El precio de la discriminaci¨®n

Hace casi cinco lustros, Carolee Brady present¨® su candidatura para el puesto de directora de una revista de la US Information Agency (USIA), el organismo gubernamental que hasta el pasado a?o controlaba la informaci¨®n y propaganda de la primera potencia planetaria. Su candidatura fue rechazada con el argumento de que los jefes de USIA estaban buscando un hombre para ese puesto. Esa actitud, junto a otras centenares enmarcadas en una pol¨ªtica general de discriminaci¨®n sexista, le va a costar ahora al Gobierno norteamericano la jugosa cifra de 508 millones de d¨®lares (86.000 millones de pesetas).Tras 23 a?os de batalla legal, el Ejecutivo estadounidense acept¨® el mi¨¦rcoles pagar esa cantidad para poner punto final a la demanda iniciada en 1977 por Brady, y a la que se sumaron otras 1.100 mujeres empleadas en EE UU y todo el mundo por el organismo USIA y por la radio p¨²blica exterior Voice of America (La Voz de Am¨¦rica). Es la mayor indemnizaci¨®n jam¨¢s concedida por una empresa p¨²blica o privada en un caso de discriminaci¨®n laboral por motivos de raza o g¨¦nero sexual. El r¨¦cord precedente fue establecido por la indemnizaci¨®n de 176 millones de d¨®lares que pag¨® en 1996 la firma petrolera Texaco para terminar con una demanda presentada por 1.400 trabajadores afroamericanos.

"Jam¨¢s pens¨¦ que esto durar¨ªa tanto, pero ha valido la pena", dijo ayer Brady. La combatiente tiene ahora 52 a?os y, desencantada del periodismo, trabaja como psicoterapeuta en San Francisco. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Estados Unidos y las 1.100 mujeres demandantes establece que ¨¦stas deben repartirse a partes iguales la indemnizaci¨®n, por lo que salen a unos 460.000 d¨®lares (unos 80 millones de pesetas) por cabeza. Los honorarios de sus abogados ascienden a 12 millones de d¨®lares, pero, en virtud de la Ley sobre Derechos Civiles de 1964, tambi¨¦n ser¨¢n pagados por los contribuyentes.

Locutoras, reporteras, publicistas, productoras y t¨¦cnicas de sonido se hab¨ªan sumado a la batalla iniciada por Brady. Argumentaban que, entre 1974 y 1984, se les negaron empleos y ascensos en beneficio de compa?eros varones, sin que los jefes de USIA y Voice of America pudieran invocar verdaderas razones profesionales. Entretanto, esa emisora exterior predicaba universalmente y en decenas de idiomas que EEUU era el virtuoso modelo de democracia y derechos humanos que todo el mundo deb¨ªa imitar.

Anne Oman, que fue funcionaria del Departamento de Estado y luego colaboradora de The Washington Post y escritora de discursos presidenciales, cont¨® ayer que solicit¨® varias veces puestos de redactor y editor en Voice of America y siempre fue rechazada. "Lo grave es que ni tan siquiera me concedieron una entrevista", dijo. La rendici¨®n del Gobierno, a?adi¨® Oman, es "fant¨¢stica". "El mensaje est¨¢ claro: no discrimines a mujeres porque lo pagar¨¢s muy caro".

Otra de las demandantes, periodista y traductora, denunci¨® que perdi¨® una posibilidad de promoci¨®n porque su competidor era un hombre, aunque ¨¦ste no tuviera otro bagaje que su experiencia como vendedor ambulante de enciclopedias. Dona de Sanctis, con larga experiencia radiof¨®nica y un doctorado en periodismo, se vio relegada por el hijo var¨®n de un alto directivo de Voice of America. Para agravar el caso, el enchufado jam¨¢s fue sometido a ning¨²n examen, mientras que ella lo super¨® con creces.

"Era horroroso, los hombres iban siendo promocionados y yo me quedaba siempre atr¨¢s", dice Rose Kobylinski, de 79 a?os, que fue presentadora de un programa musical de Voice of America dirigido a la entonces comunista Polonia. Lo mismo ocurr¨ªa en Asia. La periodista Jahanare Hasan jam¨¢s pudo ingresar en el servicio para Bangladesh de la emisora porque "s¨®lo los hombres estaban autorizados a dar las noticias".

A lo largo de 23 a?os, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha opuesto a la demanda de este amplio colectivo profesional. Gan¨® una primera batalla en 1979, cuando un tribunal rechaz¨® las denuncias. Pero en 1984 otro juzgado sentenci¨® que el Gobierno era responsable de discriminaci¨®n, lo que reabri¨® la batalla. Bruce Fredrickson, el abogado que dirigi¨® el equipo de las demandantes, se?al¨® ayer que cabe extraer dos lecciones de este caso: "El coste de la discriminaci¨®n puede ser enorme, y los retrasos en aceptarla s¨®lo lo incrementan".