12M: Justicia

En alg¨²n momento previo a su llegada al poder en marzo de 1996, el PP abog¨® por la supresi¨®n del Ministerio de Justicia por motivos de reducci¨®n del gasto publico. No lo suprimi¨®, pero le amput¨® enseguida -mayo de 1996- una de sus mitades, Instituciones Penitenciarias, pas¨¢ndosela al Ministerio del Interior. Desde entonces se da la paradoja de que la pol¨ªtica penitenciaria, que ata?e fundamentalmente a la ejecuci¨®n de las penas, no est¨¢ en manos del departamento valedor en los sistemas democr¨¢ticos de las garant¨ªas jur¨ªdicas y nexo de uni¨®n con el Poder Judicial, sino del ministerio garante de la seguridad ciudadana y del orden p¨²blico.El tema da una idea del escaso peso pol¨ªtico que Aznar ha otorgado al Ministerio de Justicia, y que no ha hecho sino menguar a lo largo de la legislatura. Otra demostraci¨®n de esa marginalidad es haber nombrado titular del departamento a personaje tan inane como Margarita Mariscal de Gante. Cuando la ministra, cuyo mutismo ha sido clamoroso en la tramitaci¨®n de la Ley de Extranjer¨ªa, se ha visto en el trance de hacer un balance de su gesti¨®n, apenas ha podido esgrimir dos logros: la creaci¨®n de los juzgados de lo contencioso-administrativo, una medida que se ven¨ªa posponiendo al menos una d¨¦cada, y la aprobaci¨®n de la nueva Ley de Enjuicimiento Civil, si bien con el lastre de su rechazo por colectivos profesionales tan fundamentales para su aplicaci¨®n como los abogados. Ante tal balance no es disparatado preguntarse si ha existido un Ministerio de Justicia en esta legislatura.

No es extra?o que, a falta de iniciativas o de capacidad para sacarlas adelante, la legislatura haya terminado peor de lo que comenz¨®: el colapso sigue siendo colosal -dos millones de asuntos pendientes-, la dotaci¨®n presupuestaria se mantiene en niveles m¨ªnimos -apenas el 1% de los gastos del Estado-, los procesos siguen anticuados como antes y brilla por su ausencia una oficina judicial acorde con el tiempo presente. Bajo el mandato de Mariscal de Gante ha aflorado adem¨¢s un nuevo problema: la llamada desertizaci¨®n judicial. Los jueces actuales, unos 3.500, no bastan para sacar adelante los casi seis millones de asuntos que llegan cada a?o a sus manos y para atender a los 12 millones de espa?oles que en ese tiempo acuden a la justicia. ?nase a todo ello la reaccionaria pol¨ªtica emanada de la Fiscal¨ªa General del Estado -un traspi¨¦s tras otro del ministerio- y tendremos delante la radiograf¨ªa de un panorama bochornoso por inane y vergonzante.

En su programa electoral, el PP aboga nuevamente por una justicia r¨¢pida y eficaz. Y afirma que tendr¨¢ en cuenta las sugerencias del Libro Blanco sobre la justicia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ?Ser¨¢ el mismo Libro Blanco que el Gobierno ha mantenido orillado desde su elaboraci¨®n, a mediados de 1997? En este asunto, la credibilidad del PP es cercana al cero (patatero).