El Estado chileno se persona en el caso de la 'caravana de la muerte' contra Pinochet
El Estado chileno pas¨® ayer a ser uno de los querellantes contra el ex dictador Augusto Pinochet, despu¨¦s que el Consejo de Defensa del Estado (Fiscal¨ªa), un organismo aut¨®nomo del Gobierno y encargado de defender los intereses estatales, acordara "por estimarlo conveniente a los intereses de la sociedad y el Estado" personarse en el proceso contra Sergio Arellano Stark y otros por el caso de la caravana de la muerte, que sustancia el juez Juan Guzm¨¢n y por el cual se pidi¨® el desafuero del anciano general. El cerco contra Pinochet en su pa¨ªs, por tanto, se estrecha.
La resoluci¨®n del organismo, firmada por su presidenta, la abogada Clara Szczaranski, indica que la intervenci¨®n del Consejo "tiene por objeto coadyudar en el establecimiento procesal de la verdad y en la sanci¨®n de quienes resulten jur¨ªdicamente responsables". Se trata de una decisi¨®n sorprendente e in¨¦dita, ya que en otra oportunidad anterior este Consejo rechaz¨® hacerse parte.Una avalancha judicial de querellas por violaciones de los derechos humanos se abate sobre Pinochet desde que el juez Juan Guzm¨¢n Tapia comenzara a tramitar la petici¨®n de desafuero del ex dictador, con un ritmo muy superior al de los meses previos a su regreso a Chile. El cerco judicial contra Pinochet se ampli¨® ayer de manera decisiva con la decisi¨®n de la Fiscal¨ªa y la presentaci¨®n de seis nuevas querellas criminales en su contra, que elevan a 72 el n¨²mero total, de las cuales 12 fueron entregadas a Guzm¨¢n entre el lunes y martes. La ofensiva de los querellantes, desatada en buena medida por la provocaci¨®n a los familiares de las v¨ªctimas de la dictadura que constituy¨® la ceremonia militar de recepci¨®n de Pinochet y el despliegue de tropas que le rode¨® al llegar a Chile, aument¨® la presi¨®n sobre los jueces.
El presidente de la Corte de Apelaciones, Rub¨¦n Ballesteros, consciente de que los ojos del mundo est¨¢n puestos en la decisi¨®n que adoptar¨¢ el pleno de ese tribunal sobre el desafuero del ex dictador por los cr¨ªmenes de la caravana de la muerte, inform¨® de que los magistrados se reunir¨¢n de manera extraordinaria para tratar el caso y que ¨¦ste tendr¨¢ una relatora de dedicaci¨®n exclusiva, lo que puede acelerar el ritmo de la decisi¨®n. Mientras, en declaraciones para minimizar el impacto, el presidente de la Corte Suprema, Hern¨¢n ?lvarez, dijo que el desafuero ser¨¢ resuelto como cualquier otro proceso.
Cada nueva querella es un eslab¨®n m¨¢s de la cadena judicial que busca cercar a Pinochet. Por cada una de las 72 querellas presentadas, sobre la base de antecedentes que muestren la participaci¨®n criminal de Pinochet bajo cualquiera de las figuras que reconoce el procedimiento penal chileno -autor, c¨®mplice o encubridor- en los delitos que se le imputan, se le puede presentar una petici¨®n de desafuero.
Seg¨²n explica la abogada Carmen Hertz, que integra el grupo de juristas que encabezan las querellas, la petici¨®n para levantar el fuero que protege a Pinochet depende de los querellantes. "Creemos que el juez est¨¢ obligado a elevar los autos a la Corte de Apelaciones. Basta con que existan dudas sobre la participaci¨®n criminal del imputado, pues el desafuero es un procedimiento previo y distinto al sometimiento a un proceso", afirma Hertz.
Los casos en los que aparece m¨¢s probada la participaci¨®n personal de Pinochet en los cr¨ªmenes de la dictadura, a juicio de los querellantes, son aquellos en que est¨¢n involucradas la DINA (Direcci¨®n de Inteligencia Nacional) o la CNI (Central Nacional de Informaciones), de las cuales el general era el superior jer¨¢rquico directo y que le rend¨ªan cuentas a ¨¦l.
En el caso de la caravana de la muerte, su participaci¨®n est¨¢ m¨¢s fundamentada que en otros por el mandato que Pinochet le dio por escrito al jefe de esta comitiva militar -autora de 72 cr¨ªmenes en octubre de 1973-, general Sergio Arellano. En este caso, ayer el juez Guzm¨¢n concedi¨® la libertad provisional con consulta previa a la Corte de Apelaciones al general Pedro Espinoza, ex n¨²mero dos de la DINA, uno de los procesados.
La derecha reaccion¨® ante la avalancha que cae sobre el ex dictador. El senador de Renovaci¨®n Nacional Ignacio P¨¦rez Walker denunci¨® que existe una "presi¨®n indebida" sobre el juez Guzm¨¢n por parte del actual presidente, Eduardo Frei, y del futuro mandatario, Ricardo Lagos, que asumir¨¢ la presidencia este s¨¢bado, buscando imponer justicia "para que desde afuera nos miren bien".
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