Ivex, historia de un quebranto
La querella presentada por el Ivex contra su ex director no explica los pormenores de una extra?a y arriesgada operaci¨®n comercial
La querella presentada por la Generalitat contra Jos¨¦ Mar¨ªa Tabares, director del Ivex hasta el pasado mes de septiembre, despierta varios interrogantes. Tabares fue contratado por Procova, predecesor del Ivex, todav¨ªa bajo administraci¨®n socialista, para poner orden en las finanzas de la entidad.Su ascenso a la direcci¨®n del instituto fue resultado de la renuncia de Joan Mir, un maestro en materia comercial sin otra titulaci¨®n que su talento para la venta. Tabares se convirti¨® en pieza imprescindible en la organizaci¨®n y fue elevado a la direcci¨®n por Eduardo Zaplana sin ning¨²n reparo. Es m¨¢s, Tabares negoci¨® el multimillonario contrato de representaci¨®n que el Consell firm¨® con el cantante Julio Iglesias, un cap¨ªtulo que le hizo acreedor de la confianza de algunos responsables del gobierno auton¨®mico.
La sustituci¨®n de Tabares por Carmen de Miguel, hasta entonces secretaria del consejo de C¨¢maras de Comercio de la Comunidad Valenciana, vino motivada, aparentemente, por su deseo de volver a la actividad privada. Tabares sab¨ªa que ser¨ªa destituido porque comunic¨® a sus compa?eros de la Facultad de Econ¨®micas de la Universidad de Valencia su intenci¨®n de participar en un curso sobre comercio internacional en Jap¨®n durante el mes de octubre, cuando estall¨® el esc¨¢ndalo.
De Miguel explic¨® poco despu¨¦s, el pasado noviembre, que su predecesor se hab¨ªa tomado la libertad de avalar una serie de letras, por un montante total de m¨¢s de mil millones de pesetas, supuestamente sin conocimiento de sus superiores, a favor de dos sociedades de un empresario franc¨¦s, origen y destino de las compras que el Ivex efectu¨® en T¨²nez para generar derechos de compensaci¨®n y facilitar la venta de veh¨ªculos Ford en el pa¨ªs magreb¨ª. La primera vez que De Miguel tropez¨® con la reclamaci¨®n de una letra de origen desconocido, seg¨²n la versi¨®n oficial, el asunto fue trasladado a los tribunales.
Con esta decisi¨®n, la Generalitat intentaba que el esc¨¢ndalo por el quebranto econ¨®mico de m¨¢s de 1.000 millones de pesetas no le salpicara y aparec¨ªa ante la opini¨®n p¨²blica como una en¨¦rgica defensora de la transparencia en sus empresas p¨²blicas. Pese a ello, existen lagunas e interrogantes que merecen una explicaci¨®n detallada.
?Acaso no fue capaz de prever Tabares que las entidades financieras que hab¨ªan anticipado el pago de las letras reclamar¨ªan su pago m¨¢s temprano que tarde?.
Su presencia en Jap¨®n en esas fechas fue revestida de todo tipo de infundios por parte de fuentes oficiosas, que llegaron a insinuar que Tabares hab¨ªa buscado refugio en ese pa¨ªs porque carece de tratado de extradici¨®n con Espa?a. La Generalitat no s¨®lo se querell¨® contra un ex alto cargo de confianza, sino que hizo todo lo posible por criminalizar a un profesional que estuvo a su servicio.
Eduardo Zaplana, en la ¨²nica y breve comparecencia parlamentaria en torno al caso, insinu¨® que habr¨ªa resultado muy f¨¢cil tapar el esc¨¢ndalo. Una modificaci¨®n presupuestaria de mil millones de pesetas habr¨ªa pasado inadvertida si los acreedores hubieran quedado satisfechos a tiempo.
?Por qu¨¦ opt¨® entonces por querellarse por la v¨ªa penal?. Fuentes de la Generalitat afirman que intentaron cortar de ra¨ªz cualquier especulaci¨®n torcida en torno al asunto, que podr¨ªa haber sido mal interpretado si las primeras denuncias hubieran procedido de las entidades financieras acreedoras, esencialmente el Arab Bank. "Ante una presunta irregularidad hemos puesto el asunto en manos de los tribunales", ha reiterado Zaplana para desentenderse del caso.
Los asesores jur¨ªdicos de la Generalitat, adem¨¢s, se?alaron que la querella por delito societario imped¨ªa la personaci¨®n de terceros y, por lo tanto, la posibilidad de que todo el procedimiento judicial se hiciera p¨²blico por intereses pol¨ªticos.
Una querella por v¨ªa civil, destinada a reclamar el perjuicio sufrido por las arcas p¨²blicas por un supuesto quebranto econ¨®mico de m¨¢s de mil millones, tambi¨¦n habr¨ªa desatado especulaciones pol¨ªticamente interesadas, seg¨²n las mismas fuentes, porque se podr¨ªa haber apreciado voluntad de exculpar a Tabares.
El contenido de la querella, que nunca se ha difundido, se basa, siempre seg¨²n fuentes de la Generalitat, en el desconocimiento de la operaci¨®n por parte de los superiores de Tabares y del consejo de administraci¨®n del Ivex. Un extremo que explicar¨ªa la escasez de documentaci¨®n aportada por la Generalitat para intentar desenmara?ar el supuesto delito y que ha sido subrayada, con evidente malestar, por el fiscal del caso.
Tabares y Lagier acudieron al Palau de la Generalitat para explicar el asunto antes de que el Ivex optara por presentar la querella. Seg¨²n fuentes oficiales, Lagier intent¨® restar importancia al caso y explic¨® que, a la larga, una vez superados sus problemas de liquidez, tanto Ford como el Ivex, resultar¨ªan beneficiados. La empresa automovil¨ªstica exportar¨ªa veh¨ªculos a T¨²nez y la entidad p¨²blica recibir¨ªa una comisi¨®n del 7% sobre el volumen de las exportaciones en lugar del 3% estipulado en el contrato firmado en julio de 1995, en virtud de un segundo contrato firmado en agosto de 1997, cuya existencia siempre ha negado el Ivex.
?Cu¨¢l es el papel de Ford en el esc¨¢ndalo?.
El gigante automovil¨ªstico, desde luego, no ha salido perjudicada. Los derechos de compensaci¨®n generados por el Ivex han sido aprovechados para exportar veh¨ªculos producidos en toda la Uni¨®n Europea. Las estimaciones de la empresa sobre su posible volumen de negocio en T¨²nez coinciden, sorprendentemente, con las primeras cifras que ofreci¨® Diego Such, entonces consejero de Industria, cuando anunci¨® en julio de 1995 que el Ivex hab¨ªa firmado un ventajoso acuerdo con la empresa norteamericana que permitir¨ªa exportar hasta 3.000 veh¨ªculos al a?o al pa¨ªs magreb¨ª. Los imputados en el caso han presentado ante el juez una carta del m¨¢ximo responsable comercial de Ford para el Norte de ?frica que sustenta la expectativa de alcanzar ese volumen de ventas, pero desde toda la Uni¨®n Europea.
?Por qu¨¦ se prest¨® el Ivex a generar derechos de compensaci¨®n a favor de Ford que ser¨ªan aprovechados por las plantas de producci¨®n de toda la Uni¨®n Europea?
Fuentes oficiales s¨®lo pueden alegar su propia biso?ez porque asociaron la marca Ford con la planta de Almussafes y, por lo tanto, con la primera empresa valenciana por volumen de exportaci¨®n, sin tener en cuenta la dimensi¨®n multinacional de la marca.
La sucesi¨®n de declaraciones ante el juez que instruye el caso s¨®lo ha contribuido a debilitar la posici¨®n oficial. Fuentes de la Generalitat admiten que es muy posible que la querella por delito societario sea archivada y sea imprescindible recurrir a la v¨ªa civil. La oposici¨®n reclama la creaci¨®n de una comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n en torno al caso, que el PP considera innecesaria puesto que el asunto est¨¢ en manos de la justicia. Una posici¨®n que no contribuye a tranquilizar a nadie.
?Existe el quebranto econ¨®mico primero denunciado y despu¨¦s negado?
El propio Zaplana, abogado de carrera, neg¨® recientemente que se haya producido ning¨²n quebranto econ¨®mico en las arcas del Ivex. Hasta la fecha la Generalitat se ha visto obligada a depositar 300 millones de pesetas en el juzgado para hacer frente a las letras que ha reclamado el Arab Bank. Lagier, seg¨²n fuentes de la Generalitat, se ha comprometido ante el juez a no poner en circulaci¨®n m¨¢s efectos comerciales. Las mismas fuentes sue?an con la posibilidad de que el empresario franc¨¦s incumpla su palabra.
Pero la duda pendiente sigue siendo la misma. Si era tan f¨¢cil esconder un agujero de mil millones de pesetas, como explic¨® Zaplana ante la representaci¨®n soberana del pueblo valenciano, ?qu¨¦ pretend¨ªa ocultar la Generalitat cuando se querell¨® contra el ¨²ltimo director del Ivex?
De la v¨ªa penal a la civil
La Generalitat ya prepara varias iniciativas en la jurisdicci¨®n civil en caso de que la investigaci¨®n abierta por la v¨ªa penal, tal como prev¨¦n fuentes cercanas al caso, fracase. La pretensi¨®n del Consell no es otra que la de evitar que la operaci¨®n dise?ada por Jos¨¦ Mar¨ªa Tabares cause perjuicio econ¨®mico alguno a las arcas p¨²blicas.Con ese objetivo, los abogados del Ivex podr¨ªan instar hasta dos procedimientos ante los tribunales. El primero pasar¨ªa por interpretar que las funciones del ex director de la empresa p¨²blica le confirieron la condici¨®n de administrador, imprescindible para poder reclamar una indemnizaci¨®n. Esta iniciativa, de dif¨ªcil ¨¦xito, seg¨²n los expertos consultados, pretender¨ªa que Tabares resarciera a las arcas p¨²blicas parte del agujero causado.
Su viabilidad pasar¨ªa por convencer al juez de que Tabares tom¨® varias decisiones que exced¨ªan de su competencia y, as¨ª, puso en riesgo el patrimonio de la compa?¨ªa. La otra posibilidad, m¨¢s factible, es que el Ivex, simple avalista de la operaci¨®n, intente tambi¨¦n por v¨ªa civil que sean Sonotube o Graficom, como beneficiadas de la operaci¨®n, quienes paguen a los bancos los 1.049 millones.
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