El juez Guzm¨¢n solicita el levantamiento de la inmunidad a Pinochet para procesarle

El juez chileno Juan Guzm¨¢n Tapia dio ayer el primer paso para procesar a Augusto Pinochet, al pedir el desafuero formal del senador vitalicio, tal y como solicit¨® la semana pasada un grupo de siete abogados. La decisi¨®n est¨¢ en manos del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago (24 magistrados). El juez instructor de las 66 querellas criminales presentadas contra el ex dictador expres¨® su confianza en una resoluci¨®n favorable del alto tribunal, que puede tardar un mes en hacerse p¨²blica, seg¨²n fuentes judiciales. Guzm¨¢n considera que las pruebas se?alan a Pinochet como "autor inductor" de, al menos, 19 desapariciones.

El abogado Nelson Caucoto present¨® ayer mismo al juez Guzm¨¢n las ¨²ltimas cinco querellas contra Pinochet por 12 casos de personas detenidas desaparecidas en la dictadura. Hoy est¨¢ previsto que se presenten otras cinco demandas para llegar a las 71, informa Manuel D¨¦lano.Hugo Guti¨¦rrez, uno de los abogados firmantes de la solicitud para retirar la inmunidad al senador, subray¨® la importancia de que el juez Guzm¨¢n haya considerado que "existen bases suficientes para detener a Pinochet". Por ello, el magistrado ha pedido al pleno de la Corte de Apelaci¨®n el levantamiento de la inmunidad parlamentaria que le confiere su condici¨®n de senador. La resoluci¨®n del magistrado se basa en el art¨ªculo 612 del C¨®digo Penal, que establece que "tan pronto aparecen antecedentes para detener a un parlamentario, el juez elevar¨¢ los autos al tribunal de alzada correspondientes, a fin de que si hay m¨¦rito, se inicie la causa".

Hasta que no resuelva la Corte de Apelaciones, el juez Guzm¨¢n no podr¨¢ interrogar ni ordenar la realizaci¨®n de ex¨¢menes m¨¦dicos a Pinochet. "Nos guste o no nos guste, el inculpado tiene fuero parlamentario, de momento", precis¨® el abogado Guti¨¦rrez. "Es la hora de la verdad para el Gobierno y el poder judicial. Quedar¨¢ dirimido qui¨¦n manda aqu¨ª, si el poder judicial o el poder militar", dijo la abogada Carmen Hertz.

"Ahora empieza el procedimiento propiamente dicho del desafuero", a?adi¨® la abogada. La Corte tiene que estudiar los 10 tomos del expediente de la caravana de la muerte, que los querellantes califican de "operativo de exterminio". Habr¨¢ una vista p¨²blica en la que los abogados de las dos partes efectuar¨¢n las alegaciones respectivas, tras lo cual el tribunal emitir¨¢ su fallo. Lo cierto es que Pinochet ya ha nombrado a su abogado defensor en Chile. Se trata de Gustavo Collao Mira, coronel retirado y secretario personal del dictador durante a?os.

La solicitud de desafuero se?ala que "existen presunciones fundadas" para estimar la "participaci¨®n criminal en calidad de autor inductor" de Augusto Pinochet Ugarte "en los delitos de secuestros calificados agravados y en la asociaci¨®n il¨ªcita". En concreto, los cargos son 19 casos de desaparici¨®n de personas en el operativo represivo conocido como caravana de la muerte, perpetrado en varias localidades del norte de Chile un mes despu¨¦s del golpe de Estado de septiembre de 1973.

La tramitaci¨®n de la solicitud del desafuero es la decisi¨®n m¨¢s importante que ha adoptado hasta la fecha la justicia chilena contra el ex dictador. Es, al mismo tiempo, el resultado de la investigaci¨®n realizada en los ¨²ltimos dos a?os y medio por el juez Guzm¨¢n, durante la cual ha ordenado numerosas diligencias, que incluyen interrogatorios, ¨®rdenes de detenci¨®n y procesamiento de seis altos oficiales del Ej¨¦rcito, cuya situaci¨®n judicial fue confirmada por la Corte Suprema en agosto del a?o pasado. Entre ellos, el general Sergio Arellano Stark, que comand¨® la caravana de la muerte en calidad de "oficial delegado" del presidente de la Junta Militar de Gobierno y comandante en jefe del Ej¨¦rcito, general Augusto Pinochet.

Fernando Barros, quien fuera abogado del dictador, manifest¨® que el general no puede ser inculpado como autor, sino como c¨®mplice encubridor, ya que s¨®lo habr¨ªa conocido los hechos despu¨¦s de haber sido cometidos. Por lo cual, deber¨ªa aplic¨¢rsele el decreto ley de amnist¨ªa aprobado por el r¨¦gimen militar para encubrir los cr¨ªmenes cometidos entre septiembre de 1973 a marzo de 1978.

Desde las filas de la derecha pinochetista, el ex presidente de Renovaci¨®n Nacional (RN) Alberto Espina dijo que, en este momento, los pol¨ªticos tienen que ser consecuentes. "Hemos dicho que los tribunales son independientes y soberanos. Hay que respetar esta decisi¨®n y permitir que los tribunales trabajen con autonom¨ªa". Asever¨® tambi¨¦n que el juez Guzm¨¢n tiene plenas facultades para llevar las diligencias procesales que estime convenientes, incluido el interrogatorio a Pinochet.

El papel de la Corte

A partir de ahora, los 24 jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago estudiar¨¢n los alegatos antes de votar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria que protege a Pinochet. Si la mitad m¨¢s uno de los miembros del tribunal ordena el desafuero, la defensa del querellado podr¨¢ recurrir la decisi¨®n jur¨ªdica ante la Corte Suprema, que dictar¨¢ un fallo inapelable. Si, por el contrario, la petici¨®n fuera rechazada, los abogados querellantes s¨®lo tendr¨ªan la posibilidad de presentar un recurso llamado de queja contra la conducta de los jueces y no contra el contenido del fallo. Se trata de un tipo de recurso que prospera raramente, estiman fuentes judiciales.

Abogados y especialistas del ¨¢mbito judicial consultados por este diario se?alan que la actual composici¨®n de la Corte de Apelaciones permite vaticinar una mayor¨ªa de votos favorables al desafuero del ex dictador. Esta opini¨®n se basa en la actuaci¨®n de los miembros del tribunal en diferentes causas de violaciones de derechos humanos.