El juicio contra el rector de la URV pone en cuesti¨®n la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica de Pujol Los rectores catalanes y la Generalitat mantienen su respaldo a la actuaci¨®n del imputado

El juicio oral abierto contra el rector de la Universidad Rovira i Virgili (URV), de Tarragona, Llu¨ªs Arola, por un presunto delito de prevaricaci¨®n al sancionar a una profesora que reparti¨® ex¨¢menes de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU) en castellano, puede tener importantes repercusiones sobre los modelos y pr¨¢cticas ling¨¹¨ªsticas desarrolladas por el Gobierno de Jordi Pujol. Como en esta ocasi¨®n, cada vez que en reglamentos y resoluciones se intenta aplicar una discriminaci¨®n negativa respecto al castellano se entra en colisi¨®n con los derechos individuales protegidos por la Constituci¨®n.

El rector Llu¨ªs Arola apart¨® de la vigilancia y correcci¨®n de las pruebas de selectividad del a?o 1999 a Josefina Albert, profesora de Gram¨¢tica Espa?ola, argumentando que, por decisi¨®n propia y en contra del reglamento de la Generalitat sobre las pruebas de selectividad, hab¨ªa proporcionado ex¨¢menes en castellano a los alumnos de la anterior convocatoria. La profesora niega esta versi¨®n.Albert no fue la ¨²nica sancionada, otro tanto le sucedi¨® al profesor Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez, que se dirigi¨® al Defensor del Pueblo para consultarle sobre la legalidad del citado reglamento. Fern¨¢ndez fue sancionado por no haber solventado sus dudas en el ¨¢mbito interno de la URV antes de recurrir a una instituci¨®n ajena a la misma. El Defensor del Pueblo, sin embargo, tampoco pudo responder a este profesor alegando que la URV no le hab¨ªa remitido la informaci¨®n requerida. Fern¨¢ndez no acudi¨® a los tribunales para denunciar al rector, lo que s¨ª hizo Albert, representada por un abogado de la plataforma Convivencia C¨ªvica Catalana (CCC) presidida por el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras.

Ya el pasado mes de octubre, durante la inauguraci¨®n oficial del curso acad¨¦mico de las universidades catalanas, que se celebr¨® precisamente en Tarragona, el rector Arola se quej¨® amargamente en su discurso ante el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de la falta de apoyo de las instituciones catalanas ante la demanda judicial que sobre ¨¦l pend¨ªa. Desde entonces hasta ahora, la respuesta de la Administraci¨®n a sus quejas ha sido muy limitada. Incluso la nota del Consejo Interuniversitario de Catalu?a, firmada por todos los rectores y el comisionado Andreu Mas-Colell, se limita a "remarcar" que el nombramiento de los miembros de los tribunales para las PAAU de 1999 "se hizo de acuerdo con las normas" y a expresar su "convencimento" de que la actuaci¨®n del rector de la URV "en el ejercicio de las competencias que le otorga la legislaci¨®n vigente sobre la materia, fue correcta".

El Comisionado para Universidades de la Generalitat fue algo m¨¢s vehemente en la nota hecha p¨²blica el pasado 25 de febrero. Tras expresar su "confianza en las instancias jur¨ªdicas pertinentes" hizo constar su "perplejidad e inquietud" por el hecho de que un asunto con un "trasfondo ling¨¹¨ªstico" haya sido objeto de una denuncia penal. Tras expresar su apoyo a Arola, el Comisionado denuncia la existencia de una campa?a en este sentido en todas las universidades catalanas.

El problema de los reglamentos que se amparan en la nueva legislaci¨®n de la Generalitat en materia ling¨¹¨ªstica es que, a menudo, hacen abstracci¨®n de la realidad jur¨ªdica estatal abriendo el camino a que entidades como la presidida por Vidal-Quadras acudan a los tribunales.

Convivencia C¨ªvica Catalana tambi¨¦n ha recurrido el reglamento de usos ling¨¹¨ªsticos de la URV ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, forzando la paralizaci¨®n de su desarrollo. El citado reglamento establece, entre otras cosas, la necesidad de que los catedr¨¢ticos y profesores titulares demuestren un determinado nivel de catal¨¢n, especificando incluso una serie de plazos para que aprendan el idioma. Lo cierto, sin embargo, es que son plazas de funcionario estatales, convocadas en el Bolet¨ªn Oficial del Estado y sujetas a los reglamentos y leyes del ministerio, entre los que no figura la cuesti¨®n ling¨¹¨ªstica.

Ayer, tanto los rectores catalanes como el comisionado Mas-Colell, se limitaron a referirse a las notas antes mencionadas emitidas en los ¨²ltimos d¨ªas. El mismo silencio expectante se detectaba en la Administraci¨®n catalana. El consejero de Cultura Jordi Vilajoana, se limit¨® a decir que "no comenta asuntos que est¨¢n en proceso judicial". Sin embargo, Josep Mill¨¤s presidente de Omnium Cultural, instituci¨®n de car¨¢cter nacionalista, identificada con CiU, aunque justificaba la actitud del rector de la URV recordando a este peri¨®dico que "a nivel constitucional y estatutario, el catal¨¢n y el castellano son lenguas oficiales en Catalu?a" y que "la lengua catalana ha sido hist¨®ricamente perseguida", reconoc¨ªa que "bas¨¢ndose en fundamentos jur¨ªdicos se puede condenar la actitud del rector".

Los ex¨¢menes de selectividad se reparten s¨®lo en catal¨¢n

Las respuestas de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU) se pueden contestar en Catalu?a indistintamente en catal¨¢n o en castellano, sin que el alumno tenga que dar raz¨®n alguna. El 71,7% de los alumnos escogi¨® el catal¨¢n en la pasada convocatoria. Su uso ha crecido 16 puntos desde 1992, cuando fue utilizado por el 55,3% del alumnado.

La resoluci¨®n de 1997 de la Generalitat sobre la organizaci¨®n de las PAAU se limita a dictaminar, en su apartado 9, que la Comisi¨®n Coordinadora "editar¨¢ los enunciados de los ex¨¢menes en catal¨¢n". Y a?ade: "En cualquier caso, se tomar¨¢n las medidas necesarias para garantizar que no se lesionen los derechos de los alumnos".

Las directrices de la Administraci¨®n educativa indican que se debe asegurar que existan en cada aula copias del examen en catal¨¢n y castellano. Sin embargo, a la hora de entregar la prueba a los alumnos s¨®lo se debe repartir la copia en catal¨¢n. Si el alumno no entiende el contenido puede pedir que se le explique y, si definitivamente no lo comprende, se le debe proporcionar una copia en castellano.

Aunque ¨¦ste es el primer conflicto serio que ha surgido en muchos a?os, lo cierto es que la cuesti¨®n del idioma en la selectividad lleva mucho tiempo levantando suspicacias y provocando situaciones conflictivas, puesto que est¨¢ en manos de los rectores de las universidades y, en ¨²ltimo caso, de los profesores que vigilan las aulas. Fuentes de la Administraci¨®n catalana reconocen que determinadas universidades "esconden" deliberadamente los ex¨¢menes en castellano, y que ha habido que enviar urgentemente furgonetas con m¨¢s copias para no ser pillados en falta.

Arola mantiene silencio

Miquel Prats, decano de la facultad de Jur¨ªdicas de la Universitat Rovira i Virgili, fue el encargado ayer de comentar el auto de apertura de juicio oral contra el rector Llu¨ªs Arola y el coordinador de las pruebas de selectividad, Joan Igual, ante el silencio que prefirieron guardar los acusados, informa Lali Cambra.

Prats coincidi¨® con los defensores de Arola, seg¨²n los cuales ¨¦ste cumpli¨® la legalidad, y record¨® que la selecci¨®n de profesores para los tribunales de correcci¨®n se realiza por designaci¨®n "como en el resto de universidades". Prats cree acertada la decisi¨®n de apartar de las pruebas a los dos profesores "que se equivocaron en las jornadas de los ex¨¢menes" y considera que, sobre la constitucionalidad de las pruebas de acceso, la universidad no tiene por qu¨¦ pronunciarse "cuando la obligaci¨®n de la universidad es aplicar la normativa, por lo que es sorprendente que un juez tilde de inconstitucional que se apliquen las normas vigentes".