La Fiscal¨ªa pide al juez que archive las diligencias del 'caso Aravaca'

La Fiscal¨ªa de Madrid ha solicitado al juez el sobreseimiento del caso Aravaca (la recalificacion de 700.000 metros cuadrados de suelo para pagar la expropiaci¨®n de los terrenos necesarios para construir la M-40 en su tramo norte). El ministerio p¨²blico entiende que debe sobreseerse el caso porque no hay pruebas suficientes como para afirmar que existi¨® prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y uso de informaci¨®n privilegiada en esa recalificaci¨®n.

La investigaci¨®n judicial es fruto de una denuncia presentada por los vecinos de Valdemar¨ªn Oeste contra nueve personas que supuestamente hab¨ªan comprado terrenos poco meses antes de la recalificaci¨®n emprendida por el Ayuntamiento de Madrid. Seg¨²n los denunciantes, los compradores dispusieron de informaci¨®n previlegiada en la operaci¨®n y quienes la autorizaron, prevaricaron. Entre los denunciados estaban el marido de la ministra de Medio Ambiente, Jos¨¦ Manuel Bartolom¨¦, el alcalde de Madrid, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, y el ex consejero socialista del ¨¢rea de Urbanismo, Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado, adem¨¢s de ingenieros de caminos del extinto Ministerio de Obras P¨²blicas.El fiscal afirma que no hay prevaricaci¨®n porque la recalificaci¨®n fue adoptada por "una pluralidad de personas, t¨¦cnicos municipales y responsables pol¨ªticos [de administraciones gobernadas por el PP y el PSOE]". Circunstancia, opina el fiscal que hace "desvanecer la idea de la arbitrariedad o injusticia del acuerdo". El fiscal niega que exista tal delito en una operaci¨®n "en la que han intervenido sucesivamente 14 personas" en un "proceso reglado que ha durado m¨¢s de dos a?os".

Peritos judiciales

El Ayuntamiento de Madrid pag¨® los terrenos para hacer la M-40 con recalificaciones de suelo en parajes adyacentes y aumentos de edificabilidad.

Durante las pesquisas, el juez encarg¨® un informe a dos arquitectos para que estudiasen la zona y dictaminasen si, en su opini¨®n, exist¨ªan indicios de que estas personas hab¨ªan dispuesto de informaci¨®n previlegiada. Los peritos concluyeron que el aumento de edificabilidad fue "arbitrario e injustificado" y que el Ayuntamiento, para recalificar ese terreno, debi¨® revisar el Plan General y no utilizar la v¨ªa de la modificaci¨®n puntual.

Al respecto el fiscal se?ala: "Se ha acreditado que entre 1991 y 1995, [el Ayuntamiento de Madrid] firm¨® 277 modificaciones puntuales del plan por convenio", al igual que este caso. El ministerio p¨²blico aclara que ya en 1985, seis a?os antes de estas supuestas irregularidades, la Administraci¨®n decidi¨®, en el marco de sus atribuciones, ofrecer suelo p¨²blico para nuevas viviendas y, paralelamente, incrementar la densidad de poblaci¨®n en Valdemar¨ªn, que entonces era de cuatro habitantes por metro cuadrado cuando en cualquier otro barrio era de 400 habitantes por metro cuadrado.

El fiscal Carlos Saiz sostiene que el sistema de la compensaci¨®n, en lugar de la expropiaci¨®n, empleado por el Ayuntamiento est¨¢ "justificado "por la necesidad de acelerar el proceso para obtener" los terrenos y por el coste de la operaci¨®n: la expropiaci¨®n habr¨ªa costado al municipio "80.000 millones".

El fiscal explica: "La decisi¨®n adoptada no puede conceptuarse como arbitraria, sin perjuicio de que como en toda decisi¨®n adoptada en el ¨¢mbito de la discrecionalidad pol¨ªtica de la Administraci¨®n en materia tan compleja como el desarrollo urban¨ªstico, sea cuestionable o criticable". Y matiza: "En este procedimiento [el judicial] no nos corresponde analizar la rentabilidad o conveniencia de la decisi¨®n, sino si ¨¦sta es arbitraria e injusta y, por tanto, merecedora de reproche penal".