Ahora, Guatemala

La admisi¨®n a tr¨¢mite por el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco de la denuncia presentada por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Mench¨² contra tres ex dictadores y cinco altos mandos militares guatemaltecos, por los delitos de genocidio (exterminio del pueblo maya), tortura, terrorismo, asesinato y detenci¨®n ilegal, es la primera consecuencia de esa especie de globalizaci¨®n judicial abierta por el caso Pinochet. A pesar de su frustrante desenlace, ese caso ha reforzado el principio de justicia universal para los cr¨ªmenes contra la humanidad, cuarteado la coraza de impunidad tras la que se resguardan sus autores y devuelto la esperanza a las v¨ªctimas.En la responsabilidad que asume la justicia espa?ola resulta irrelevante que entre las v¨ªctimas existan varios ciudadanos de nacionalidad espa?ola o que se violara la extraterritorialidad de la Embajada de Espa?a en Guatemala durante el asalto policial que caus¨® 37 muertos en 1981. Se trata de una aplicaci¨®n del principio constitucional que proclama el derecho de "todas las personas" a la tutela judicial efectiva frente al supuesto de cr¨ªmenes contra la humanidad, para los que la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial estableci¨® la jurisdicci¨®n universal.

Como se?ala el juez, los denunciantes no han acudido a la Audiencia Nacional "por capricho o frivolidad", sino porque los tribunales de Guatemala no pueden otorgarles la tutela que demandan. De ah¨ª que la jurisdicci¨®n guatemalteca, preferente en principio, deba "ser suplida por tribunales que -como los espa?oles- sustentan la extraterritorialidad de su jurisdicci¨®n en el principio legal de persecuci¨®n universal de delitos gravemente atentatorios contra los derechos humanos".

No hay que ocultar que, como ha sucedido con Chile a ra¨ªz del caso Pinochet, el ejercicio de la justicia universal puede tener un alto coste en t¨¦rminos diplom¨¢ticos. Los gobernantes de los pa¨ªses afectados tienden a rechazar, con argumentos o pretextos diversos, el hecho de que tribunales de otros pa¨ªses enjuicien lo que los suyos son incapaces de practicar. Espa?a debe estar dispuesta a pagar ese precio. La apuesta por los principios casi siempre implica un coste, pero la experiencia indica que s¨®lo asumi¨¦ndolos avanza la causa de los derechos humanos.

Es posible que ese precio sea menor o desaparezca con el futuro Tribunal Penal Internacional. Pero no hay visos de que esa instancia vaya a funcionar en un plazo corto. El caso Pinochet y la denuncia de Mench¨² deber¨ªan servir al menos para que Espa?a impulse con firmeza su puesta en funcionamiento, ratificando cuanto antes el estatuto de su creaci¨®n.