Ense?anza se muestra dispuesta a modificar el decreto de matriculaci¨®n para repartir a los ni?os con dificultades

El Departamento de Ense?anza est¨¢ dispuesto a modificar el decreto de matriculaci¨®n que establece el r¨¦gimen de admisi¨®n de los alumnos de los centros financiados con fondos p¨²blicos, lo que incluye a los centros privados concertados. As¨ª lo ha indicado la consejera de Ense?anza, Carme Laura Gil, a requerimiento de la diputada socialista Assumpta Baig. Tambi¨¦n el director general de Centros Educativos, Emili Pons, ha adquirido el mismo compromiso en la negociaci¨®n con los sindicatos. Seg¨²n el Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE), que cuenta con el apoyo de los partidos de izquierda, el decreto, elaborado en 1996, es un obst¨¢culo para aplicar medidas que impidan que los alumnos con necesidades educativas especiales se escolaricen s¨®lo en la escuela p¨²blica.

Carme Laura Gil se comprometi¨® a contar con la colaboraci¨®n de los ayuntamientos para la modificaci¨®n del decreto. El PSC, que ha venido defendiendo la participaci¨®n activa de los municipios en el proceso de matriculaci¨®n del alumnado, subraya que el nuevo decreto no s¨®lo tiene que contar con la colaboraci¨®n de los ayuntamientos, sino que ¨¦stos deben tener un papel determinante en la matriculaci¨®n. "Queremos que Ense?anza llegue a un consenso con los municipios, sin imponerles nada", destac¨® Baig. Los sindicatos, por su parte, consideraron positivo ayer el cambio de decreto, pero inmediatamente reclamaron que sea pactado con la comunidad educativa y que se establezca un calendario de negociaci¨®n. CC OO reclama que la nueva norma ofrezca "medidas efectivas para garantizar que no sean los centros los que elijan a los alumnos y evitar de esta manera que se originen segregaciones educativas".

La presidenta de la Federaci¨®n de Asociaciones de Padres de Alumnos de Catalu?a (FAPAC), Laura Paradell, tambi¨¦n celebr¨® el compromiso de Carme Laura Gil. Sin embargo, mostr¨® su escepticismo sobre la aplicaci¨®n del decreto. "El problema no s¨®lo es cambiar las actuales normas de matriculaci¨®n, sino que se establezcan mecanismos para aplicarlas correctamente", afirm¨®. En este sentido, denunci¨® que en ocasiones ni siquiera se cumple el actual decreto. "Algunos centros concertados no presentan a las comisiones de escolarizaci¨®n las listas de alumnos preinscritos, como obliga el decreto", subray¨®.

Uno de los cambios que la comunidad educativa reclama con m¨¢s urgencia es la creaci¨®n de un punto ¨²nico de matriculaci¨®n que permita controlar de forma transparente todo el proceso de admisi¨®n de alumnado en los centros financiados con fondos p¨²blicos. El MUCE considera que el objetivo es que los centros no intervengan en este proceso para evitar que la escuela concertada seleccione a su alumnado. A juicio de esta organizaci¨®n, estas comisiones no funcionan correctamente ya que s¨®lo pueden distribuir a los alumnos que se han quedado sin plaza. "Cuando pedimos m¨¢s competencias a las comisiones, nos responden que el decreto no lo permite; luego, la soluci¨®n es cambiarlo", afirma Ramon Simon, miembro del Secretariado de Ense?anza de USTEC-STE.