzas junto con las generales para incrementar la participaci¨®n ciudadana. Se trata de un mensaje falso, que no resiste el m¨¢s m¨ªnimo an¨¢lisis serio y riguroso: los problemas de la abstenci¨®n en Andaluc¨ªa se han debido a la coincidencia de elecciones con fechas veraniegas. ?ste fue el meollo del debate en el que se le autoriz¨® al presidente de la Junta a disponer de las fechas electorales para evitar su celebraci¨®n en pleno verano.

Los ¨ªndices de participaci¨®n responden al momento pol¨ªtico que se vive en una comunidad, a la intensidad de la campa?a y a la percepci¨®n que sobre la vida p¨²blica posee el electorado. La coincidencia no es necesariamente una resultante en cuanto a la participaci¨®n.

As¨ª pues, consideramos que la existencia de una campa?a electoral y de un debate pol¨ªtico diferenciado es algo que responde a los intereses de todos los andaluces. Si el presidente de la Junta y el PSOE han dise?ado una estrategia distinta, est¨¢ claro que pretenden actuar en contra de los intereses generales de los andaluces. Es decir, est¨¢n haciendo prevalecer sus intereses partidistas. Y al cumplirse esta hip¨®tesis, nuestra campa?a tendr¨¢ un car¨¢cter negativo y se centrar¨¢ en la necesidad de reivindicar la libertad pol¨ªtica para Andaluc¨ªa.

Cuando se subordinan las instituciones a los intereses de un partido concreto, la democracia entra en declive y nos enfrentamos a estilos pol¨ªticos de corte mexicano: Andaluc¨ªa corre el riesgo de derivar en el siglo XXI hacia una aut¨¦ntica rep¨²blica bananera. Los andalucistas lucharemos contra ese riesgo hist¨®rico, y estamos convencidos de que en esa causa encontraremos el apoyo de los andaluces.

Para finalizar, quiero expresar p¨²blicamente cu¨¢l ser¨¢ la primera iniciativa andalucista en el pr¨®ximo Parlamento nacido tras las elecciones de marzo: la reforma de la Ley de Gobierno. Un cambio que, respetando la capacidad del presidente de disolver la C¨¢mara, salvaguarde la identidad y la capacidad de nuestro pueblo de acudir a las urnas sin interferencias ajenas a Andaluc¨ªa. La disoluci¨®n, s¨ª, pero siempre y cuando no existan coincidencias electorales.

Creo que la propuesta es leal respecto al esp¨ªritu de nuestro Estatuto y permitir¨¢ avanzar respetando las competencias presidenciales, en el camino del autogobierno para Andaluc¨ªa tras la pantomima interpretada por Chaves y Aznar para hacer coincidir en marzo las elecciones generales y las auton¨®micas, una y no m¨¢s.

Pedro Pacheco es candidato por el PA a la presidencia de la Junta de Andaluc¨ªa y alcalde de Jerez.