Un informe denuncia m¨²ltiples v¨ªnculos entre los paramilitares y el Ej¨¦rcito de Colombia
La c¨²pula militar colombiana rechaz¨® por "calumnioso" y por "violar el derecho a la honra" el informe presentado ayer por la organizaci¨®n Human Rights Watch (HRW) en Washington. El documento, titulado Los lazos que atan: v¨ªnculos entre militares y paramilitares en Colombia, aparece cuando el Congreso norteamericano estudia la entrega de una ayuda de l.600 millones de d¨®lares (270.000 millones de pesetas) a Bogot¨¢, la mayor¨ªa destinados al Ej¨¦rcito. Una de las principales inquietudes es precisamente si esta ayuda agudizar¨¢, a¨²n m¨¢s, el grave problema de derechos humanos que sufre el pa¨ªs.
El informe, de 25 p¨¢ginas, presenta "abundante y detallada evidencia" de que han existido, "continuamente, estrechos lazos" entre el Ej¨¦rcito y los grupos paramilitares que siembran el terror a lo largo y ancho del pa¨ªs. Las conclusiones est¨¢n basadas, seg¨²n HRW, en investigaciones de la fiscal¨ªa colombiana y entrevistas con testigos.Las acusaciones son graves: la mitad de las 18 brigadas del Ej¨¦rcito del pa¨ªs y algunos de sus oficiales colaboran con las llamadas autodefensas; la ayuda a estos grupos, que dirige Carlos Casta?o, se traduce en espionaje, armas, municiones, soporte a¨¦reo y ayuda m¨¦dica. "Compartir las labores de inteligencia es el m¨¢s permanente y com¨²n m¨¦todo de colaboraci¨®n", insiste el informe que se ha hecho llegar a la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright.
La organizaci¨®n de defensa de derechos humanos rese?a casos concretos. La Brigada III, con sede en Cali -la tercera ciudad del pa¨ªs-, es calificada como "la misma cosa" que el frente Calima de los paramilitares, que surgi¨® a ra¨ªz del secuestro masivo de feligreses en una iglesia de un exclusivo sector de Cali, cometido por la guerrilla del Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN). Los hombres del grupo Calima, con sus brazaletes de la AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), aparecieron en Tulu¨¢, cerca de Cali, poco despu¨¦s del secuestro y, desde entonces, han realizado matanzas y provocado ¨¦xodos masivos de campesinos.
"Las investigaciones pudieron ligar directamente al frente Calima con oficiales en servicio, retirados y en reserva de la Brigada III", se?ala HRW, y agrega que los matones fueron inicialmente concentrados en fincas de "supuestos narcotraficantes". El comandante de la Brigada, general Jaime Ernesto Canal, se defiende: "En combates con las autodefensas, dos de nuestros soldados entregaron su sangre y sus vidas". Se?al¨®, adem¨¢s, que ¨¦l mismo pidi¨® a la fiscal¨ªa una investigaci¨®n para saber si alg¨²n hombre de la unidad estaba involucrado "con estos bandidos [los paramilitares", y hasta el momento no hay indicios de ello.
La Brigada IV, con sede en Medell¨ªn, tambi¨¦n aparece. El informe asegura que la matanza de El Aro -peque?a aldea de la provincia de Antioquia arrasada en l997 y donde m¨¢s de 30 civiles fueron asesinados- fue una operaci¨®n conjunta de Ej¨¦rcito y paramilitares. "Sobrevivientes le dijeron a HRW que, mientras los soldados manten¨ªan un per¨ªmetro alrededor del caser¨ªo, unos 25 miembros de las AUC entraron a la poblaci¨®n". Jes¨²s Valle, abogado que investigaba esta masacre, fue asesinado en Medell¨ªn en febrero de 1998.
La Brigada XIII, con sede en Bogot¨¢, tambi¨¦n est¨¢ en la mira. Se le acusa de poner en marcha una campa?a de intimidaci¨®n contra los que se atreven a investigar los v¨ªnculos entre Ej¨¦rcito, paramilitares y sicarios de La Terraza -la banda criminal m¨¢s temible del pa¨ªs-, implicados en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garz¨®n el pasado l3 de agosto en Bogot¨¢. A ra¨ªz de este crimen que conmocion¨® al pa¨ªs, importantes columnistas se?alaron a "elementos extremos en las Fuerzas Armadas" como responsables del asesinato. Se arm¨® un gran revuelo y desde distintos estamentos se pidi¨® un debate "serio y p¨²blico sobre las Fuerzas Armadas y la guerra sucia".
'Depuraci¨®n' interna
El diario El Tiempo -que tradicionalmente ha respaldado al Ej¨¦rcito- se refiri¨® en un editorial a la vinculaci¨®n de oficiales en servicio a varios magnicidios, entre ellos en el caso del asesinato del ex candidato conservador ?lvaro G¨®mez Hurtado, y concluy¨® que, en materia de depuraci¨®n dentro del Ej¨¦rcito, "a¨²n falta avanzar".
Para el vicepresidente colombiano, Gustavo Bell, el informe de HRW tiene un objetivo evidente: "Entorpecer el tr¨¢mite legislativo de la ayuda norteamericana en Colombia". Jos¨¦ Miguel Vivanco, director para Am¨¦rica de HRW, dice que no es cierto, que lo que se pretende es que se revise el plan de ayudas, se balancee la distribuci¨®n de los recursos y se d¨¦ apoyo, entre otras instituciones, a la fiscal¨ªa.
[El zar antidrogas de EEUU, Barry McCaffrey, dijo ayer en la base de Tres Esquinas, en la regi¨®n sure?a colombiana de Caquet¨¢, que la ayuda militar de su pa¨ªs "reintroducir¨¢ la ley en el sur" de Colombia, informa Reuters. Tambi¨¦n respondi¨® al informe de una ONG colombiana que advirti¨® la v¨ªspera de que 150.000 civiles ser¨¢n desplazados si se aplica el plan contra los cultivos de coca en el sur del pa¨ªs. McCaffrey dijo que "el coste [los desplazados] es muy modesto si se lo compara con el da?o que causan la coca¨ªna y la hero¨ªna", informa Efe.]
271 v¨ªctimas de los 'escuadrones de la muerte' en lo que va de a?o
Las Fuerzas Armadas de Colombia, agobiadas por una guerra eterna, han estado en la mira de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Se les acusa de ayudar, por acci¨®n o por omisi¨®n, a los grupos paramilitares, los mayores violadores de derechos humanos.El analista Eduardo Pizarro, exiliado tras sufrir un atentado, escribi¨® en el diario El Espectador: "Las Fuerzas Militares no pueden continuar afirmando con orgullo que han mejorado su conducta frente a los derechos humanos mientras no demuestren a su turno y con total transparencia que estas tareas sucias no las est¨¢n llevando a cabo actores sustitutos, como los paramilitares o los escuadrones de la muerte".
En lo que va de a?o se han registrado ya 39 matanzas, con un total de 271 v¨ªctimas civiles, la mayor¨ªa ejecutadas por los paras. La ¨²ltima, ocurrida en la peque?a aldea caribe?a de El Salado, muestra hasta d¨®nde ha llegado la degradaci¨®n del conflicto. Los paras, seg¨²n el funcionario de la fiscal¨ªa encargado de la investigaci¨®n, llegaron el mi¨¦rcoles pasado, se emborracharon, bailaron y luego iniciaron su org¨ªa de sangre: en el templo cat¨®lico y en una cancha deportiva degollaron a sus 37 v¨ªctimas.
El vicepresidente colombiano, Gustavo Bell, record¨® que el Gobierno ha reconocido la vinculaci¨®n entre algunos miembros de las fuerzas de seguridad y grupos fuera de la ley: "Cuando ello ha acontecido [el Gobierno], ha sido el primero en aplicar sanciones ejemplarizantes". Bell no acepta el informe de Human Rights Watch porque, seg¨²n dice, no existe "una deliberada voluntad institucional de apoyo o soporte hacia esos grupos". En este Gobierno han rodado las cabezas de cuatro generales por sus v¨ªnculos con los paramilitares.
Mientras, ayer se inform¨® de la detenci¨®n de Aroldo Segundo Meza, jefe de finanzas de las autodefensas en el norte del pa¨ªs, justo en la zona donde los paras han asesinado a 70 personas en los ¨²ltimos d¨ªas.
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