El Supremo y Pinochet

La Sala Segunda del Supremo ha aprovechado una resoluci¨®n, en la que rechazaba la querella presentada contra el ministro de Exteriores por presunta obstrucci¨®n a la justicia en el caso Pinochet, para proponer una profunda revisi¨®n de los mecanismos legales de extradici¨®n. Se tratar¨ªa de adaptar tales procedimientos, en muchos casos heredados del siglo pasado, al principio de justicia universal emanado de tratados y convenios internacionales actuales, principalmente los que comprometen a los Estados a no dejar impunes los delitos contra la humanidad y los tratos inhumanos y degradantes, como la tortura.El tribunal ha desestimado la querella que hab¨ªa interpuesto un particular contra Matutes por negarse a tramitar un eventual recurso del juez Baltasar Garz¨®n contra la decisi¨®n preliminar del ministro brit¨¢nico del Interior, Jak Straw, de liberar a Pinochet por razones de salud. Pero advierte que si resoluciones administrativas incontrolables, como la del ministro brit¨¢nico, interfieren en el ¨¢mbito jurisdiccional, no s¨®lo quedar¨¢ en entredicho esa justicia universal reconocida en los tratados, sino el propio Tribunal Penal Internacional que se pretende crear.

El ministro Matutes no ha podido cometer ning¨²n delito de obstrucci¨®n a la justicia por la sencilla raz¨®n de que la decisi¨®n de Straw no es judicial sino, pol¨ªtica. Es una facultad que la ley inglesa de extradici¨®n atribuye al ministro del Interior: tener la ¨²ltima palabra en cuanto a la entrega o no de la persona reclamada. Y la ejerce de acuerdo con criterios pol¨ªticos, en un ¨¢mbito administrativo distinto al judicial del procedimiento de extradici¨®n. Por tanto, la decisi¨®n de Garz¨®n de recurrir la liberaci¨®n de Pinochet no vincula al Gobierno espa?ol. Cursarla o no es responsabilidad exclusiva del Gobierno, sin que ello suponga obstrucci¨®n a la justicia, establece el Supremo.

Pero que esta actuaci¨®n -tanto la de Straw como la de Matutes- sea formalmente legal no quiere decir que sea consecuente con las exigencias de justicia derivadas de la Convenci¨®n Internacional contra la Tortura, ratificada por Espa?a y el Reino Unido, en virtud de la cual los tribunales ingleses se pronunciaron en contra de la inmunidad de Pinochet. A juicio del Tribunal Supremo espa?ol, tal actuaci¨®n no deja de ser una interferencia pol¨ªtica coyuntural, contraria al principio de legalidad, que debe desaparecer de los procedimientos de extradici¨®n si se quiere hacer efectiva esa justicia universal contra los reos de delitos contra la humanidad.