EL ESTADO DE BIENESTAR Jubilaci¨®n flexible JOS? A. HERCE

El autor analiza la posibilidad de que lostrabajadores que se jubilen despu¨¦s de los

65 a?os no paguen cotizaciones sociales,

siempre que hayan estado

cotizando durante 35 a?os.

Si el Partido Popular gana las elecciones propondr¨¢ al Pacto de Toledo que los trabajadores que se jubilen despu¨¦s de cumplir 65 a?os no paguen cotizaciones sociales, siempre que hubiesen cumplido 35 a?os de carrera de cotizaci¨®n. Esperemos que de no ganar las elecciones tambi¨¦n proponga dicha medida al Pacto de Toledo. Porque es una medida en la direcci¨®n, correcta a mi entender, hacia un esquema de jubilaci¨®n m¨¢s flexible en nuestro pa¨ªs.Es un paso en la buena direcci¨®n, pero un paso moderado con algunas implicaciones claras y otras que no lo est¨¢n tanto. Su principal virtud radica en que, si tiene ¨¦xito y muchos trabajadores se acogen a esta opci¨®n, la edad efectiva de jubilaci¨®n aumentar¨¢ y ello implicar¨¢ menores gastos por pensiones que superar¨¢n ampliamente a la menor cotizaci¨®n derivada de las exenciones. Siempre he considerado que las medidas de este tipo aumentan las opciones de los individuos y tienen beneficiosos efectos sobre el balance del sistema de pensiones.

Repasemos algunos criterios de econom¨ªa pol¨ªtica a fin de comprender mejor el alcance de lo que se propone. En primer lugar, al ser medidas voluntarias s¨®lo quienes se beneficien de ellas las adoptar¨¢n, por lo que generan una ganancia de bienestar que podemos denominar "el dividendo de la opci¨®n". Pero, en segundo lugar, si hay que incentivarlas econ¨®micamente pueden tener un coste para quien las propone, que habr¨ªa que comparar con el beneficio anterior. En tercer lugar, tambi¨¦n hay que tener en cuenta que el incentivo econ¨®mico puede acabar en manos de la persona equivocada cre¨¢ndose una simple ilusi¨®n monetaria por parte del inicial destinatario. Esto es lo que creo que pasa, por ejemplo, con las desgravaciones a la vivienda que finalmente pueden acabar en manos de los promotores en forma de precios m¨¢s elevados. En cuarto lugar, ?a cu¨¢ntos individuos puede afectar esta medida? Y, en quinto y ¨²ltimo lugar, ?qu¨¦ efectos puede tener esta medida sobre otras parcelas de la econom¨ªa, especialmente el mercado de trabajo?

?C¨®mo supera la medida propuesta cada uno de los criterios reci¨¦n expuestos?

Los beneficios para quienes se acojan a la medida no son evidentes, ya que la exenci¨®n de las cotizaciones repercute fundamentalmente sobre los empleadores. ?stos pueden apreciar que aumenta la empleabilidad del trabajador elegible y mantenerlo en el puesto de trabajo y los trabajadores s¨®lo permanecer¨ªan en ¨¦ste si su balance ocio m¨¢s pensi¨®n versus salario es el adecuado. Pero la gran mayor¨ªa de trabajadores de 65 a?os con 35 de cotizaciones est¨¢n en condiciones de percibir una pensi¨®n similar a su ¨²ltimo salario, de manera que el valor del ocio es determinante para ellos. Tan s¨®lo los trabajadores de altos salarios (siempre los mismos) considerar¨¢n seriamente la medida y podr¨ªan acogerse a ella, ya que durante algunos a?os percibir¨ªan salarios superiores a la pensi¨®n. M¨¢s adelante explicar¨¦ c¨®mo pueden distribuirse los beneficios de otra manera, buscando una mayor respuesta de los trabajadores.

Respecto a los beneficios para el sistema de pensiones, en este caso est¨¢n garantizados, ya que por cada individuo y a?o en que se retrase la jubilaci¨®n la caja de la Seguridad Social registrar¨ªa un ahorro neto de unas 800.000 pesetas. Por eso le interesa al sistema proponer medidas cuyo dise?o maximice la participaci¨®n. Los otros grandes beneficiarios, como dec¨ªa anteriormente, son las empresas cuyos costes laborales podr¨ªan disminuir en unas 700.000 pesetas por trabajador y a?o en que se acogiese a esta medida.

En el a?o 1999 se produjeron unas 200.000 nuevas pensiones de jubilaci¨®n, de las cuales menos de la d¨¦cima parte correspondieron a trabajadores de m¨¢s de 65 a?os. Ello quiere decir que las medidas para retrasar voluntariamente la jubilaci¨®n pueden tener un efecto importante, aun descartando a quienes no tienen 35 a?os de cotizaciones cumplidos, si estimulan a una amplia participaci¨®n. Para ello bastar¨ªa con cambiar el incentivo, por ejemplo, manteniendo el pago de cotizaciones sociales, pero concediendo una prima de pensi¨®n por retrasar la edad de jubilaci¨®n de valor presente equivalente al de las cotizaciones que se mantienen. As¨ª, el balance ocio m¨¢s pensi¨®n versus salario del trabajador mejorar¨ªa considerablemente sin que empeorase el del sistema de pensiones.

Finalmente, todas las medidas para retrasar la edad de jubilaci¨®n chocan de frente con la situaci¨®n del mercado de trabajo y el grave problema de la exclusi¨®n profesional de los j¨®venes, aunque estamos ahora mejor que hace unos a?os. Pero no pueden resolverse varios problemas a la vez con un ¨²nico instrumento.

En suma, el incentivo de la medida que se propone beneficia al sistema de pensiones y a las empresas, pero si no beneficia claramente a los trabajadores, ¨¦stos no la adoptar¨¢n y ning¨²n beneficio podr¨¢ cosecharse. Siempre cabe la posibilidad de implantar obligatoriamente este tipo de medidas, pero, entonces, lo que antes era un incentivo se convierte claramente en una acci¨®n redistributiva del Gobierno y aqu¨ª es donde hay que extremar el cuidado con el que se dise?an estas medidas o, dicho de otro modo, el di¨¢logo para suscitar el consenso social en torno a ellas. El Pacto de Toledo empezar¨¢ a rendir un buen servicio al pa¨ªs si su convocatoria en ciernes camina por la direcci¨®n de mejorar las cuentas de las pensiones, aumentar las opciones de los individuos y distribuir equitativamente los diversos dividendos de las medidas que se propongan. La que me ha ocupado en estas l¨ªneas puede reunir, si se dise?a adecuadamente, todas estas cualidades.

Jos¨¦ A. Herce es director de la Fundaci¨®n de Estudios de Econom¨ªa Aplicada y profesor de econom¨ªa en la Universidad Complutense de Madrid.