El fiscal de la Audiencia Nacional pide que se archive la denuncia de Mench¨²

El fiscal de la Audiencia Nacional recurri¨® ayer el auto por el que un juez de este tribunal admiti¨® el lunes la querella de Rigoberta Mench¨² contra ocho dirigentes de las dictaduras guatemaltecas. En su recurso, el fiscal asegura que el asunto no es competencia de este tribunal, que Guatemala ha probado su voluntad de "resolver los horrores de su pasado" y que los actos denunciados pueden estar sometidos al derecho de guerra, ya que fueron cometidos durante la contienda civil. Por ello, pide que el caso sea archivado.

Hay muchas cosas que diferencian el caso de Guatemala de los que la justicia espa?ola ha emprendido tambi¨¦n contra los ex responsables de las dictaduras de Chile y de Argentina. Y una es, precisamente, que el peque?o pa¨ªs centroamericano estaba en guerra civil durante los hechos denunciados, entre 1962 y 1996. El auto del juez n¨²mero 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, "no distingue los hechos producidos en una irrefutable guerra civil a los hechos que imputa a los denunciados", afirma el fiscal en su escrito. Y eso es importante porque los primeros "son impunes al estar sometidos al principio ius in bello ".La invocaci¨®n del derecho de guerra causaba ayer "rubor" a la parte acusadora. "Si se aplicara ese principio jam¨¢s se habr¨ªa condenado a los nazis que actuaron durante la II Guerra Mundial. Pero eso ya se resolvi¨® en N¨²remberg. Es incre¨ªble que se vuelva a invocar el derecho de guerra para justificar las atrocidades", afirmaba ayer Antonio Garc¨ªa, abogado de Comisiones Obreras, personado en la acusaci¨®n, y de la premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Mench¨².

"Principio de cosa juzgada"

El fiscal alega en su recurso el "principio de cosa juzgada", y argumenta para ello los acuerdos de paz firmados en 1996 entre los dos enemigos de guerra: la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG, antigua guerrilla) y el entonces presidente, ?lvaro Arz¨². Como consecuencia de esos acuerdos, se cre¨® la Comisi¨®n para el Esclarecimiento Hist¨®rico, que iba a "determinar las responsabilidades sobre la violencia institucional", y se aprob¨® la Ley de Reconciliaci¨®n Nacional. Por ello, el fiscal cree que esto "confirma la voluntad de Guatemala de resolver los horrores de su pasado". "No hace falta desenterrar la vieja f¨®rmula de Fiat justitia et pereat mundus ", contin¨²a el fiscal.

En este punto, la parte acusadora asegura que el principio de cosa juzgada s¨®lo es posible cuando hay "una resoluci¨®n firme". "Confundir unos acuerdos de paz con una resoluci¨®n firme es sonrojante", afirma el abogado.

El asalto a la Embajada de Espa?a en Guatemala, que el 31 de enero de 1980 provoc¨® la muerte de 37 personas, entre ellas dos espa?oles, est¨¢ ampliamente documentado en la querella de Rigoberta Mench¨² y es tambi¨¦n objeto de recurso por parte del fiscal. ?ste afirma: "Nuestro ordenamiento jur¨ªdico no regula a las embajadas como territorio espa?ol en el extranjero; en cambio, s¨ª lo hace respecto a buques o aeronaves espa?olas". En este cap¨ªtulo, adem¨¢s, el fiscal considera que las "diferencias" desatadas entre Espa?a y Guatemala, que rompieron relaciones diplom¨¢ticas tras el asalto, quedaron "resueltas mediante el llamado Comunicado Conjunto ".

Por todo ello, el fiscal mantiene "la falta de competencia para la instrucci¨®n y enjuiciamiento" de los delitos denunciados y pide al juez que revoque su auto del lunes, que dicte otro en el que se declare "la falta de jurisdicci¨®n" y que se archiven las actuaciones.

"Este recurso es temerario porque tiene mala fe procesal", asegur¨® ayer a este peri¨®dico el abogado de Mench¨². "No est¨¢ fundado, no aporta ning¨²n hecho nuevo, ning¨²n argumento s¨®lido y creemos que hay mala fe procesal". Una vez transmitido a las partes, y despu¨¦s de que el juez lo haya desestimado, como es previsible, el recurso del fiscal ser¨¢ debatido por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Su marcha judicial no paraliza la investigaci¨®n iniciada por el juez Ruiz Polanco, que el lunes dio un plazo de 10 d¨ªas a las partes para proponer las "diligencias de pruebas que estimen convenientes".