Londres encubri¨® 20 a?os de abusos a menores en r¨¦gimen de acogida Una decena de los 650 afectados acabaron suicid¨¢ndose
Ronald Waterhouse, antiguo presidente de la sala de Familia del Tribunal Supremo brit¨¢nico, pidi¨® ayer al Gobierno la creaci¨®n de un Defensor del Ni?o que evite abusos como los sufridos por unos 650 menores acogidos en hogares sociales de Gales entre 1974 y 1990. Fueron sometidos a un r¨¦gimen de terror por los asistentes sociales. El esc¨¢ndalo fue ocultado dos d¨¦cadas por todas las partes implicadas, polic¨ªa y pol¨ªticos incluidos.
Encargado en 1996 de investigar los hechos, el juez, que considera probado el suicidio de una decena de afectados, ha calificado de "tragedia" el sufrimiento de los que han visto destrozadas sus vidas por no ser cre¨ªdos a tiempo.El relato de los padecimientos de Steven Messham, uno de los pocos menores acogidos a principios de los a?os 80 en uno de los 40 hogares sociales en los condados galeses de Clwyd y Gwynedd que ha hablado en p¨²blico, enmudeci¨® ayer a la C¨¢mara de los Comunes. Seg¨²n el informe del juez Waterhouse, fue internado a los 13 a?os porque sus padres le pegaban en casa. A la semana, ya hab¨ªa sido violado y sab¨ªa que si lo denunciaba el castigo ser¨ªa mucho peor.
En manos de asistentes sociales inexpertos al mando de directores que encubr¨ªan sus propios abusos, ni?os y ni?as de 10 a?os en adelante eran golpeados, lanzados contra la pared y forzados a frotar los suelos con cepillos de dientes. Cortar la hierba con tijeras de u?as era otra de las sanciones favoritas. Uno de los directores prefer¨ªa anular primero a los menores dici¨¦ndoles que estaban solos en el mundo. Luego pasaba a consolares y a abusar sexualmente de ellos.
"En todos los casos analizados se repite la misma constante: los ni?os nunca fueron escuchados y sus supervisores, dentro y fuera del hogar, se encubrieron unos a otros, polic¨ªa y autoridades locales incluidas", se?ala el informe. Waterhose, que ha invertido tres a?os en elaborarlo y prepar¨® el primer borrador a mano, ha pedido al gobierno la creaci¨®n de un Defensor del Ni?o capaz de evitar la repetici¨®n de esc¨¢ndalos parecidos. En su opini¨®n, deber¨ªa ser una figura independiente de los servicios sociales y el equipo de los propios hogares. Sus visitas a los centros de acogida tendr¨ªan que ser regulares pero imprevistas, y el ni?o podr¨ªa confiarle sus temores.
Despedida por "soplona"
En sus recomendaciones, que suman 72, el juez pide tambi¨¦n algunas cosas que parecen elementales. "Los asistentes sociales adscritos a los hogares de acogida no precisan hoy de formaci¨®n alguna: ser¨ªa deseable que la tuvieran antes de ser contratados". Grupos en defensa del menor llevan a?os abogando por ello: "Es la ¨²nica forma de ayudar al ni?o a que conf¨ªe en un experto, no en cualquiera sin preparaci¨®n".
"Resulta terror¨ªfico pensar que peque?os en r¨¦gimen de acogida hayan tenido que pasar por esto", lament¨® ayer ante los Comunes Paul Murphy, ministro para Gales, en la presentaci¨®n del informe. Para Alison Taylor, la ¨²nica asistente social que dio la voz de alarma en los a?os 80, esas palabras llegan demasiado tarde. Expulsada de su trabajo por "soplona", le cost¨® varios a?os que la polic¨ªa investigara sus alegaciones. Ahora se ha sabido que todos los estudios elaborados por esas fechas fueron sistem¨¢ticamente ocultados por las instancias denunciadas en los mismos. Para satisfacci¨®n de Taylor, el informe pide que las personas que destapen abusos a partir de ahora "sean escuchadas".
En estos momentos, los hogares de acogida de Inglaterra, Gales y Escocia incluyen a 6.900 ni?os brit¨¢nicos. Seg¨²n la Oficina Nacional del Ni?o, otro grupo ben¨¦fico, a la falta de preparaci¨®n de sus cuidadores hay que a?adir otra realidad. El 75% de los menores que abandonan el circuito de protecci¨®n social en el Reino Unido carece de estudios. La pobre coordinaci¨®n de los diversos servicios sociales, algo resaltado tambi¨¦n por Ronald Waterhouse, ha forzado el peregrinaje de muchos de ellos de un hogar a otro con resultados nefastos. Un 23% de los reclusos adultos y un 38% de los juveniles proceden hoy de la asistencia social.
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