Pujol reconoce que la Mina sigue siendo "la espina de la Generalitat"

Este mes de abril se cumplir¨¢n dos a?os desde la presentaci¨®n del Plan de Transformaci¨®n Global del barrio de la Mina, suscrito por el Ayuntamiento de Sant Adri¨¤ y el Departamento de Bienestar Social. Pero el proyecto sigue pr¨¢cticamente paralizado. Ayer, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, visit¨® el barrio y tampoco concret¨® cu¨¢ndo se aplicar¨¢ el plan. Pujol tuvo que reconocer que la Mina "es una espina que la Generalitat tiene clavada, porque su reforma sigue pendiente".

El plan de la Mina contempla dos l¨ªneas de actuaci¨®n para eliminar la desestructuraci¨®n del barrio: reforma urban¨ªstica e intervenci¨®n social. En el terreno social, se pretenden llevar a cabo actuaciones de inserci¨®n laboral y formaci¨®n, as¨ª como programas especiales para los colectivos en riesgo. El tercer pilar del proyecto es el aumento de la polic¨ªa en el barrio para terminar con las redes de delincuencia y con los comportamientos inc¨ªvicos de parte de la poblaci¨®n. Desarrollar todas estas actuaciones costar¨¢, seg¨²n se anunci¨® en 1998, unos 14.000 millones de pesetas.El alcalde de Sant Adri¨¤, el socialista Jes¨²s Mar¨ªa Canga, advirti¨® ayer que ser¨ªa necesario revisar esa cifra al alza. Por tanto, ser¨¢ inevitable buscar inversiones de todas las administraciones: local, auton¨®mica, estatal y europea.

Para la ejecuci¨®n del proyecto ya nadie habla de plazos. En 1998 se fij¨® en 10 a?os el tiempo necesario para transformar el barrio. Pero los primeros dos han pasado casi en blanco. En este tiempo, lo ¨²nico que se ha realizado ha sido la comisar¨ªa de polic¨ªa. Este equipamiento empez¨® a funcionar hace unos meses y en ¨¦l trabajan conjuntamente el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y la Polic¨ªa Local. Pero este despliegue policial sigue siendo insuficiente.

Para tutelar todo el plan de transformaci¨®n debe constituirse el Consorcio de la Mina, un ente formado por el Ayuntamiento de Sant Adri¨¤ y la Generalitat, abierto a la participaci¨®n del Estado y de otras administraciones, como la Diputaci¨®n de Barcelona. ?ste es el retraso fundamental que ha impedido el desarrollo de todo el proyecto.

En noviembre de 1999, el Ayuntamiento de Sant Adri¨¤ y el entonces consejero de Bienestar Social, Antoni Comas, firmaron un convenio que ratificaba las buenas intenciones y la vigencia del plan acordado en abril de 1998. Comas asegur¨® que hab¨ªa que esperar a la formaci¨®n del nuevo Gobierno de la Generalitat para ahondar en detalles sobre la aplicaci¨®n del plan, pero las inconcreciones son las mismas y el Gobierno central no ha decidido a¨²n si participar¨¢ o no en el consorcio, con lo cual la firma de este protocolo sigue sin tener fecha.