Chile, treinta a?os despu¨¦s

Son las ocho de la tarde del 16 de enero. Risas, cantos, bocinazos y exclamaciones de alegr¨ªa, que se multiplican con rapidez, rompen la calurosa quietud de un domingo de verano en Santiago, tensada ahora por los ¨²ltimos ajetreos electorales que est¨¢n decidiendo el presidente de la Rep¨²blica para el pr¨®ximo sexenio.Confirmado el triunfo categ¨®rico de Ricardo Lagos, columnas de mujeres y de hombres de todas las edades y de los m¨¢s diversos sectores de la ciudad convergen en la plaza de la Constituci¨®n para celebrar y escuchar al presidente electo, con una espont¨¢nea fiesta popular, que se prolong¨® hasta la madrugada en todo Chile.

No pude sino recordar emocionada la masiva concentraci¨®n con que, en la noche de un 4 de septiembre de 30 a?os atr¨¢s, ante la sede de la Federaci¨®n de Estudiantes, en plena Alameda, el pueblo celebr¨® la victoria en las urnas de Salvador Allende, aunque en un cuadro pol¨ªtico y en un pa¨ªs muy distintos a los de ahora.

Hoy, Ricardo Lagos, un hombre del socialismo, es elegido para encabezar el tercer gobierno de la Concertaci¨®n de Partidos por la Democracia (Democracia Cristiana, Por la Democracia, Radical, Liberal y Socialista). Con la misma fuerza moral y pol¨ªtica que supo encauzar la lucha de nuestro pueblo contra la dictadura de Pinochet, ha contribuido, decisivamente, al complejo proceso de reconstrucci¨®n democr¨¢tica, comenzado en 1990.

Se trata de la alianza m¨¢s perdurable de la historia nacional, que en esta oportunidad ha sido capaz de obtener la renovaci¨®n de la confianza ciudadana, sobreponi¨¦ndose a las adversas repercusiones de la crisis asi¨¢tica y a la feroz competencia electoral desatada por la derecha.

?sta us¨®, sin el menor escr¨²pulo, toda la fuerza de los denominados "poderes f¨¢cticos" para apoyar al candidato presidencial de la oposici¨®n: demagogia populista, dinero sin l¨ªmites, medios de comunicaci¨®n social,extorsi¨®n abierta a los trabajadores por numerosos empresarios y hasta la intervenci¨®n de algunos oficiales de las Fuerzas Armadas, incluida la presi¨®n directa sobre conscriptos que cumplen su servicio militar obligatorio. Todo ello hace a¨²n m¨¢s significativo el triunfo de Ricardo Lagos y la Concertaci¨®n.

?ste es el escenario que espera el anunciado regreso de Pinochet, seg¨²n la disponibilidad para concederle la causal de "compasi¨®n", declarada por el ministro brit¨¢nico Jack Straw pocos d¨ªas antes de la segunda vuelta presidencial.

Lo ocurrido en Chile durante los 15 meses de detenci¨®n del dictador demuestra que -m¨¢s all¨¢ de lo que algunos pretenden negar- este hecho ha tenido trascendentes consecuencias en nuestra sociedad.

Hasta la fecha de su arresto prevaleci¨® la impunidad de los autores y principales responsables de las tan masivas como brutales violaciones de los Derechos Humanos cometidas por la dictadura militar, encabezada por Augusto Pinochet, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales.

Por supuesto, tan negativa situaci¨®n no obedeci¨® a la voluntad ni a la negligencia de los dos sucesivos gobiernos democr¨¢ticos, de los parlamentarios o de los dirigentes pol¨ªticos de la Concertaci¨®n. Una transici¨®n como la chilena, aherrojada por los "enclaves" de la institucionalidad autoritaria, que no ha sido posible remover hasta ahora, y la defensa incondicional de la impunidad por los partidos de derecha, asociados a los ya aludidos "poderes f¨¢cticos", son algunos de los factores que han conspirado contra las demandas de justicia.

Sin embargo, reiteradamente las encuestas han evidenciado que entre el 75% y 78% de las chilenas y chilenos est¨¢n convencidos de que los atentados contra los Derechos Humanos respondieron a una pol¨ªtica deliberada y sistem¨¢tica del r¨¦gimen de Pinochet, ejecutada por funcionarios del Estado y financiados con recursos p¨²blicos. Por lo dem¨¢s, as¨ª lo demuestran hasta la saciedad las abrumadoras pruebas reunidas por la Comisi¨®n Rettig. En todo caso, la opini¨®n mayoritaria (51%) considera, tambi¨¦n, que el juzgamiento debe realizarse, preferentemente, en Chile.

Pero, frustrados sus infatigables esfuerzos, los familiares de las v¨ªctimas de las violaciones a los derechos y dignidad esenciales de la persona humana no tuvieron otra opci¨®n que recurrir reclamando justicia a los tribunales y a la normativa internacionales, particularmente en Espa?a. El proceso criminal incoado contra Pinochet por el juez Baltasar Garz¨®n no hace m¨¢s que dar cumplimiento a la Convenci¨®n contra la Tortura, que obliga, entre otros, a los tres pa¨ªses involucrados en ¨¦l: Espa?a, Inglaterra y Chile; en este ¨²ltimo caso, suscrito por el propio dictador.

S¨®lo despu¨¦s del 16 de octubre de 1998 los tribunales de justicia chilenos han comenzado a tramitar con decisi¨®n numerosas causas criminales por atropellos a los derechos humanos que perpetr¨® el gobierno militar. Algunas nuevas y otras con tan dilatada como accidentada trayectoria judicial: 57 querellas criminales contra Pinochet; enjuiciamiento a los responsables de la caravana de la muerte, del asesinato de Tucapel Jim¨¦nez y de la Operaci¨®n Albania, entre las m¨¢s impactantes. Por primera vez son procesados cinco generales del Ej¨¦rcito.

Ante el claro pronunciamiento de los sectores democr¨¢ticos, durante el reciente proceso electoral, incluso el candidato Joaqu¨ªn Lav¨ªn, militante del Opus Dei y hasta hace poco connotado apologista de la dictadura, junto a otros reconocidos voceros de la derecha, comprometieron expresamente su opini¨®n favorable al enjuiciamiento de Pinochet en Chile y afirmaron la existencia de condiciones en el pa¨ªs para hacerlo.

De all¨ª la importancia de la decisi¨®n del ministro Straw. No imagino siquiera que ¨¦l pueda actuar infundadamente, ni menos aceptando una alteraci¨®n de los hechos. Por lo mismo, es fundamental que los antecedentes m¨¦dicos sean de conocimiento p¨²blico. Resulta inexplicable que no se haya consultado a psiquiatras, ni geriatras, ni atendido las objeciones de organismos con el prestigio de Amnist¨ªa Internacional. Resoluciones de tanta envergadura no se adoptan s¨®lo administrativamente, sin la intervenci¨®n de un tribunal y con mucho mayor transparencia.

Si dichos ex¨¢menes demuestran que Pinochet se encuentra, efectivamente, en inminente riesgo de morir o que por senilidad o demencia est¨¢ incapacitado para enfrentar el juicio, no cabe sino aceptar su retorno, por la m¨¢s elemental raz¨®n humanitaria. La misma que ¨¦l no tuvo para admitir el regreso de Laura Allende, que afectada por un c¨¢ncer terminal rog¨® para poder morir en su tierra. Pero somos muy distintos: tenemos principios y valores profundos que gu¨ªan nuestras actuaciones.

De todas formas, seg¨²n la legislaci¨®n chilena, a diferencia de Espa?a e Inglaterra, toda persona, por deprimida o limitada f¨ªsicamente para desplazarse que se encuentre, si no est¨¢ demente debe responder ante la justicia por sus actuaciones criminales.

Si no hay capacidad para juzgar a Pinochet en Chile, quedar¨ªan en evidencia algunas conclusiones en extremo preocupantes: la transici¨®n democr¨¢tica no s¨®lo se encuentra inconclusa, sino con dif¨ªciles perspectivas reales de concluirla; los familiares de las v¨ªctimas de las violaciones de los Derechos Humanos tendr¨ªan plena raz¨®n al buscar justicia en el exterior, y quienes afirmaron que en el pa¨ªs habr¨ªa condiciones para enjuiciar al dictador, en virtud de la igualdad de todos los chilenos ante la ley, se equivocaron gravemente o, lisa y llanamente, mintieron.

Son demasiadas las experiencias disponibles, en todas las latitudes, demostrativas de que ninguna sociedad puede abocarse a las tareas del futuro con confianza y unidad, sin resta?ar sus heridas y ajustar debidamente las cuentas con el pasado. No hacerlo as¨ª obliga a los sectores comprometidos con los valores de la dignidad humana y la democracia a mantener incansablemente en alto el estandarte de la justicia hasta alcanzarla.

Por eso debo manifestar mi reconocimiento, conjuntamente con el de muchos compatriotas, a Baltasar Garz¨®n, a Joan Garc¨¦s, a Manuel Murillo y a todos quienes han posibilitado el enjuiciamiento de Pinochet. Han contribuido poderosamente a enfrentar la impunidad y reavivado las esperanzas en que la justicia es posible. En mi condici¨®n de chilena y parlamentaria, nada me alegrar¨ªa m¨¢s que poder lograr la justicia en mi pa¨ªs, pues de esta forma estar¨ªamos concluyendo nuestra transici¨®n y emprendiendo sobre bases s¨®lidas las construcci¨®n de un Chile mejor.