R¨ªos Montt desaf¨ªa a la jurisdicci¨®n espa?ola y anuncia su decisi¨®n de viajar pronto al extranjero

Dividida de nuevo Guatemala, Efra¨ªn R¨ªos Montt, ex dictador durante uno de los bienios (1982-83) m¨¢s duros de la cruenta guerra padecida por este pa¨ªs durante 36 a?os, hoy presidente del Parlamento como hombre fuerte del partido de Gobierno, afirm¨® que no piensa suspender un viaje oficial a Francia y EEUU. Ignorar¨¢, dijo, por improcedente, la decisi¨®n de un juez espa?ol de aceptar a tr¨¢mite la querella por genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detenci¨®n ilegal presentada por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Mench¨² contra tres ex presidentes y cinco ex jefes militares.

El general retirado R¨ªos Montt, l¨ªder del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), es uno de los ocho imputados. "S¨®lo le temo a Dios (...) Les estoy anunciando que probablemente viaje a Estados Unidos v¨ªa Francia", declar¨® el reo, un cristiano pentecostal de 73 a?os que gobern¨® Guatemala despu¨¦s de participar en un golpe de Estado contra el general Romeo Lucas Garc¨ªa (1978-1982). El eventual viaje, cuya fecha no precis¨®, y que la l¨®gica anticipa que no se efectuar¨¢, ser¨ªa el primero en cinco a?os, seg¨²n los registros de la Direcci¨®n General de Migraciones. El viaje ser¨ªa un riesgo para R¨ªos Montt, ya que Mench¨² reiter¨® ayer su intenci¨®n de pedir una orden internacional de captura contra ¨¦l y el resto de los inculpados.El Ejecutivo, por su parte, reaccion¨® con cautela, al menos p¨²blicamente, pero contrariado en sus reuniones internas, seg¨²n las fuentes consultadas, dispuesto a dar la batalla para impedir que prospere un proceso que incorpora una nueva preocupaci¨®n al mandato de Alfonso Portillo, ganador en diciembre pasado de las elecciones.

R¨ªos Montt, que goza de inmunidad como presidente del Congreso, y sobre quien pesan los cargos de haber aplicado una pol¨ªtica de tierra arrasada en la represi¨®n de la guerrilla, compareci¨® ante la prensa sin aparentes preocupaciones, denunciando politizaci¨®n. "No me ata?e", manifest¨® al ser preguntado por la prensa acerca del proceso incoado en su contra en Espa?a. "Que yo est¨¦ nombrado [en la denuncia] no significa que me ata?e, a m¨ª no me afecta".

La Audiencia Nacional no le parece la instancia adecuada. "Nosotros tenemos el criterio de que los delitos que se suponen nacionales tienen que ser juzgados en un tribunal nacional, y los delitos internacionales en tribunales internacionales". ?C¨®mo le afecta la decisi¨®n como presidente del Congreso? "Yo nada, yo nada. Ser¨¢n los otros tribunales los que dispongan. Yo sigo trabajando". "General, ?tuvo usted alguna relaci¨®n con los hechos que se mencionan en la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional?", inquiri¨® una informadora. "No, se?or fiscal", respondi¨® con sorna.

El grueso de la prensa escrita destac¨® en portada la decisi¨®n del juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, sin apenas comentarla, y las cadenas de televisi¨®n y radio tambi¨¦n se hicieron eco de una iniciativa que aplauden los deudos de los 200.000 muertos o desaparecidos y critican aquellos guatemaltecos, en clase media y alta fundamentalmente, convencidos de que con ella la fr¨¢gil e imperfecta democracia guatemalteca corre grave peligro, y puede verse afectada la cooperaci¨®n con Espa?a.

Los grupos de derechos humanos, movilizados otra vez, subrayan que no es posible construir un Estado de derecho sustentado en la impunidad de quienes b¨¢rbaramente lo vulneraron. Los analistas moderados piden no hurgar en las profundas heridas causadas por el conflicto concluido en 1996, no intentar sentar en el banquillo al Ej¨¦rcito, una instituci¨®n que cierra filas ante las imputaciones, porque el empe?o es in¨²til y aparejar¨¢ m¨¢s da?os que beneficios.

"Ella sabr¨¢ por qu¨¦ lo hizo"

Juan Francisco Reyes L¨®pez, vicepresidente de esta Rep¨²blica de 11 millones de habitantes, la gran mayor¨ªa ind¨ªgena o mestiza, no ocult¨® su irritaci¨®n al comentar el paso dado por Ruiz Polanco. "Como abogado s¨¦ que el derecho de petici¨®n y la presunci¨®n de inocencia son inherentes a todos los ciudadanos. Quien plantea una demanda debe aportar las pruebas. No hacerlo implica consecuencias y responsabilidades legales". Carlos Garc¨ªa Reg¨¢s, procurador general (fiscal), nada entusiasmado, dijo respetar la decisi¨®n de Mench¨² de acudir a un tribunal extranjero. "Ella sabr¨¢ por qu¨¦ lo hizo".

Julio Arango, procurador de los Derechos Humanos, un cargo de car¨¢cter estatal, sostiene que la demanda es procedente. "No se puede hablar de soberan¨ªa cuando se trata de derechos humanos". La instrucci¨®n de los casos se efectuar¨¢ probablemente entre choques pol¨ªticos porque, como primera medida, los activistas de derechos humanos preparan los tr¨¢mites para eliminar la inmunidad del general R¨ªos Montt.