El PP se alinea con las demandas andalucistas para zanjar la crisis en el pr¨®ximo pleno de Sevilla

El PP, que hasta ayer hab¨ªa mantenido una cr¨ªtica equidistancia con socialistas y andalucistas por la crisis del gobierno local de Sevilla, se ha inclinado por arropar las peticiones del PA, su coligado cuando ocurri¨® la tragedia del Bazar Espa?a. La ex alcaldesa Soledad Becerril anunci¨® ayer que su grupo presentar¨¢ una resoluci¨®n en el pleno del jueves para pedir que se deje sin efecto el decreto del alcalde y se preste asistencia a las familias de las v¨ªctimas que lo necesiten. En s¨ªntesis, las dos exigencias planteadas por el PA, que no descarta apoyar la iniciativa popular en el pleno.

La iniciativa del grupo municipal del PP sorprendi¨® bastante al resto de las formaciones, aunque no todas reaccionaron igual ante ella. El portavoz de IU, Luis Pizarro, la rechaz¨® a la pata la llana: "Es una estupidez". "El PP le est¨¢ haciendo el trabajo sucio al PA", agreg¨®. Distinta fue la opini¨®n andalucista. Su portavoz adjunto, Rafael Carmona, aprovech¨® la propuesta del PP para lanzar un ultim¨¢tum al alcalde. Si antes del jueves -d¨ªa del pleno- no se resuelve la crisis, el grupo andalucista evidenciar¨¢ su distanciamiento del PSOE en la sesi¨®n. Bien apoyando la resoluci¨®n del PP en caso de que se "ajuste perfectamente" a sus demandas, bien presentado una propia, bien pactando una a la medida de ambos grupos.Carmona dijo que no conoc¨ªa "en profundidad" la propuesta del PP, anunciada poco antes por Soledad Becerril. El contenido de la resoluci¨®n que llevar¨¢n al pleno del jueves coincide fielmente con las peticiones andalucistas para dar carpetazo a la crisis municipal: la retirada del decreto del alcalde y el apoyo a las familias que lo necesiten desde un punto de vista meramente asistencial.

Becerril justific¨® la iniciativa como "una obligaci¨®n moral" de su formaci¨®n para poner coto a una crisis que dura casi un mes. Textualmente, la resoluci¨®n del PP no habla de retirar el decreto, s¨®lo de "dejarlo sin efecto". Sobre las ayudas a las familias de las v¨ªctimas del derrumbe del muro del antiguo Bazar Espa?a, el grupo popular es partidario de prestar "la asistencia necesaria" sin que ello signifique el reconocimiento de responsabilidad alguna por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

La postura del PP significa un alineamiento claro con la posici¨®n andalucista, sus antiguos socios de gobierno, cuando ocurrieron los hechos del 'caso Bazar Espa?a'. Ambas formaciones rechazaron entonces la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n para dilucidar si exist¨ªan responsabilidades administrativas del Ayuntamiento en la ca¨ªda del muro, que mat¨® a cinco personas el 31 de diciembre de 1988. Sus planteamientos actuales coinciden con los expresados en aquel momento, como se han encargado de subrayar en los ¨²ltimos d¨ªas ambas formaciones.

Ayer mismo lo hizo Soledad Becerril al recordar su intervenci¨®n en el pleno celebrado despu¨¦s del derrumbe, y la semana pasado lo hizo el delegado de Urbanismo, Rafael Carmona, al elogiar la actitud que mantuvo el gobierno anterior (PP-PA) en el tema. Desde las filas socialistas se opt¨® ayer por no comentar la resoluci¨®n que presentar¨¢ el PP y que podr¨ªa culminar en una situaci¨®n inusual en este mandato, si finalmente PA y PP se unen en el pleno para pedir la retirada del decreto del alcalde. Ambas formaciones sumar¨ªan votos suficientes para hacerlo, al tener seis y 13 concejales, respectivamente.

El escenario dibujado ayer podr¨ªa, sin embargo, experimentar un nuevo vuelco con las conclusiones del informe jur¨ªdico de la secretar¨ªa general del Ayuntamiento, que estar¨¢ listo en breve. Este dictamen determinar¨¢ si la instituci¨®n tiene responsabilidades de alg¨²n tipo en el derrumbe del muro del antiguo Bazar Espa?a y, en caso afirmativo, plantear¨¢ las v¨ªas administrativas que podr¨ªan emplearse para compensar a las v¨ªctimas.

El decreto firmado por Monteseir¨ªn, que provoc¨® la dimisi¨®n del primer teniente de alcalde, el andalucista Mariano P¨¦rez de Ayala, por su desacuerdo a finales de diciembre, solicitaba la elaboraci¨®n de un informe jur¨ªdico para determinar la existencia de responsabilidades. El primer expediente de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio por una administraci¨®n se produjo a ra¨ªz de la rotura de un dep¨®sito de agua en Melilla, ocurrido el 17 de noviembre de 1997, y fue a instancias del Ministerio de Medio Ambiente para indemnizar los da?os producidos "en los bienes y derechos de los particulares a resultas de la rotura".

Este expediente recibi¨® el benepl¨¢cito del Consejo de Estado, al considerar que exist¨ªa una relaci¨®n de "causalidad entre la obra p¨²blica y el da?o producido"y que s¨®lo alud¨ªa a una responsabilidad "objetiva".